TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro
Tucupita, 5 de Diciembre de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2006-000977
ASUNTO : YP01-P-2006-000977

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABOG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.

SECRETARIA: ABOG. DIYIRA YIBIRIN

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

FISCAL: DR. CARLOS HUMBERTO GOMEZ, Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita

Recibido como fuera por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, solicitud de Medida de Protección de conformidad con lo previsto en el artículo 120 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con lo dispuesto en el artículo 119 ordinal 1° ejusdem, y artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, procedente de la Fiscalia Superior del Ministerio Público; en virtud de que la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.392.340, se dirigió a la Unidad de Protección a la victima de este Estado, solicitando protección para ella, su grupo familiar y el grupo de trabajadores que laboran en el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria de esta ciudad (SASA) manifestando que debido a una experticia que le fuera solicitada por la Guardia Nacional, según oficio Nro. CVC-DVF911-SIP-1735, emanado de dicho Institución, con la finalidad de que el organismo bajo su responsabilidad practicara una experticia a unos semovientes bufalino, los cuales se encuentran retenidos en el muelle de ese Comando, por uno de los delitos previstos en la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, manifestando igualmente, que el día veintiuno (21) de Noviembre del año dos mil seis (2006), aproximadamente a las cuatro y cuarenta y un minutos de la tarde (04:41 p.m.) se presentaron a la sede de la dependencia a su cargo, los ciudadanos JHONNY MENDOZA y JOSE LIRA, y le dijo de manera intimidatorio que debía buscarse un abogado para que se defendiera, el señor JOSE JESÚS BRAVO, quien practico la experticia de los semovientes, porque la tramoya que ella había armado contra la experticia realizada anteriormente se le había descubierto , manifestando igualmente que ellos habían dejado un (01) CD, unos afiches del ciudadano Presidente de la república, y me dijeron que eso se lo mandaba el partido, así mismo le dijeron que escuchara la radio el día veintidós (22) de Noviembre del año dos mil seis (2006), donde iban a decir todo lo que estaba pasando, de igual manera señalo la ciudadana que por ante la Fiscalia Segunda del Ministerio Público cursa, una causa signada con el Nro. 10F02-0653-2006.
Acompaño el Fiscal Superior del Ministerio Público a la presente solicitud de protección, los siguientes recaudos, acta de entrevista realizada a la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nro. V- 05.392.340, en fecha veintidós (22) de Noviembre del año dos mil seis (2006), la cual fue practicada de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la que se deja constancia de la comparecencia que realizará la mencionada ciudadana exponiendo ante a Unidad de Atención a la víctima, las razones que la llevaron a solicitar la medida de protección para ella y su grupo familiar. Así como acta levantada con motivo de la comparecencia que igualmente realizará la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, por ante la Unidad de Protección a la víctima, en fecha veintidós (22) de Noviembre del año dos mil seis (2006), en la cual se deja constancia de la exposición realizada por la ciudadana antes mencionada.

Este tribunal a los fines de decidir en relación a la solicitud presentada por el Fiscal del Ministerio Público, verifica las normas que regulan esta materia especial:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable...(omissis)…
Artículo 44. La libertad personal es inviolable…(omissis)…
Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...(omissis)
Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes... (omissis)...Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.

Ley de Protección a las Víctimas, testigos y demás Sujetos Procesales.-

Artículo 2. Son competentes para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio Público y los tribunales respectivos.
Medidas
Artículo 3. Las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de la misma. Las medidas podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas.
Destinatarios de la protección
Artículo 4. Son destinatarios de la protección prevista en esta Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese proceso.
Las medidas de protección pueden extenderse a los familiares, por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter afectivo, con quienes se señalan en el párrafo anterior, así lo requieran.
Capítulo III
Medidas de Protección
Fundamento para la solicitud de las medidas de protección
Artículo 17. Las medidas a las que se refiere la presente Ley serán solicitadas por el Ministerio Público, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, previo análisis de los siguientes aspectos:
• La presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad de una persona, a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal.
• La viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección.
• La adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.
• El i nterés público en la investigación y en el juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social; o la validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente.
Clases de medidas de protección
Artículo 20. Las medidas de protección a las que se refiere esta Ley son extraproceso e intraproceso.
Medidas de protección extraproceso
Artículo 21. Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, consistirán en:
• La custodia personal o residencial, bien mediante la vigilancia directa o a través de otras medidas de seguridad, incluso en la residencia de la víctima del delito o sujeto protegido o protegida según sea el caso.
• El alojamiento temporal en lugares reservados o centros de protección.
• El cambio de residencia.
• El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.
• La asistencia para la reinserción laboral.
• El cambio de identidad consistente en el suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto, a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.
• Ordenar al victimario o victimaria, imputado o imputada, o acusado o acusada a abstenerse de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, testigo o demás sujetos procesales.
• Ordenar al victimario o victimaria, imputado o imputada, acusado o acusada, entregar a los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, con carácter temporal, con la suspensión del permiso de porte de arma respectivo, cualquier arma de fuego que posea, cuando a juicio de las autoridades de aplicación dicha arma de fuego pueda ser utilizada por el victimario o victimaria, imputado o imputada o acusado o acusada, para causarle daño a algún sujeto procesal u otra persona que intervenga en el proceso penal.
• Cualquier otra medida aconsejable para la protección de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, de conformidad con las leyes de la República.

Revisando las normas que regulan esta materia podemos observar que nuestra Constitución, garantiza el derecho que tenemos todos los venezolanos a solicitar por ante los órganos competentes esa seguridad y protección de su integridad personal, y siendo este un deber ineludible de toda autoridad dar cumplimiento a las premisas constitucionales y garantizadoras de los derechos humanos, sobre todo, ante situaciones de amenaza, vulnerabilidad, o riesgo para la integridad física de las personas, y el estado esta en la obligación de garantizarlo, a través de los órganos con competencia para ello, es por lo que esta juzgadora dando cumplimiento a las normas constitucionales, en la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos que residen en la República Bolivariana de Venezuela atendiendo a los principios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad la procedencia de las medidas conducentes a garantizar la integridad de la víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

Nuestra constitución estableció este derecho que debe ser garantizado por los órganos, específicamente en el artículo 46 de la Carta Magna, el derecho a la integridad física, este derecho fue ampliado en una de las normas novedosas, recientemente sancionados como es la Ley de Protección a la víctima, Testigos y demás sujetos procesales; por lo que atendiendo a los valores superiores que orientan el actuar del Estado así como sus fines esenciales, esto es, la libertad, la justicia, la igualdad, el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y, en general, la preeminencia de los derechos humanos y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados por el legislador patrio, se impone precisar algunos particulares atinentes al régimen general de tales derechos y de las garantías constitucionales.

De igual manera establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho de acceso a la Justicia o garantía judicial, de conformidad con el cual se destaca el derecho de toda persona de acceder a los órganos de administración de Justicia para la protección de sus derechos e intereses y a la tutela efectiva de los mismos, y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Incorpora, de igual manera, esta disposición el derecho a la tutela judicial efectiva, además de establecer los principios generales del sistema judicial cuando precisa “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Ahora bien, la nueva Ley de protección a la víctima, testigos y demás sujetos del proceso, prevé entre los objetivos la protección a los demás sujetos procesales, siendo que en la presente solicitud, se observa que la solicitante, es la encargada de una oficina del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, institución esta que tuvo bajo su responsabilidad la elaboración de una experticia para una causa penal, considera, quien aquí decide, que nos encontramos ante uno de los sujetos procesales, descritos en el artículo 4 de esta novedosa Ley, lo que le confiere un tratamiento particular en cuanto a sus facultades, puntualizando entre los derechos que le asisten el de solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

Como se desprende de las actas que conforman la presente solicitud la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, ha manifestado que ha sido amenazada de manera directa por los ciudadanos JHONNY MENDOZA y JOSE LIRA, este juzgadora considera que es procedente la solicitud que formulara la ciudadana por ante la Oficina de Atención a la víctima y que fuera elevada a este órgano jurisdiccional, por el Fiscal Superior del Ministerio Público, aunado a la normativa constitucional y legal ut supra referida, este Tribunal de primera instancia en función de control, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 334, encabezamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se pronuncia respecto de la solicitud presentada en los términos siguientes; artículos 2. 4,7 y 21 de la Ley de protección a la víctima, testigos y demás sujetos procesales. atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad se estima conveniente e imperioso adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad física de la ciudadana antes identificada, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con el artículo 21 de la Ley de Protección a la Víctima, testigos y demás sujetos procesales, y al efecto se acuerda como medida de protección contra probables agresiones o atentados, la vigilancia o custodia de la residencia de la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nro. V- 05.392.340, ubicada en Residencias San Clemente, piso, 02, apartamento 2C, Tucupita, Estado Delta Amacuro, así como de lugar de trabajo, Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, ubicado en el Paseo Manano, adyacente a la Bomba de servicio. De la ejecución de este mandato se designa a la Policial del estado Delta Amacuro, debiendo informar esta Institución Policial tanto a este órgano jurisdiccional como a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, debiendo igualmente informar, con una periodicidad de cada quince (15) días, acerca del cumplimiento de tal orden y cualquier eventualidad; y de presentarse algún suceso que pueda ser conducido a un esquema de delito, se seguirán los canales o procedimientos regulares previstos por la normativa imperante. Resultan, por tanto, suficientes y ajustadas a derecho las medidas impuestas a los fines de brindar protección a la ciudadana ENEIDA JOSEFINA CAMPOS, así como a su grupo familiar, ante posibles atentados contra su integridad física, toda vez que la vigilancia policial en su residencia y lugar de trabajo coadyuvará en gran medida al retorno de la tranquilidad a la ciudadana en cuestión al contar con la colaboración de efectivos policiales quienes con su presencia concretarán una labor preventiva en cuanto a potenciales y futuras agresiones a esta ciudadana y a su grupo familiar.
En este orden de ideas, se acuerda, igualmente, oficiar al Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado delta Amacuro, informándole de la medida que fuera acordada en este cuerpo decisorio, de igual modo, se acuerda remitir las actuaciones correspondientes a la presente solicitud de protección a la víctima, en su oportunidad legal, al despacho de la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Y ASI SE DECLARA.-