TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro.
Tucupita, 11 de Junio de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2008-000809
ASUNTO : YP01-P-2008-000809

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL

Juez: Abg. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.

Secretaria: Abg. NEDDA RODRIGUEZ.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Fiscal: Abg. MIGUEL ALCANTARA, Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con competencia en Ejecución de Sentencias y Régimen Penitenciario.

Victima: LA COLECTIVIDAD

PENADO: ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, Estado vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la calle Amacuro, casa Nro. 23, Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.272.195.

Delito: Ocultamiento de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, previsto y sancionado en el tercer parágrafo del articulo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Recibida como ha sido por ante este Tribunal Informe Técnico elaborado por el equipo multidisciplinario, conformado por los profesionales Licenciada IRAIMA CARDIEL, delegada de Prueba, licenciada MARYCARMEN MILLAN, psicólogo Clínico y DORIBEL ABACHE, abogada, adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, en la cual emiten opinión favorable para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor del penado ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, así como se recibió oferta de trabajo de la Constructora Rodeblal, representada por el ciudadano José Gregorio Vásquez Marcano, a favor del ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, titular de la cédula de identidad personal número V-19.273.195, y se verifica que del cómputo practicado por este órgano en fecha dieciséis (16) de Marzo del años dos mil nueve (2009), cursante al folio 156 del presente expediente, en el auto de entrada realizado el Tribunal acuerda tramitar de conformidad con el contenido del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal y en atención a la pena principal impuesta por el Tribunal Primero de primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal y sede, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil nueve (2009), en virtud de haberse acogido el imputado para ese momento, al procedimiento especial de admisión de los hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el parágrafo tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lo que hace que el penado de autos pueda optar al beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, y siendo que ha sido solicitada por el condenado en cuestión la concesión u otorgamiento de tal medida alternativa de cumplimiento de la pena; corresponde, por tanto, a este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, en la facultad que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531, ibidem, y dado que riela a los autos la documentación necesaria para pronunciarse respecto de la procedencia o no del beneficio solicitado, para lo cual hace el Tribunal las siguientes observaciones:

En fecha veintiocho (28) de Enero del año dos mil nueve (2009), el tribunal primero de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, celebró el acto central de la fase intermedia, como es la Audiencia Preliminar, en la cual una vez admitida la acusación el imputado admitió los hechos a los fines de la imposición de la pena de conformidad con lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo condenado a cumplir la pena de DOS (02) años, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el parágrafo tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, más las penas accesorias previstas en el artículo 16 de la norma sustantiva penal, en fecha veintiséis (26) de Febrero del año dos mil nueve (2009), el tribunal de primero de control de este mismo Circuito Judicial penal y sede, acuerda la remisión de la causa al tribunal de Ejecución.

En fecha dieciséis (16) de Marzo del año dos mil nueve (2009), definitivamente firme como quedara la sentencia condenatoria, emitida por el tribunal primero de primera instancia en función de control de este mismo Circuito Judicial penal y sede, en el ejercicio de sus competencias expresamente establecidas en el instrumento adjetivo penal, procedió a ejecutar, el referido expediente estableciendo en dicho auto, el tramite del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en virtud de la penalidad impuesta pro el tribunal de control a los penados de autos entre ellos el ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, el contenido del referido auto es del tenor siguiente:

“….Definitivamente como se encuentra la sentencia dictada en fecha 09 de Febrero de 2009, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal, a través de la cual se condena a los penados JUAN JOSE MATA, ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA Y MATA LUIS JOSE, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 18.658.445, 19.272.195 y 18.658.446 en su orden respectivamente; por ser autores responsables de la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el artículo 31, tercer parágrafo de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas quienes fueron condenados a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN, así como de las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Este Tribunal por cuanto la penalidad impuesta en la sentencia no supera los cinco años, acuerda de oficio tramitarle a los penados arriba mencionados, el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que requieren realizarse la evaluación psicosocial, por parte de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario Región Oriental con sede en Maturín Monagas. Se ordena librar oficio a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario Región Oriental con sede en Maturín Monagas, ordenando la evaluación psicosocial de los penados mencionados, quien deberá indicar el día y la hora exacta de su evaluación, por cuanto los mismos se encuentran privados de libertad en el Retén Policial de Guasina, a los fines de tramitar su traslado hasta la ciudad de Maturín, remitiendo copia de la sentencia condenatoria. Líbrese el respectivo oficio. Cúmplase lo ordenado…”

Cursa constancia de BUENA CONDUCTA, expedida por el Director del Reten Policial de Guasina, Sub-Comisario Edgar García Vidal, de fecha ocho (08) de Junio del año dos mil nueve (2009), lugar donde se encuentra recluido el penado ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA. En la constancia emitida por el director del Reten Policial de Guasina, señala, que: “… el Interno ACOSTA ANGEL EMIR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.272.195, quien se encuentra bajo nuestra custodia mantiene una conducta acorde con las Normas Internas de este recinto Policial, desde su fecha de ingreso 31-10-2008 hasta la presente fecha.”

En fecha doce (12) de Marzo del año dos mil nueve (2009), se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, previa solicitud realizada mediante oficio a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, certificación suscrita por el Jefe de tal División, y datada once (11) de Marzo del año dos mil nueve (2009), en la que se indica como registro contenido en los archivos llevados por tal Oficina, en lo concerniente al ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, titular de la cédula de identidad personal número V-19.272.195,no registra antecedentes penales hasta la fecha de actualización de la base de datos.

Cursa igualmente a las presentes actuaciones oferta de trabajo de la Constructora Rodeblal, suscrita por su Presidente JOSE GREGORIO VASQUEZ MARCANO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.861.673, mediante el cual ofrece trabajo al referido penado en dicha empresa como obrero, ofreciendo sueldo mínimo mensual, con un contrato de duración de un año.

Revisada como han sido las distintas actuaciones que cursan en la causa, que guardan relación con el otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, corresponde ahora, verificar el conjunto de normas de aplicación en el presente caso, a saber:
Artículo 478. Defensa. El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorgan.

En el ejercicio de tales derechos el penado podrá solicitar por ante el tribunal de ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de la pena y la redención de la pena por el trabajo y el estudio, conforme a lo establecido en este Código y en las leyes especiales que no se opongan al mismo (resaltado del Tribunal).
Artículo 479. Competencia. Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1. Todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena; 2. La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona; 3. El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines, entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control…(omissis)…(resaltado del tribunal)

Artículo 482. Cómputo definitivo. El tribunal de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquiera de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la misma y la redención de la pena por el trabajo y el estudio. La resolución se notificará al Ministerio Público, al penado y a su defensor, quienes podrán hacer observaciones al cómputo, dentro del plazo de cinco días. El cómputo es siempre reformable, aún de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo hagan necesario (resaltado del Tribunal).
Artículo 484. Privación Preventiva de Libertad. Se descontará de la pena a ejecutar la privación de libertad que sufrió el penado durante el proceso. Se descontará también la privación de libertad sufrida por el penado en el extranjero, en un procedimiento de extradición con fines de ejecución penal. Para los efectos del cómputo del cumplimiento de parte o de la totalidad de la pena impuesta, así como para el otorgamiento de cualquier beneficio o medida solicitada por un condenado o penado, no se tomarán en cuenta las medidas restrictivas de la libertad, sino única y exclusivamente el tiempo que haya estado sujeta realmente la persona a la medida de privación judicial preventiva de libertad, o recluido en cualquier establecimiento del Estado. En consecuencia, sólo se tomará en cuenta el tiempo que el penado hubiere estado efectivamente privado de su libertad.

Artículo 493. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar al Ministerio del Interior y Justicia, un informe psico-social del penado, y se requerirá:
1. Que el penado no sea reincidente, según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia;
2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años;
3. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba; 4. Que presente oferta de trabajo; y,
5. Que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.

Si el penado hubiere sido condenado mediante la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos y la pena impuesta excediere de tres años, no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena (resaltado del Tribunal).
Artículo 494. Condiciones. En el auto que acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se le fijará al penado el plazo del régimen de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres, y le impondrá una o varias de las siguientes obligaciones:
1. No salir de la ciudad o lugar de residencia;

2. No cambiar de residencia sin autorización del tribunal;
3. Fijar su residencia en otro municipio de cualquier Estado del país, siempre y cuando esta fijación forzada no constituya obstáculo para el ejercicio de su profesión u ocupación;
4. Abstenerse de realizar determinadas actividades o de frecuentar determinados lugares o determinadas personas;
5. Someterse al tratamiento médico-psicológico que el tribunal estime conveniente;
6. Asistir a determinados lugares o centros de instrucción o reeducación;
7. Asistir a centros de práctica de terapia de grupo;
8. Realizar en el tiempo libre y sin fines de lucro, trabajo comunitario en favor de instituciones oficiales o privadas de interés social;
9. Presentar constancia de trabajo con la periodicidad que indique el tribunal o el delegado de prueba;
10. Cualquier otra condición que le imponga el tribunal.
Artículo 495. Delegado de prueba. Cuando se suspenda la ejecución de la pena se designará un delegado de prueba, quien será el encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones determinadas por el tribunal y de señalar al beneficiario las indicaciones que estime convenientes de acuerdo con aquellas condiciones. Adicionalmente a las condiciones impuestas por el Juez, el delegado de prueba podrá imponer otras condiciones, siempre y cuando éstas no contradigan lo dispuesto por el Juez. Tales condiciones serán notificadas al Juez de manera inmediata. El delegado de prueba deberá presentar un informe sobre la conducta del penado, al iniciarse y al terminar el régimen de prueba. También deberá informar al Tribunal, cuando éste lo requiera, a solicitud del Ministerio Público o cuando lo estimare conveniente (resaltado del Tribunal) Artículo 496. Designación del delegado de prueba. Mientras se crea el ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico a que hace referencia el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el delegado de prueba será designado por el Ministerio del Interior y Justicia y deberá reunir los requisitos que al efecto se determinen.
Artículo 497. Decisión. Una vez que el Juez de ejecución compruebe el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 494 de este Código procederá a emitir la decisión que corresponda. De esta decisión se notificará al Ministerio Público.
Artículo 498. Apelación. El auto que acuerde o niegue la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena será apelable en un solo efecto. La apelación interpuesta por una de las partes será notificada a la otra para su contestación.
Artículo 499. Revocatoria. El tribunal de ejecución revocará la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando por la comisión de un nuevo delito sea admitida acusación en contra del condenado. Asimismo, este beneficio podrá ser revocado cuando el penado incumpliere alguna de las condiciones que le fuesen impuestas por el Juez o por el delegado de prueba. En todo caso, antes de la revocatoria deberá requerirse la opinión del Ministerio Público
Artículo 506. Solicitud. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la autorización para trabajar fuera del establecimiento, el destino a establecimientos abiertos y la libertad condicional, podrán ser solicitados al tribunal de ejecución, por el penado, por su defensor, o acordados de oficio por el tribunal. De ser el caso, el Juez solicitará a la dirección del establecimiento los informes que prevé la ley. Cuando la solicitud la formule el penado ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente al tribunal. En el escrito contentivo de la solicitud, el penado, si fuere el caso, deberá señalar el lugar o dirección donde fijará su residencia y demás informaciones que posibiliten su localización inmediata, lo que deberá ser verificado por el tribunal previamente a la concesión del beneficio o a la medida. De ser acordada la solicitud, el penado informará previamente acerca de cualquier cambio en los datos aportados, so pena de serle revocado el beneficio o la medida.
Artículo 510. Otorgamiento. En el auto mediante el cual el tribunal otorgue cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo, fijará las condiciones que se imponen al condenado. Éste, en el acto de la notificación, se comprometerá a cumplirlas, y recibirá una copia de la resolución. Asimismo, se notificará de esta decisión al Ministerio Público.
El tribunal de ejecución vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las cuales serán modificables de oficio o a petición del penado.
Artículo 511. Revocatoria. Cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo, se revocarán por incumplimiento de las obligaciones impuestas o por la admisión de una acusación contra el penado por la comisión de un nuevo delito. La revocatoria será declarada de oficio, a solicitud del Ministerio Público, a solicitud de la víctima del delito por el cual fue condenado, o de la víctima del nuevo delito cometido.

Transcrita como ha sido la norma que guarda relación con la solicitud formulada por el penado de autos, se observa que el artículo 493 del texto adjetivo penal, establece de manera clara y precisa los requisitos que deben darse concurrentemente, a los fines de ser otorgada la suspensión condicional de la ejecución de la pena como medida alternativa de cumplimiento de la condena, exigiendo para ello, el referido artículo que el penado no sea reincidente según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia, que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco (05) años, a excepción de haber sido condenado el penado por aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos, previsto e el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo caso la pena no debe exceder de tres (03) años, que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido concedida con anterioridad, y que el penado presente oferta de trabajo, comprometiéndose, igualmente el penado a cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por el tribunal y por el delegado de prueba a quien corresponda la labor de supervisión, aunado todo ello a evaluación psico-social realizada al penado con consecuente elaboración de informe respectivo.

Ha establecido el más alto Tribunal de la República en lo atiente a los requisitos concurrentes para el otorgamiento de los beneficios en la fase de ejecución, en reiterada jurisprudencia y específicamente en sentencia de fecha 14-10-2005, de la Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, en Sentencia No. 3067, expediente 05-0883, que: “las restricciones establecidas por el legislador para optar a los beneficios de las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, si bien no pretenden ir en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, intentan establecer restricciones a objeto de mantener un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos, más aún en los casos en los que el bien jurídico protegido es la vida. La finalidad de nuestro sistema penitenciario es alcanzar la rehabilitación y reinserción de los penados en la sociedad, aplicando la privación de la libertad como medio de castigo al individuo que ha incurrido en un hecho delictual cuya naturaleza amerita un cierto grado represivo, a fin de generar en el colectivo un efecto preventivo y ejemplarizante ante tales conductas…(omissis)

Así pues, al analizarse la norma y la jurisprudencia que hasta ahora existe en justa correspondencia con lo hasta ahora señalado y de conformidad con lo establecido en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Pena, a los fines del otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena se requiere que la persona del condenado no sea reincidente según certificado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, que el mismo asuma el compromiso de sujetarse a las obligaciones que determine el Tribunal así como a las indicaciones que señale el delegado de prueba, que se someta a una evaluación psico-social practicada por equipo técnico que elabore informe respectivo para el conocimiento del órgano jurisdiccional, aunado ello a que la pena impuesta con ocasión de la sentencia condenatoria dictada en su contra no exceda de cinco (05) años, o, de tres (03) años en caso de resultar la condena de la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos, y, finalmente, que no haya sido admitida en contra del penado en cuestión acusación por la comisión de un nuevo delito, así como que no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad; siendo que, por su parte, en los casos donde la persona ha sido condenada por ilícito tipificado y castigado en la Ley Orgánica Contra del Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece el artículo 60 de tal instrumento, que para el otorgamiento de la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena se exige, además de los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal penal, los siguientes “…1. Que no concurra otro delito. 2. Que no sea reincidente. 3. Que no sea extranjero en condición de turista. 4. Que el hecho punible cometido merezca pena privativa de libertad que no exceda de seis años en su límite máximo…”; requisitos acumulativos éstos, tanto los señalados en el texto adjetivo penal patrio como en la aludida Ley especial, que de acuerdo a las actuaciones cursantes al expediente reúne a cabalidad la persona del ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, toda vez que, primero, de acuerdo con las precisiones contenidas en el informe psico-social elaborado por el equipo técnico del Centro de Evaluación y Diagnóstico de la Coordinación Regional Integral de la Región Oriental, de la Dirección de Reinserción Social, Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, las mencionadas profesionales que realizaron evaluación al penado, plasmaron en dicho informe lo siguiente: las pruebas graficas reflejan una moderada dificultad para la planificación de los procesos lógicos del pensar, lo cual se expresa em la forma de decisiones impulsivas y poco acertadas. Asimismo, las expresiones revelan necesidad de apoyo para la seguridad y ansiedad. Señalando igualmente que la evaluación realizada le permite observar, que el sujeto posee capacidad de tipo adaptativas, tales como acatamiento normativo, buen estilo relacional y la disposición para el trabajo y el cambio conductual favorable. En relación al delito, reconoce su participación y asume las consecuencias generadas. DIAGNOSTICO CRIMINOLOGICO.- S e vincula al delito, debido a la impulsividad, a la idea de obtener dinero de forma “rápida y fácil”, sin mediar consecuencias, así como la vinculación con personas con conducta inadaptada. PRONÓSTICO.- La evaluación psicosocial arrojo los siguientes criterios. Buen nivel de autocrítica ante el delito, moderado control de impulsos, habilidad para interactuar con otros, disposición al trabajo, asunción responsable de roles, apoyo familiar adecuado. CONCLUSION.- La evaluación realizada permite al Equipo Técnico emitir pronóstico favorable con condiciones mínimas para el otorgamiento del beneficio solicitado.- RECOMENDACIONES.- Orientar al penado y darle herramientas para que él desarrolle comportamientos más reflexivos.-
De igual manera se verifica de las actuaciones que el penado ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, que no presenta registros por ante la División de Antecedentes Penales del Ministerio de Interior y Justicia, se observa que para la fecha en que se libro el oficio solicitando la certificación de antecedentes penales, el tribunal no había remitido, como corresponde la copia certificada de la sentencia emitida por el tribunal de control, por lo que debe entenderse que solo posee esta sentencia condenatoria por la cual esta solicitando el beneficio.
Revisado como ha sido el sistema Juris, y las actas que conforman la causa, se observa que no existe información alguna que permita establecer a esta Jugadora que el penado ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, se encuentre sujeto a distinto asunto penal en el cual haya sido admitida acusación en su contra, así como tampoco asunto penal por el cual hubiere resultado condenado y por cuya causa le fuera otorgada medida alternativa al cumplimiento de la pena o medida de libertad anticipada que luego se le haya revocado por la autoridad competente.
Ha manifestado la persona del penado en cuestión, cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por este tribunal en echa nueve (09) de Junio del año dos mil nueve (2009), comprometiéndose el penado a cumplir con las obligaciones que le imponga el tribunal, así como el delegado de prueba. Cursa igualmente oferta de trabajo realizada por el ciudadano JOSE GREGROIO VASQUEZ MARCANO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.861.673, en su carácter de Presidente de la constructora Rodeblal, inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Delta Amacuro, en fecha veintiuno (21) de Julio del año dos mil seis (2006), quedando anotada bajo el Nro. 06, del libro “C” correspondiente al segundo trimestre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), al ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, como obrero en la referida empresa, cancelando salario mínimo mensual, debiendo cumplir un horario de 7:00 a.m. a 12:00 M y de 02:00 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

De la revisión realizada al expediente, se observa que la pena impuesta en la audiencia preliminar por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, se le condeno a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS de prisión, límite este que no supera lo establecido en el último parágrafo del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que la pena no puede ser superior a los tres (03) años de prisión, aunado ello a ajustarse a exigencia establecida, por su parte, en el numeral 4 del artículo 60 de la referida Ley especial, a saber, no merecer el tipo penal objeto de condena en el asunto in concreto pena privativa de libertad que exceda de seis (06) años en su límite máximo; en el presente caso el ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, fue condenado por el parágrafo tercero del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que la pena aplicable no supera los seis (06) años, y aún y el pando es de nacionalidad venezolana, con domicilio especifico en esta misma ciudad.
De manera tal que, de acuerdo a lo hasta ahora examinado se encuentran cubiertas las exigencias de ley a efectos de la procedencia de la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena a favor del ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, revelando, asimismo, el informe correspondiente a la evaluación psico-social realizada a la persona del penado, una serie de condiciones o características consideradas como fundamentales para la adaptación de aquél a régimen más indulgente que el intra muros y para su reinserción al medio social, pues cuenta el ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, con el apoyo familiar y entorno de amigos, que le permiten tener la disposición requerida para el régimen de pruebas que solicita; siendo el pronóstico del comportamiento del penado favorable para el otorgamiento del beneficio, de acuerdo al Informe Técnico presentado, luego del estudio realizado por profesionales expertos en la materia, y aunado al contenido del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la preeminencia de las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad ante aquellas a las que les es inherente la reclusión del condenado cuando prevé que “…El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos…(omissis)…En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…(omissis)…”. Por tanto, delineándose como objetivos generales de la fórmula de cumplimiento de pena, la reincorporación social del penado y la prevención especial dirigida a disminuir el riesgo de la reincidencia, y visto que el ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, además de haber sido condenado a DOS (02) AÑOS de prisión, resulta necesario para esta juzgadora, llegar a la conclusión de que el ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, cumple con los extremos acumulativos exigidos en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los establecidos en el artículo 60 de la Ley Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en consecuencia, este Tribunal de primera instancia en función de ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, en las facultades que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531, todos del referido instrumento adjetivo penal patrio vigente, por resultar procedente y ajustado a derecho al encontrarse llenos los requisitos de ley, otorga al ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 493, 494 y 495 del aludido Código Orgánico Procesal Penal, la medida alternativa de cumplimiento de la pena consistente en suspensión condicional de la ejecución de la pena, declarándose así, con lugar, la solicitud presentada en tal sentido por el penado, quedando obligada la persona del condenado, ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, a cumplir de manera irrestricta y cabal cada una de las condiciones que de seguidas fija este Tribunal, y respecto de cuya observancia vigilará el mismo pronunciándose acerca de eventuales modificaciones o revocatoria del beneficio, si fuera el caso, siendo tales obligaciones las puntualizadas a continuación:
1. Presentarse ante el delegado de prueba a quien sea encomendada la labor de supervisión del cumplimiento de las condiciones determinadas por este órgano jurisdiccional, con la frecuencia y las veces que así sea requerido por tal delegado de prueba, debiendo cumplir, además, cualquiera otra obligación que pueda ser impuesta por éste, la cual no podrá contradecir lo ya dispuesto por la Juez en esta decisión, y, de ser tal el caso, será ello notificado de manera inmediata al Tribunal, quedando el delegado de prueba en la obligación, por su parte, de presentar al Tribunal informe conductual correspondiente con periodicidad trimestral.
2. No cambiar de residencia sin previa autorización de este órgano jurisdiccional, en el entendido de encontrarse domiciliado el penado beneficiario en la dirección por él suministrada en Urbanización Hacienda del medio, calle principal,, Tucupita, estado delta Amacuro,
3. No salir de la jurisdicción de los Estados Delta Amacuro, sin previa autorización emanada de este órgano jurisdiccional que vela por el correcto cumplimiento del régimen de prueba por otorgamiento de la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena.
4. Presentarse ante la sede de este Tribunal en función de ejecución con frecuencia quincenal, esto es, cada quince (15) días, debiendo consignar a efectos de ser agregados al Libro respectivo, una copia fotostática de su cédula de identidad personal y una foto reciente tipo carnet.
5. Incorporarse, a la brevedad, al área laboral que le permita mantenerse ocupado y productivo percibiendo un ingreso para su sustento, muy particularmente al trabajo que le fuera ofrecido por el ciudadano JOSE GREGORIO VASQUEZ MARCANO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.861.673, en su carácter de Presidente de la empresa RODEBLAL, debiendo consignar ante este órgano jurisdiccional, cada mes, constancia de trabajo correspondiente, quedando en la obligación de notificar a este Juzgado en caso de verificarse cambio de lugar de trabajo.
6. Realizar al menos un día de cada mes, sin fines de lucro, trabajo comunitario en institución pública, específicamente en el Institutito Nacional de Geriatría y Gerontología “Doña Menca de Leoni” de esta ciudad de Tucupita, debiendo consignar al Tribunal, cada tres (03) meses constancia respectiva; y
7.- Recibir orientación psicológica que le permita adquirir herramientas dirigidas a abordar déficit detectado por el equipo multidisciplinario como lo es el desarrollo de comportamientos más reflexivos, asistiendo, asimismo, a cursos y talleres referentes a la autoestima y desarrollo personal, todo lo cual deberá ser estrictamente acreditado al Tribunal con consignación de informes y constancias respectivos, por lo menos cada tres (03) meses.
8.- Proseguir proceso educativo de acuerdo a programas autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación o aprobados por Institutos con competencia para ello, y/o aprender el penado un oficio o profesión o seguir cursos de capacitación, para todo lo cual diligenciará con premura lo conducente a fines de pronta iniciación de los estudios o cursos referidos, consignando al Tribunal constancias correspondientes.
9.- Abstenerse de frecuentar personas de quienes se tenga conocimiento están relacionadas con actividades de índole delictivo, así como abstenerse de frecuentar lugares en los cuales se conozca se llevan a cabo actividades ilícitas.
10.- Suministrar al Tribunal dirección de domicilio de parientes más cercanos, así como números telefónicos, e informar oportunamente acerca de cualquier cambio en los datos aportados, verbigracia ocupación y lugar de trabajo; y
11.-Se fija el plazo del régimen de prueba en el caso in concreto, de conformidad con exigencia prevista en el encabezamiento del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, en un (01) año y siete (07) meses, el cual comenzará a contar a partir de la fecha en que se imponga de la decisión aquí proferida, es decir el día hábil siguiente al día de hoy, once(11) de Junio del año dos mil nueve (2009), fecha en la cual se emite la presente decisión, oportunidad en la que iniciará su sujeción a las condiciones impuestas, debiendo precisarse al respecto que, no obstante la pena principal de prisión impuesta al ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, es de dos (02) años, sin embargo el régimen de prueba concerniente a la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena acordada en esta data, y que debe cumplir el condenado, es por un (01) año y siete (07) meses, ello en virtud de que el penado de autos, lleva detenido efectivamente cinco (05) meses y diez (10) días, por lo que se ha establecido el plazo del régimen de prueba dentro de los parámetros expresos del ut supra mencionado artículo adjetivo penal, en consecuencia, no implica tal situación cumplimiento en exceso de la pena impuesta al condenado siendo que la misma, con el presente pronunciamiento, queda suspendida y sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal y/o el delegado de prueba supervisor del régimen, por tanto, debe advertirse que en caso de no ser acatadas las obligaciones en cuestión procede la inmediata ejecución de la pena que falta por cumplir. Y así se declara. Por último, dada la concesión de la fórmula de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se precisa que tal medida podrá ser objeto de declaratoria judicial de revocatoria de acuerdo a los supuestos de ley establecidos en el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, de verificarse el incumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal o por el delegado de prueba, así como en razón de la admisión de acusación en contra del condenado por la perpetración de un nuevo delito; precisándose, finalmente, que tal y como lo ha señalado la doctrina, que la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena es una fórmula alternativa de cumplimiento de la pena que no se otorga por razones de índole caritativa sino que es un método de tratamiento que se escoge deliberadamente por considerarlo mejor que cualquier otro método para proteger a la sociedad y, entenderla como una actitud de complacencia o perdón que permite a quien cometió un delito escapar de la acción de la Justicia resulta una errónea apreciación.

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Tribunal de primera instancia en función de ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y dado que se encuentran llenos los extremos acumulativos exigidos en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los establecidos en el artículo 60 de la Ley Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, este órgano jurisdiccional en la facultad que le confieren los artículos 64, último aparte, 479, numeral 1, y 531 ejusdem, otorga la medida alternativa de cumplimiento de la pena consistente en SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, a la persona del penado, ciudadano ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, imponiéndose al mismo determinadas obligaciones de estricto cumplimiento, so pena de revocatoria de la medida concedida, quedando tales condiciones debidamente precisadas en el cuerpo de la presente decisión; fijándose el plazo del régimen de prueba, de conformidad con exigencia prevista en el encabezamiento del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, en un (01) año y siete (07) meses, el cual comenzará a contar una vez el condenado se dé por notificado de la presente decisión, oportunidad en la que iniciará su sujeción a las condiciones impuestas.

Dictado como ha sido el pronunciamiento en la presente causa, en los términos expresamente señalados se acuerda el libramiento de boleta de excarcelación respectiva a favor del penado ANGEL EMIR ACOSTA PEÑA, venezolano, natural de la Guaira, estado Vargas, donde nació en fecha 11-05-1983, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, con último domicilio en la Urbanización Hacienda del medio, calle principal, Tucupita, estado delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.273.195, aunado a ser el mismo citado para que comparezca, el día hábil inmediato siguiente a la verificación de su libertad, a la sede de este órgano jurisdiccional a fin de adquirir el compromiso a que se contrae la parte in fine del encabezamiento del artículo 510 del instrumento adjetivo penal, enviándose tales boletas, mediante oficio, al director del Reten Policial de Guasina, en el cual se encuentra recluido el penado; acordándose, asimismo, a los fines de la supervisión del cumplimiento del régimen impuesto, oficiarse a la Coordinación Región Oriental, Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interior y Justicia, anexando a tal comunicación copia fotostática debidamente certificada por secretaría del cómputo de pena practicado, del presente pronunciamiento y del informe psico-social ut supra referido, precisando en su tenor requerimiento de designación inmediata del delegado de prueba que se encargue de velar por el correcto acato de las condiciones determinadas por el Tribunal, quien procederá en el ámbito de acción que le faculta la normativa vigente e informará con periodicidad al órgano jurisdiccional acerca de la conducta demostrada por el probacionario respecto del régimen en cuestión.

Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión y de conformidad con los artículos 175, 180 y 510 del instrumento adjetivo penal patrio vigente, notifíquese a las partes.
LA JUEZ DE EJECUCION,

Abg. ADDA YUMAIRAESPINOZA

LA SECRETARIA,

Abg. NEDDA RODRIGUEZ