TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 18 de Septiembre de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2006-000694
ASUNTO : YP01-P-2006-000694

Corresponde a este Tribunal fundamentar de conformidad con el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión pronunciada en el presente asunto en fecha 02 de septiembre de 2006, seguido al ciudadano LEONEL HERNANDEZ, a tal efecto este Juzgador motiva su auto así:

I
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO

1.- LEONEL HERNANDEZ FIGUERA, venezolano, de 33 años de edad, titular de la cédula de identidad número: 11.205.926, domiciliado en San Rafael, Sector Bello Campo, Calle 1, No. 4, de oficio Tapicero.

II
DESCRIPCIÓN DEL HECHO IMPUTADO

El Representante del Ministerio Público, le imputo al arriba mencionado ciudadano lo siguiente:

“El Ministerio Público presenta y pone a la orden de este Tribunal de Control al ciudadano LEONEL HERNANDEZ FIGUERA, venezolano, titular de la cédula de identidad número: 11.205.926, plenamente identificado en autos, por cuanto el mismo fue aprehendido por habitantes del sector de la Calle magisterio luego de atracar a una persona LIRA PROVIDENCIA DEL CARMEN, en fecha 30 de Agosto 2006, presentándose funcionarios adscritos a la Policía del Estado Delta Amacuro, siendo aproximadamente las 8:00 de la noche, y se detiene y se encuentran dos carteras con siete cedulas, 1.700.000, oo Bs en la primera cartera y en la segunda cartera 5.00.000, oo Bs. Razón por la cual fue impuesto de sus derechos como imputado establecidos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta Fiscalia precalifica los hechos como los delitos de ROBO A MANO ARMADA previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano en perjuicio de la ciudadana LIRA RODRIGUEZ PROVIDENCIA y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto en el artículo 277 ejusdem, en perjuicio del Estado Venezolano. Ahora bien, ciudadano Juez de todas las actas que conforman la presente causa se evidencia que nos encontramos en presencia de un hecho punible de acción pública, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, razón por la cual es opinión de esta Representación Fiscal y así lo solicita le sea aplicada al imputado una Medida Privativa de libertad de las establecidas en el artículo 250, 251, 252 numeral 2do, del Código Orgánico Procesal Penal, solicito que la presente causa sea tramitada por la vía del Procedimiento Ordinario y sean devueltas las presentes actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público a los fines de continuar con las investigaciones. Es todo”.

III
RAZONES POR LAS CUALES ESTE JUZGADOR ESTIMA QUE SE ENCUENTRAN LLENOS LOS REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 250, 251 Y 252 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

Del análisis de las actas procesales que conforman el presente asunto, observa este Juzgador que se encuentra suficientemente acreditada la existencia de un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita y que además merece pena privativa de libertad, como lo es el delito precalificado jurídicamente por el Fiscal de ROBO A MANO ARMADA Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal, en agravio de la ciudadana Providencia del Carmen Lira.

La materialidad de estos delitos se encuentra con la existencia de los siguientes elementos:

1.- Con el acta de investigación penal, de fecha 31 de agosto de 2006, suscrita por el funcionario ACOSTA RIVAS DAVID, adscrito a la Sub Delegación Tucupita del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas.

2.- Con el acta Policial de fecha 30 de agosto de 2006, suscrita por el funcionario López Argelio, adscrito a la Policía Municipal de Tucupita. (Folio 03).

3.- Con el acta de entrevista de fecha 31 de agosto de 2006, tomada a la ciudadana LIRA DE RODRÍGUEZ PROVIDENCIA DEL CARMEN, por ante la Sub Delegación Tucupita del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. (Folio 09).

4.- Con el acta de reconocimiento legal N° 087, de fecha 31 de agosto de 2006, suscrita por el funcionario JIMMY CHARRIA, adscrito a la Sub Delegación Tucupita del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. (Folio 13).

5.- Con el acta de Inspección N° 337, de fecha 31 de agosto de 2006, suscrita por los funcionarios JIMMY CHARRIA y DAVID ACOSTA, adscritos a la Sub Delegación Tucupita del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. (Folio 16).

Comprobado el cuerpo del delito, pasa este Juzgador de Control a señalar los elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal del imputado LEONEL HERNANDEZ FIGUERA, en la comisión del los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal vigente, tales elementos son los siguientes:

1.- Con el acta Policial de fecha 30 de agosto de 2006, suscrita por el funcionario López Argelio, adscrito a la Policía Municipal de Tucupita. (Folio 03).

2.- Con el acta de entrevista de fecha 31 de agosto de 2006, tomada a la ciudadana LIRA DE RODRÍGUEZ PROVIDENCIA DEL CARMEN, por ante la Sub Delegación Tucupita del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. (Folio 09).

En este orden de ideas, pasa de seguidas este Juzgador, a indicar las razones, por las cuales considera que existe en el presente caso peligro de fuga y de obstaculización.

En primer lugar no se encuentra el imputado con arraigo en este Estado, siendo que es insuficiente la dirección aportada.

Igualmente se presume la fuga por la mala conducta predelictual del imputado y además por la penalidad que pudiera llegar a imponerse.

Finalmente existe a juicio de este Sentenciador peligro de obstaculización, por cuanto, existe la grave sospecha de que el imputado interfiera en la investigación que debe instruir el Representante del Ministerio Público, haciendo que testigos, expertos y funcionarios se comporten de manera desleal en la investigación, haciendo nugatoria la administración de justicia.

Con estas consideraciones de hecho y de derecho, queda motivada la decisión pronunciada en fecha 02 de septiembre de 2006, la cual debido al receso judicial, comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre no pudo ser motivada dentro de los tres días de pronunciada