TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 06 de Junio de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2005-001312
ASUNTO : YP01-P-2005-001312

Juez Abg. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Secretario: ABG. JAVIER ALVAREZ OLIVO
IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
Fiscal: Abg. DR. NOEL ANTONIO RIVAS ACOSTA, Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.

Victima: ESTADO VENEZOLANO
Defensora Pública: Dra. MARIA BELEN LOPEZ, Defensora Pública Primera Penal de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.

Imputado: ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, venezolano, nacido en fecha 02-11-1982, de 26 años de edad, de estado civil soltero, residenciado en la calle Amacuro, casa Nro. 09, al lado del señor Luis Rincones, Tucupita, Estado Delta Amacuro, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16214.623.

Delito: POSESION de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, LESIONES INTENCIONALES PERSONALES MENOS GRAVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 415 y 218 ambos del Código Penal Venezolano.

Visto el escrito presentado por la abogada defensora pública primera penal, Dra. María Bele´n López, en su carácter de defensora del ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, venezolano, nacido en fecha 02-11-1982, de 26 años de edad, de estado civil soltero, residenciado en la calle Amacuro, casa Nro. 09, al lado del señor Luis Rincones, Tucupita, Estado Delta Amacuro, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16214.623, mediante el cual solicita el archivo de las actuaciones y el cese de la medida de coerción personal que pesa sobre su defendido, en virtud de que le Fiscal del Ministerio Público, en fecha doce (12) de Agosto del año dos mil seis (2006), se le venció el plazo prudencial para presentar el acto conclusivo en el presente asunto y no haber solicitado prorroga alguna.

DE LA CAUSA

En fecha cinco (05) de Mayo del año dos mil tres (2003), se recibió por ante este Juzgado actuaciones con detenidos, y se fijo audiencia de presentación conforme a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, para el día seis (06) de mayo del año dos mil tres (2003), en la cual, una vez oídas las partes se acordó la continuación de la presente causa por la vía del procedimiento ordinario, y se le impuso al ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, venezolano, nacido en fecha 02-11-1982, de 26 años de edad, de estado civil soltero, residenciado en la calle Amacuro, casa Nro. 09, al lado del señor Luis Rincones, Tucupita, Estado Delta Amacuro, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16214.623, medidas cautelares sustitutivas de libertad de las contenidas en el artículo 256 numeral 3 de la norma adjetiva penal.

En fecha dieciséis (16) de Mayo del año dos mil tres (2003), se remitieron las actuaciones a la Fiscalía Auxiliar Primera del Ministerio Público, con la finalidad de que concluyera la investigación y presentara el acto conclusivo correspondiente.

El día trece (13) de Marzo del año dos mil seis (2006), la defensora pública primera penal, mediante escrito presentado ante este Juzgado solicita se le fije un plazo prudencial al Fiscal del Ministerio Público, para que presente el respectivo acto conclusivo, por lo que se fijo conforme a lo previsto en el artículo 313 una audiencia especial para oír a las partes, en estricto cumplimiento de las principios que rigen este actual proceso, para el día treinta (30) de marzo del año dos mil seis (2006), fecha en la no se realizó la referida audiencia, por la ausencia del imputado, fijándose nueva oportunidad de celebración de la referida audiencia para el día dos (02) de Mayo del año dos mil seis (2006), a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), por la incomparecencia del imputado, fijándose nueva fecha para el día dieciséis (16) de mayo del año dos mil seis (2006), a las diez horas con treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.). tampoco en esta oportunidad se lleva acabo por la incomparecencia del imputado, y se fija nueva oportunidad para el día doce (12) de Junio del año dos mil seis (2006), en esta fecha se lleva a cabo la referida audiencia, se observa que en las oportunidades en que fue diferida la celebración de la audiencia por incomparecencia del imputado, el tribunal no libro la citación por cuanto no contaba con la dirección del imputado, ya que la causa principal había sido remitida al Ministerio Público, y se estaba fijando la audiencia con unas actuaciones complementarias en las cuales no constaba la dirección del imputado, por lo que se le solicitaba al Fiscal que en las boletas de notificaciones para la referida audiencia que citará al imputado ciudadano ARLIN RAMON MEZ, lo cual se verifico en fecha doce (12) de Junio del año dos mil seis (2006).

Se realizo la referida audiencia, y se le fijo al Fiscal del Ministerio Público, un lapso de sesenta (60) días, continuos, los cuales vencían el día doce (12) de Agosto del año dos mil seis (2006).

En fecha treinta (30) de Abril del año dos mil ocho (2008), la defensora pública primera penal, presento escrito solicitando el archivo de las actuaciones.

Se aprecia que desde la data correspondiente al fallo hasta el día de hoy, seis (06) de Junio del año dos mil ocho (2008), han transcurrido más del lapso que se le fijo en la audiencia especial, prevista en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y se ha superado, por demás, los treinta (30) días siguientes al vencimiento a dicho plazo, a los cuales se contrajera la norma indicada, sin que el Fiscal del Ministerio Público haya presentado acusación o haya solicitado el sobreseimiento en la presente causa.

Nuestra normativa legal vigente establece normas que garantizan los derecho humanos los cuales se encuentran en convenios y contratos, sucritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no solo han sido plasmados en nuestra Carta Magna, sino que se observan en todo el compendio de leyes que rigen los diversos procesos, entre ellos se encuentran los relativos a la duración del proceso penal, y se especifica el tiempo de duración de cada una de las fases en las cuales se desarrollan este proceso, penal, y debe ser así ya que nuestra Carta Magna en su artículo 257, establece que los procesos serán breves, así que esta norma, ha sido desarrollada en todas las normas del proceso, específicamente, en el Código Orgánico Procesal Penal, en los lapsos que se le han establecido al representante del Ministerio Público, para la investigación, en los casos de las personas que son juzgadas en libertad, en los artículos 313 y 314 de la norma adjetiva penal a saber:

“Artículo 313. Duración. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera.
Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación.
Para la fijación de este plazo, el Juez deberá oír al Ministerio Público y al imputado y tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.”

“Artículo 314. Prórroga. Vencido el plazo fijado, de conformidad con el artículo anterior, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga. Vencida ésta, dentro de los treinta días siguientes, deberá presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento.
La decisión que niegue la prórroga solicitada por el Fiscal podrá ser apelada.
Si vencidos los plazos que le hubieren sido fijados, el Fiscal del Ministerio Público no presentare acusación ni solicitare sobreseimiento de la causa, el Juez decretará el archivo de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medida de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. La investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Juez”

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y que las leyes procesales “…establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público…”, consagrando, a su vez, en el artículo 26 la garantía de una Justicia “…gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas…”, por tanto, estas frases de rango constitucional denotan la brevedad así como la necesaria y racional limitación temporal de todo proceso, lo que se reafirma con la consagración expresa que del derecho civil al debido proceso se hace en el artículo 49 numeral 3 del Texto Fundamental, norma que reza: “…Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad…”, resultando de especial connotación y atención por parte de los operadores de la Justicia, las nociones de dilación indebida, plazo razonable, proceso breve y juicio justo. Por tanto, el Estado asume el deber de satisfacer el derecho fundamental que asiste a toda persona a un proceso breve, justo y sin dilaciones indebidas, derecho que puede ser ejercido y exigido en los términos legales, y que encuentra, además, asidero jurídico en instrumentos internacionales, verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, numeral 3, literal c: “…toda persona acusada de un delito tendrá derecho…a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8, numeral 1 “…toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”).

Así las cosas, aprecia esta Juzgadora que en la causa seguida al ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, la investigación se ha prolongado de manera considerable en el tiempo, toda vez que desde el día seis (06) de Mayo del año dos mil tres (2003), oportunidad en la que se realizó la audiencia de presentación del aprehendido, hasta el día de hoy, han transcurrido cinco (05) años, y un (01) mes, y desde la fecha en que este Tribunal de Primera Instancia en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, fijó al representante de la Vindicta Pública un plazo de dos (02) meses para arribar al acto conclusivo, esto es, solicitud de sobreseimiento o presentación de acusación, hasta los corrientes, ha transcurrido un lapso de tiempo de un (01), once (11) meses y veinticuatro (24) días, evidenciándose inacción por parte del titular de la acción penal, pues no cursa a los autos, acto conclusivo alguno; situación que va en detrimento de los derechos y garantías procesales cuya vigencia, estricta observancia y cumplimiento son función encomendada a esta Juzgadora de conformidad con exigencias de índole constitucional y legal.

Siendo que la extensión en el tiempo de la averiguación seguida al ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, le causa serio perjuicio y vulnera derechos y principios que rigen el proceso, los cuales en un sistema garantista se constituyen en pilares de insoslayable acatamiento, esta Juzgadora, en atención a las disposiciones legales ut supra indicadas y analizadas exhaustivamente las circunstancias particulares del caso que denotan el agotamiento en demasía del lapso de tiempo fijado al Fiscal del Ministerio Público y la inacción de parte de este funcionario a los fines de dar fin a la fase de investigación, en definitiva, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES correspondientes a la investigación seguida al ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, venezolano, nacido en fecha 02-11-1982, de 26 años de edad, de estado civil soltero, residenciado en la calle Amacuro, casa Nro. 09, al lado del señor Luis Rincones, Tucupita, Estado Delta Amacuro, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16214.623, en la causa signada con el Nro. YP01-P-2005-001312, de conformidad con lo previsto en el último aparte del ya indicado artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, comportando tal pronunciamiento, de conformidad con dicha disposición legal, el CESE inmediato de cualquier medida de coerción personal, cautelar o de aseguramiento que hubiere sido impuesta al ciudadano en cuestión, así como la condición de imputado que adquiriera con ocasión de la respectiva investigación. Y ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todo lo expuesto este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES correspondientes a la investigación seguida al ciudadano ARLIN RAMON MEZA MARQUEZ, venezolano, nacido en fecha 02-11-1982, de 26 años de edad, de estado civil soltero, residenciado en la calle Amacuro, casa Nro. 09, al lado del señor Luis Rincones, Tucupita, Estado Delta Amacuro, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16214.623 en la causa signada con el Nro. YP01-P-2005-001312, de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 1, 8, 9, 10, 313 del texto adjetivo penal vigente; comportando tal pronunciamiento, de conformidad con el imperativo legal correspondiente, el CESE inmediato de cualquier medida de coerción personal, cautelar o de aseguramiento que hubiere sido impuesta al ciudadano en cuestión, así como la condición de imputado que adquiriera con ocasión de la respectiva investigación.
Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a las partes, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

ADDA YUMAIRA ESPINOZA
EL SECRETARIO,

Abg. JAVIER ALVAREZ OLIVO