TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 27 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2011-004368
ASUNTO : YP01-P-2011-004368

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA; Juez Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
SECRETARIO: ABG. MARJORYS MENDEZ

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCALIA: Dr. DIOGENES TIRADO VILLANUEVA, Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.

VICTIMA: JESUS MANUEL LANDAETA, venezolano, nacida en fecha 11/01/1993, de 18 años de edad, de estado civil soltera, de profesión u oficio Estudiante, residenciada en la perimetral, calle Nro. 02, casa sin número, de color azul, detrás de la DISIP, teléfono de ubicación Nro. 0426-3834035, Tucupita, estado Delta Amacuro, titular de la cédula de identidad Nro. V- 20.852.401 y el ESTADO VENEZOLANO.
DEFENSOR PRIVADO: LEONEL BOLAÑOS, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.004.341, abogado en el libre ejercicio de la profesión e inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 51.427 teléfono 0414-763-84-81, email rogrondon@hotmail.com.
IMPUTADO: JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384

DELITOS: Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano.

EL HECHO IMPUTADO

Celebrada la audiencia de presentación a que se contrae el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el ciudadano Fiscal Segundo del Ministerio Público, Dr. Diógenes Tirado Villanueva, imputo al ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384, la presunta comisión de los delitos de Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, en virtud de que el día jueves 24 de noviembre del año dos mil once (2011), siendo las diez horas de la mañana (10:30 a.m.) se encontraba en el puesto de San Rafael del destacamento de Vigilancia Fluvial 911,cuando se presento un ciudadano de características de mediana estatura, de contextura regular, de color piel morena, que vestía para el momento un pantalón de blue jeans, camisa color negra, zapatos deportivos, manifestando que le había disparado a un ciudadano en legitima defensa porque el ciudadano junto a otro le iba a disparar y el se le había lanzado encima y había logrado quitarle el arma de fuego y le había disparado luego se había ido del lugar corriendo, se le ordeno a una comisión que se apersonara al lugar de los hechos, no encontraron personas en el lugar, se dirigieron al hospital donde se encontraron con una ciudadana de nombre TEOMARIS LANDAETA, de profesión enfermera, quien manifestó haber sido testigo en cierta parte de los hechos donde su hermano su hermano JESUS MANUEL LANDAETA, había sido herido con un arma de fuego por el ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, por lo que se le manifestó al mencionado ciudadano que acompañara a los funcionarios al Comando de la Guardia Nacional, para realizarle entrevista en calidad de testigo, razón por la cual fueron informados de la razón de su detención e impuesto de los derechos como imputado que le consagra el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. De las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, cursa acta de entrevista renda por el ciudadano Renny Eduardo Landaeta Soto, hermano del fallecido, quien informó, que el día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once (2011), a eso de las nueve de la mañana cuando se encontraba trabajando en la rotativa al ir a tomar agua del termo, donde se encontraban cuatro sujetos entre ellos Ángel Márquez, Boli, mi primo conocido como EL PELUO, y otro sujeto más, en eso mi primo se me acerca creándome problemas, teniendo entre su camisa un arma de fuego, diciéndome, qué paso no eres serio, yo le respondí, yo si soy serio y este de una vez me apunto con un chopo y sin mediar mas palabras me efectuó un disparo, con la salvedad de que no logro herirme, en vista de eso me fui del lugar para evitar, llame a mi papá contándole lo ocurrido, pero al cabo rato llega mi hermano a la casa y yo le cuento lo sucedido, fue entonces que mi hermano se dispuso a ir a la casa de mi primo EL PELUO, a ver que era lo que pasaba conmigo, yo fui tras de él a acompañarlo, pero cuando íbamos pasando por la casa del hermano de Ángel Márquez, conocido como KITO, vimos que este sale (KITO) y salió de la barraca apuntándome con una escopeta, y sin mediar palabras efectuó un disparo a mi hermano JESUS MANUEL LANDAETA , logrando impactarlo en la frente, yo intente correr para auxiliar a mi hermano y al intentar agarrar a mi hermano este sujeto KITO, saco la concha de la escopeta y metió otra y me apuntó en vista de eso, yo salí corriendo del lugar, fui hasta el barrio avisé lo sucedido a mi familia y la comunidad, quienes se acercaron todos adonde se encontraban herido mi hermano y lograron auxiliarlo, llevándolo al hospital, así las cosas consideró el Ministerio Público, que conforme a los hechos señalados por el presunto testigo, pudiéramos estar en presencia del delito de Homicidio Intencional en grado de tentativa, ya que el ciudadano JOSE RAFEL MARQUEZ, le quitó la vida a quien en vida respondiera al nombre de Jesús Manuel Landaeta Soto.-

Precalifico el Fiscal del Ministerio Público los delitos de Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano.

Solicito el Fiscal la aplicación del procedimiento ordinario y la privación judicial privativa preventiva de libertad, conforme a lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL

Corresponde a esta Juzgadora emitir los pronunciamientos respectivos en atención a las solicitudes realizadas por las partes en la presente audiencia, la cual se hace en los siguientes términos:
En relación a la solicitud de la Vindicta Pública de aplicación del procedimiento ordinario en la investigación que se adelanta en la causa seguida al ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384, al respecto, se observa que la finalidad última del proceso y expresamente consagrada en los artículos 257 y 13 del Texto fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, respectivamente es la de “…establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho…”, previendo en tal sentido la norma del artículo 280 ejusdem, que el objeto de la primera fase del proceso penal es la de preparar el juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del representante fiscal y la defensa de los imputados, siendo que en aras de tal objetivo, el Fiscal del Ministerio Público, parte de buen fe, dada su atribución y facultad para dirigir la investigación debe acopiar no sólo aquello que funde inculpación del imputado sino también aquellos hechos o circunstancias que sirvan para exculparle; por tanto, visto que en el caso de marras resulta de importancia la práctica de diligencias de investigación que permitan el establecimiento de la verdad del hecho acaecido el día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once (2011), en el cual quedara detenido el ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, por encontrase presuntamente inmerso en la comisión del delito Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, así como las circunstancias que puedan influir en su responsabilidad penal requiriendo el ciudadano Fiscal del Ministerio Público la aplicación del procedimiento ordinario a la averiguación in comento, es por lo que apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad y consecuente concreción de la justicia; este Tribunal, de conformidad con el artículo 373, último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 ejusdem, ordena se continúe la investigación por el procedimiento ordinario. Y ASÍ SE DECIDE.

Corresponde ahora emitir pronunciamiento en relación a la solicitud presentada por la representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal requirió a este juzgado la imposición de la medida judicial privativa preventiva de libertad al ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384, arguyendo para ello que se encuentran cubiertos los extremos previstos en tal disposición legal para la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad, haciendo esta juzgadora el análisis de la norma señalada por la fiscal para tal solicitud.
A los fines de emitir el pronunciamiento respectivo en atención a la solicitud realizada por la representante de la Vindicta Pública, se hace necesario hacer algunos señalamientos en relación a principios generales y derechos consagrados en nuestra Constitución y en Convenios y Pactos internacionales debidamente suscritos por nuestro país.
Uno de estos derechos se encuentra consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como derecho civil inviolable, el de la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Ahora bien este derecho considerado, tiene sus excepciones establecidas en el mismo artículo 44 de la norma constitucional, cuando señala “…(ominisis)… Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.(ominisis)…” estas excepciones están previstas en la norma adjetiva penal, la cual debe ser interpreta de manera restrictiva por los órganos del poder publico, ya que si bien el ser jugado en libertad el principio fundamental y un derecho Constitucional, este derecho como ya fue señalado tienen sus excepciones, previstas en el Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, en un Título destinado a la regulación de las medidas de coerción personal, en estricta sintonía y correspondencia con principios constitucionales y el esquema del sistema acusatorio que rige el proceso penal venezolano, consagrando en tal articulado el estado de libertad, la proporcionalidad que ha de ser atendida a los fines de la imposición de una medida cautelar, la interpretación restrictiva respecto de la disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que éstas pueden presentarse para su aplicación, y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento y revisión de las impuestas en los términos expresamente señalados; todo lo cual, en definitiva, reafirma la regla general de la libertad y la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma. En tal sentido, si bien el Texto Fundamental en su artículo 44 consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente consagrado en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y que como tal adquiere jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, igualmente el legislador patrio autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. Con el fin de que mediante estas medidas se asegure el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria. Así pues, y como se señalara supra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal consagran el derecho civil inviolable de la libertad personal y su garantía, establecen como regla el juzgamiento en libertad y someten sus restricciones o las medidas de coerción personal a parámetros precisos que prevén su excepcionalidad, proporcionalidad, interpretación restrictiva, judicialidad, temporalidad, provisionalidad y ejecución humanitaria; todo lo cual se corresponde con el principio de inocencia establecido en el artículo 49 numeral 2 del mismo Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio. En consecuencia, los lineamientos trazados en esta materia extreman el celo por la afirmación de la libertad en el proceso penal y limitan al mínimum las restricciones a dicho derecho, por lo que, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento. Así, en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción personal específica es exigida por el proceso, debe imponerse para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique. Y, constituye otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad y temporalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento, por lo que, de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 264 del instrumento adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustituirlas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene el imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. Asimismo, dado el carácter excepcional de las medidas de coerción personal, debe por tanto procurarse la imposición de medidas distintas a la privación de libertad, que resulten menos lesivas de los derechos del procesado.
En este orden de ideas, diferentes instrumentos de carácter internacional consagran la posibilidad de que en el desarrollo de un proceso penal puedan aplicarse al imputado medidas de coerción personal dirigidas a evitar la privación de libertad y asegurar su comparencia al juicio, verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 9 dispone que “...la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo...”, contemplando, por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7,5, que “...toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio...”; previendo, en igual sentido, la normativa legal patria vigente disposiciones atinentes al establecimiento de la libertad como regla o principio del proceso penal y la viabilidad de la aplicación de medidas de coerción personal, al exclusivo servicio de los fines procesales, cuando concurren los presupuestos para su imposición, siendo recogidos estos principios y facultades en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal patrio, a saber:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
Código Orgánico Procesal Penal:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del tribunal)
Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, no exceder del plazo de dos años.
Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.
Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.
Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.

Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3- La magnitud del daño causado;
4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...(omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado (resaltado del tribunal).
Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción; 2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Ahora bien, revisadas las normas de rango constitucional y las procesales para la imposición o no de las medida solicitada por el Fiscal del Ministerio Público, corresponde ahora la revisión del caso en concreto, establece el artículo 250, que debe existir un hecho punible, que merezca pena privativa de libertad y que no este prescrito, el hecho expuesto por el ciudadano Fiscal y objeto de la presente investigación evidentemente es un hecho punible ya que de las actas del proceso, se evidencia que estamos ante la presunta comisión de los delitos de Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, hecho punible, que tiene sanción corporal y que no esta prescrito, ya que los mismos se suscitaron en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once (2011), y cursan a las actuaciones suficientes elementos para estimar que el ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384, pudiesen ser el autor o responsable de la comisión de los delitos de Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, existiendo igualmente la presunción razonable del peligro de fuga, el cual de conformidad con el artículo 251 señala que para este criterio debe tomarse en cuenta el arraigo en el país, la pena que pudiera llegar a imponerse, la magnitud del daño causado, considerándose que el delito violencia sexual afecta la libertad sexual de las personas, así como uno de los delitos contra el estado como es la resistencia a la autoridad, realizada como fuera una revisión exhaustiva y minuciosa de las diversas actuaciones cursantes a la investigación, así como atendidas las exposiciones hechas por la parte fiscal, la defensa, y del acta policial en la cual se señalan las circunstancias en las cuales se llevara a cabo la detención del hoy imputado, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once (2011), en la cual el ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, se traslado al Comando de la Guardia Nacional una vez que dispara contra la humanidad del ciudadano Jesús Manuel Landaeta Soto, señalando este que había disparado en defensa propia, aun cuando de las actuaciones realizadas de manera inmediata por los funcionarios adscritos de la Guardia Nacional, realizaron entrevista a la ciudadana Teomaris Elizabeth Landaeta Soto, titular de la cédula d identidad Nro. V- 16.214.453, quien manifestó ser prácticamente testigo de los hechos en los cuales el ciudadano José Rafael Márquez, disparara contra su hermano, indico en el acta de entrevista, entre otras cosas, lo siguiente: “que se encontraba en su casa, cuando mi hermano RENI EDUARDO LANDAETA SOTO, se presentó en mi casa, diciendo que el ciudadano ANGEL MARQUEZ, le había hecho un disparo, mi hermano JESUS MANUEL LANDAETA, salio a la casa de JOSE RAFAEL MARQUEZ, para preguntar por que su hermano le había hecho un disparo a mi hermano RENI, fue cuando sentí un disparo y venia mi hermano RENI gritando con las manos en la cabeza en la cabeza diciendo que José Rafael había matado a JESUS MANUEL LANDAETA, entonces yo Salí corriendo a avisarle a mi mamá y me devolví para donde estaba mi hermano tirado y lo recogí y lo lleve hasta el seguro..”, de igual manera cursa el acta de entrevista rendida por el ciudadano LANDAETA SOTO RENI EDUARDO, titular de la cédula de identidad nro. V- 19.1389.768, quien entre otras cosas señalo: que el día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once (2011), a eso de las nueve de la mañana cuando se encontraba trabajando en la rotativa al ir a tomar agua del termo, donde se encontraban cuatro sujetos entre ellos Ángel Márquez, Boli, mi primo conocido como EL PELUO, y otro sujeto más, en eso mi primo se me acerca creándome problemas, teniendo entre su camisa un arma de fuego, diciéndome, qué paso no eres serio, yo le respondí, yo si soy serio y este de una vez me apunto con un chopo y sin mediar mas palabras me efectuó un disparo, con la salvedad de que no logro herirme,, en vista de eso me fui del lugar para evitar, llame a mi papá contándole lo ocurrido, pero al cabo rato llega mi hermano a la casa y yo le cuento lo sucedido, fue entonces que mi hermano se dispuso a ir a la casa de i primo EL PELUO, a ver que era lo que pasaba conmigo, yo fui tras de él a acompañarlo, pero cuando íbamos pasando por la casa del hermano de Ángel Márquez, conocido como KITO, vimos que este sale (KITO) y salió de la barraca apuntándome con una escopeta, y sin mediar palabras efectuó un disparo a mi hermano JESUS MANUEL LANDAETA , logrando impactarlo en la frente, yo intente correr para auxiliar a mi hermano y al intentar a garrar a mi hermano este sujeto KITO, saco la concha de al escopeta y metió otra y me apuntó en vista de eso, yo salí corriendo del lugar, fui gasta el barrio avisé lo sucedido a mi familia y la comunidad, quienes se acercaron todos adonde se encontraban herido mi hermano y lograron auxiliarlo, llevándolo al hospital…”, de igual manera cursa acta de investigación penal suscrita por el funcionario detective José Figuera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual dejan constancia de haber realizado diligencias de investigación penal indicando que se trasladaron al centro de Diagnostico ubicado en la vía Paloma, lugar donde se tuvo conocimiento que había sido trasladado el ciudadano Jesús Landaeta, luego de haber recibido impacto de proyectiles disparados por arma de fuego, donde fueron atendidos por el doctor Rafael Beltrán, quien les informo que en horas de la tarde se dio ingreso al ciudadano Jesús Landaeta, luego de haber sido operado de emergencias en la Clínica CETMECA, y se encontraba en el área de terapia intensiva en estado critico, sin promesa de mejora en su estado de salud, presentando traumatismo cráneo-encefálico, región frontal derecha, con tres impactos de proyectiles, en dicho centro de salud se entrevistaron con el hermano de la presunta víctima quien señalo que él tenia conocimiento de los hechos en virtud de que se encontraba con se hermano cuando ocurrieron los mismo; de igual manera dejan constancia en dicha acta de haberse trasladado al lugar donde se suscitaron los hechos en la Invasión Brisas Aérea, entrada de la calle 4, a 500 metros del aeropuerto, a los fines de practicar la inspección técnica; de igual manera cursa acta de entrevista rendida por el ciudadano Reny Eduardo Landaeta Soto, hermano de la presunta victima, por ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quien señalo entre otras cosas lo siguiente: “A eso de las nueve de la mañana cuando se encontraba trabajando en la rotativa al ir a tomar agua del termo, donde se encontraban cuatro sujetos entre ellos Ángel Márquez, Boli, mi primo conocido como EL PELUO, y otro sujeto más, en eso mi primo se me acerca creándome problemas, teniendo entre su camisa un arma de fuego, diciéndome, qué paso no eres serio, yo le respondí, yo si soy serio y este de una vez me apunto con un chopo y sin mediar mas palabras me efectuó un disparo, con la salvedad de que no logro herirme, en vista de eso me fui del lugar para evitar, llame a mi papá contándole lo ocurrido, pero al cabo rato llega mi hermano a la casa y yo le cuento lo sucedido, fue entonces que mi hermano se dispuso a ir a la casa de i primo EL PELUO, a ver que era lo que pasaba conmigo, yo fui tras de él a acompañarlo, pero cuando íbamos pasando por la casa del hermano de Ángel Márquez, conocido como KITO, vimos que este sale (KITO) y salió de la barraca apuntándome con una escopeta, y sin mediar palabras efectuó un disparo a mi hermano JESUS MANUEL LANDAETA , logrando impactarlo en la frente, yo intente correr para auxiliar a mi hermano y al intentar agarrar a mi hermano este sujeto KITO, saco la concha de la escopeta y metió otra y me apuntó en vista de eso, yo salí corriendo del lugar, fui hasta el barrio avisé lo sucedido a mi familia y la comunidad, quienes se acercaron todos adonde se encontraban herido mi hermano y lograron auxiliarlo, llevándolo al hospital..”, de igual manera cursa acta de entrevista, rendida por la ciudadana TEOMARIS LANDAETA, por ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quien señalo entre otras cosas lo siguiente: “que se encontraba en su casa, cuando mi hermano RENI EDUARDO LANDAETA SOTO, se presentó en mi casa, diciendo que el ciudadano ANGEL MARQUEZ, le había hecho un disparo, mi hermano JESUS MANUEL LANDAETA, salio a la casa de JOSE RAFAEL MARQUEZ, para preguntar por que su hermano le había hecho un disparo a mi hermano RENI, fue cuando sentí un disparo y venia mi hermano RENI gritando con las manos en la cabeza en la cabeza diciendo que José Rafael había matado a JESUS MANUEL LANDAETA, entonces yo Salí corriendo a avisarle a mi mamá y me devolví para donde estaba mi hermano tirado y lo recogí y lo lleve hasta el seguro..” , cursa inspección técnica criminalistica distinguida con el Nro. 1195, de fecha 24 de noviembre del año 2011, suscrita por el ciudadano Detective José Figuera, y agente Carlos Montilla, realizado al lugar del suceso, donde se deja constancia que se trata de un sitio de suceso abierto, de igual manera fue presentada en la audiencia de presentación resultado del examen médico forense realizado al ciudadano Jesús Manuel Landaeta Soto, en el cual se deja constancia que al examen físico realizado se observan heridas producidas por proyectiles percutidos por un arma de fuego, con cuatro orificios de entrada sin salida, además de herida de cincuenta centímetros suturada con perdida de masa encefálica, no existe respuesta pupilar ni estímulos dolorosos, se encuentra instaurado un edema cerebral y coma cerebral, en el cual se establece el carácter de la lesión como grave, así pues que pudiéramos encontrarnos ante el tipo penal precalificado por el Ministerio Público, como es el homicidio Intencional, previsto en el artículo 405 del Código Penal Venezolano, en relación con el 83 como un delito inacabado, hecho punible que prevé pena de prisión, no encontrándose prescrita la acción penal por cuanto el hecho ocurrió el día 14/11/2011; tal y como se verifica del conjunto de actuaciones que cursa a la presente causa, considera esta juzgadora que hasta esta fase de la investigación podríamos estar en presencia de los delitos precalificados por el Ministerio Público, encontrando fundamento tal aseveración en los plurales y concordantes elementos que devienen de actuaciones integrantes de la investigación y a las que se hiciera referencia ut supra, considerando igualmente una presunción razonable del peligro de fuga, por la pena que puede llegar a imponerse, por la magnitud del daño causado y por cuanto puede existir obstaculización en la investigación.

Llenos, por tanto, los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y visto que la razón que motiva la privación judicial preventiva de libertad, esto es, el aseguramiento de los imputados a los fines de someterse al proceso, en el caso en particular, por razones de posible pena a ser impuesta así como la magnitud del daño ocasionado, no puede ser satisfecha con la aplicación de otra medida menos gravosa de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que permita alcanzar los fines del proceso establecidos en el artículo 13 ejusdem con el juzgamiento en libertad del imputado JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia del mencionado ciudadano en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad de los ciudadanos JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384; de conformidad con los artículos 9, 243, 244, 247, 250, 251 numerales 2 y 3, así como su Parágrafo Primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que los imputados deberán permanecer en el Reten Policial de Guasina a la orden de este Tribunal. Y ASÍ SE DECIDE. Líbrense la respectiva boleta de encarcelación.

DISPOSITIVA

Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO DELTA AMACURO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY:
PRIMERO: Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al contenido de los artículos 13 y 372 ejusdem, y 257 de la Carta Magna.
SEGUNDO: Atendiendo a la normativa adjetiva legal patria y el articulado atinente a las medidas de coerción personal, su finalidad y procedencia en el desarrollo del proceso penal, aunado a la solicitud que en tal sentido planteara el representante fiscal, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia del investigado en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano JOSE RAFAEL MARQUEZ, venezolano, natural de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde nació en fecha edad 25 años, estado civil soltero, profesión u oficio agricultor, residenciado en San Rafael Av. Orinoco en el sector Brisas Aéreas en una casa tipo barraca al frente de la 04 calle de la floresta, grado de instrucción 02 año quien dijo ser hijo de José Rafael Márquez (v) y Nerviz Márquez (v), titular de las cédula de identidad numero: V-20.160.384; por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia de los tipos penales de Homicidio Intencional en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 405 en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, merecer este hecho punible pena corporal y no estar prescrita la acción penal, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que los referidos imputados han sido partícipes en la perpetración de los delitos y existir una presunción razonable de peligro de fuga; pronunciándose tal decreto judicial de conformidad con los artículos 9, 243, 244, 247, 250, 251 numerales 2 y 3, todos del texto adjetivo penal vigente, por lo que el imputado deberá permanecer en el Reten Policial de Guasina a la orden de este Tribunal, librándose la respectiva boleta de encarcelación.
TERCERO: Se declara con lugar las solicitudes formuladas por ambas partes de copias de las presentas actuaciones.
Se declara CON LUGAR el requerimiento fiscal.
Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes, déjese copia de la presente decisión.-
LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

ABOG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA
LA SECRETARIA,

Abg. MARJORYS MENDEZ