TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 10 de Mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-001639
ASUNTO : YP01-P-2010-001639

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABOG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
SECRETARIO: ABOG. MARIANNA MARIN.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCAL: DRA. VIRGINIA ARAY, Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.

VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.-

IMPUTADOS: MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893.

DEFENSA PRIVADA: Dr. ELVIS ARBELAEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V-8.950.981, abogado en el libre ejercicio de la profesión e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 48.918, con domicilio procesal en calle Petiòn Nro. 58, Tucupita, estado Delta Amacuro.-

DELITO: Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Penal del Ambiente.-

Corresponde a este tribunal emitir decisión en virtud de haberse celebrado en la presente causa seguida a los ciudadanos MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893, por la presunta comisión del delito de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente celebrándose el acto central de la fase intermedia, la audiencia preliminar, en la cual los imputados una vez admitida la acusación y que se le explicara con detalle las medidas alternativas a la prosecución del proceso, se acogió a una de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, de la admisión de los hechos con la finalidad de la Suspensión Condicional del proceso, en la cual se le suspendió el mismo, por un lapso de seis (06) meses, dictándose en la misma los siguientes pronunciamiento:

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Se constituyó el Tribunal Segundo de Control en la Sede del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, ubicado en su Sede de la Avenida Guasima de ésta Ciudad, en la Sala de Audiencias Nº 03, con el objeto de celebrar Audiencia Preliminar de los imputados MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893, por la presunta comisión de los Delitos de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, en perjuicio del ciudadano EDUARDO YANMAR CEQUEA.

Verificado como fuere la presencia de las partes se observo estar presentes la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, DRA. VIRGINIA ARAY, los imputados MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893 y el defensor privado DR. ELBIS ARVELAEZ, por lo que de seguidas se inicio a la audiencia y se les explico a todos los presentes del motivo de la presente audiencia.

Posteriormente la ciudadana Jueza se identifica frente a los Imputados y le concede el derecho de Palabra a la FISCAL AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO, Abg. VIRGINIA ARAY, quien expuso:

: ”El Ministerio Publico, cumpliendo con las formalidades establecidas en nuestra legislación, especialmente en el articulo 285, de nuestra Constitución Nacional, 108 y 36 del Código Orgánico Procesal Penal 11 y 36 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico ratifica formalmente la acusación presentada en fecha 29 de septiembre de 2010 en contra de los ciudadanos JUAN CARLOS SOTO, titular de la cedula de identidad N° V- 8.805.893 y MIRIAM JOSEFINA MACHADO, titular de la cedula de identidad N° V-8.933.966, plenamente identificados en actas, toda vez que fueron imputados por ante la representación fiscal, por encontrarse incurso en las circunstancias de modo tiempo y lugar detalladas en Acta Policial iniciada por oficio numero GN-BOLIVAR-GRAN-SIP 611-2009, de fecha 25 de agosto del presente año, emanado del Destacamento de N° 88 puesto el triunfo, de la guardia Nacional Bolivariana, donde se evidencia los hechos ocurridos en el Municipio Casacoima del Estado Delta Amacuro, en la cual se observo la tumba de cuatro árboles de guayabillo y cuatro de purgo para la elaboración de la cerca lo cual consta en la actuaciones insertas en el expediente de la cual se desprende la comisión de unos de los delitos previstos y sancionados en la ley penal del ambiente. Ahora bien ciudadano Juez el Ministerio Público ratifica la acusación presentada en contra de los referidos ciudadanos, por los delitos de DEGRADACION DE SUELO, TOPOGRAFIA Y PAISAJE previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, en perjuicio del Estado Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y sean admitidas todas las pruebas promovidas. De igual manera solicito el enjuiciamiento de los ciudadanos JUAN CARLOS SOTO, titular de la cedula de identidad N° V- 8.805.893 y MIRIAM JOSEFINA MACHADO, titular de la cedula de identidad N° V-8.933.966. Así mismo ratifico las pruebas promovidas tanto testimoniales como documentales a los fines de que sean debatidas en caso de ir a un debate oral y publico. Por último solicito copias simples de la presente acta Es todo”.”..

A continuación, la Ciudadana Jueza, dando cumplimiento al Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, e impone a los Imputados del Precepto Constitucional, establecido en el Artículo 49 Ordinales 3° y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de sus derechos establecidos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, se le señalo que le exime de declarar en causa propia y sin juramento alguno, y explica de manera clara, sencilla y detallada los hechos y circunstancias que le fueron imputados por el Representante Fiscal, en consecuencia la Ciudadana Juez, solicita al Secretario de Sala Identificar al Imputado de conformidad con los Artículos 126 y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificados de la siguiente manera MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893. Seguidamente, la Ciudadana Juez, de conformidad con el Artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, interroga al Imputado a objeto de si desea rendir declaración, quienes manifestaron su de deseo de acogerse al Precepto Constitucional que lo exime de rendir declaración. Es todo”.

Seguidamente, la Ciudadana Jueza, le concede el Derecho de palabra a la Defensa Privada Dr. Elvis Arvelaez, para que esgrima sus alegatos, quien en consecuencia, expone:

“En nombre y representación de mis defendidos solicito su libertad plena por cuanto no se ha demostrado a través de una experticia fijación fotográfica y de la calidad del suelo donde se cometió el presunto delito, a ninguno de mis defendido se le decomiso algún producto derivado de la tala de estos árboles ni se demostró que ellos hayan la deforestación de los mismos ni del daño de suelo o subsuelo donde se encontraban los árboles, ni existe ningún testigo que señale que mis defendidos fueron los que causaron tales delitos. Cabe señalar que mis defendidos son personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería y es costumbre milenaria el utilizar tantos árboles vivos como muertos para la delimitación de sus propiedades. Es por lo que solicito el sobreseimiento de la presente causa. Es todo”.”.

La ciudadana Juez durante la audiencia verifico que el escrito acusatorio, así como la exposición realizada por la representación fiscal en la presente audiencia cumpliera con los requisitos previstos en la ley y admitida como fuere la acusación presentada, así como las pruebas ofrecidas, apreciando la Juzgadora que quedaron debidamente cubiertos los requerimientos formales exigidos por el legislador en lo que a la acusación presentada por el representante fiscal respecta, siendo que su contenido y la exposición realizada por tal funcionario en sus intervenciones orales en la audiencia, denotan una relación de actuaciones cursantes a la investigación y precisión de los elementos que emergen de sus tenores y que guardan concordancia con un hecho acaecido, respecto del tipo penal de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, ya que se evidencia de todos los elementos de pruebas aportados por el fiscal del Ministerio Publico la presunta comisión del delito imputado, puntualizando el representante fiscal de manera ilustrativa y suficiente, a los fines requeridos por el legislador en el aludido artículo 326, los señalamientos contenidos en cada actuación enunciada que le permiten arribar a la aseveración de perpetración de un hecho con visos delictivos y su imputación al ciudadano MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893, además de haber hecho formal y expreso ofrecimiento de medios de prueba con ocasión de la presentación del escrito de acto conclusivo, dedicando para ello un capítulo intitulado “ofrecimiento de pruebas”, precisando, tal y como lo exige el numeral 5 del referido artículo 326, la pertinencia y necesidad de cada prueba promovida, lo cual precisara con indicación de razones que hacen útil la evacuación de cada medio de prueba ofrecido, así como lo explanara de manera más amplia y razonada en intervención oral en el acto de la audiencia preliminar. Seguidamente, este Juzgado, de conformidad con el citado artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, acordó admitir la acusación interpuesta en contra de los ciudadanos MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893, por la comisión del delito de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente respecto del hecho acontecido el día veinticinco (25) de Agosto del año dos mil nueve (2009), en el sector denominado Cuyita, jurisdicción del Municipio Autónomo Casacoima, cuando los precitados imputados, se encontraban talando cuatro árboles de la especie Guayabito y cuatro de la especie Purgo; existiendo, por tanto, fundamento serio para el enjuiciamiento público del ciudadano en commento; compartiendo, por tanto, en relación con este tipo penal la Juzgadora la calificación jurídica dada al hecho por la representación fiscal, se admitió, a tenor del numeral 9 del precitado artículo del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 197, 198, 239 y 354 ejusdem, las pruebas ofrecidas por el Fiscal de la Vindicta Pública, dada su licitud, legalidad, pertinencia y necesidad, vista la oportunidad procesal en que fuera ofrecida y la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la misma en lo que al proceso respecta. Y, siendo que el representante fiscal no solicitó la imposición de medida de coerción personal en cuanto a la persona de los entonces imputados, este Tribunal de primera instancia en función de control, atendiendo al principio de afirmación de la libertad, previsto en los artículos 9 y 243 ibidem, aunado al hecho que revelan las actuaciones de apersonamiento del imputado al llamado de la autoridad, lo que evidencia hasta la presente fecha una sujeción al proceso seguido en su contra, ratifica o mantiene el estado de libertad del mismo en la causa de marras. a continuación, una vez fuera acordada la admisión de la acusación, este órgano jurisdiccional instruye una vez más al acusado acerca de las medidas alternativas a la prosecución del proceso previstas en el texto adjetivo penal vigente, esto es, las contenidas en el Capítulo III del Título I del Libro Primero: del principio de oportunidad (artículos 37 y siguientes), de los acuerdos reparatorios (artículos 40 y 41), de la suspensión condicional del proceso (artículos 42 y siguientes), así como del procedimiento especial por admisión de los hechos establecido en el artículo 376, indicándole que puede hacer uso de las medidas que a su condición de acusados atañe, debiendo la Juzgadora pronunciarse a continuación del planteamiento que a bien tuviere hacer el mismo. Se les explico a los Acusados de manera, clara, sencilla y detallada las Medidas y sus consecuencias jurídicas. En este momento le es concedido el derecho de palabra a los ciudadanos acusados MIRIAN JOSEFINA MACHADO y JUAN CARLOS SOTO, quienes exponen, de manera individual: “Admito los hechos que se me imputan, a los fines de la Suspensión Condicional del Proceso, me comprometo a cumplir con las obligaciones que me imponga el tribunal y ofrezco como reparación una disculpa pública aquí para que me perdone.” Acto seguido, el Tribunal, en observancia de la norma del artículo 43 ejusdem, que impone oír al Fiscal del Ministerio Público y a la víctima, a los fines de manifestar su acuerdo u oposición en cuanto al requerimiento hecho por los acusados, concedió, consecuencialmente, el derecho de palabra a la Fiscal del Ministerio Público, tal representante, quien expuso que como garante del proceso y de la normativa legal vigente observa que si bien el delito no excede de tres (03) años en su límite máximo, hace procedente la medida solicitada por los acusados, y visto que han manifestado públicamente y sin coacción de ninguna naturaleza admitir plenamente el hecho que se le atribuye, emitiendo su opinión favorable, es por lo que, de conformidad con el referido artículo 43, a los efectos de otorgar o no la medida de suspensión condicional del proceso, considera que se encuentran cubiertos los requisitos del artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no excede de tres (03) años la pena en su término máximo, el acusado admitió el hecho y aceptó la responsabilidad respecto de los mismos, manifestando además, acogerse a las condiciones que el Tribunal pueda imponerle, además de ofrecer como reparación al daño causado, la siembra de 10 árboles en la escuela de la localidad, y visto que el Fiscal del Ministerio Público, han emitido sus opinión favorable.

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO

Ahora bien, este Tribunal antes de emitir el pronunciamiento respectivo, debe primeramente verificar, que efectivamente la solicitud realzada por los acusados en la presente causa y ratificada por su abogado defensor; se encuentre ajustada a nuestra legislación procesal la cual establece alguna figuras jurídicas nuevas, como son las medida alternativas a la prosecución del proceso, esto es que, al los acusados manifestar su voluntad, de manera libre y sin coacción acogerse a una de estas medidas, trae consigo una economía en el proceso, son figuras que presentan alternativas tanto para el titular de la acción penal, el Ministerio público, previstas en los artículos 37 y 39 de la norma adjetiva penal, los cuales son el principio de oportunidad y el supuesto especial ambos casos, para prescindir total o parcialmente de del ejercicio de la acción penal o la suspensión del ejercicio de la acción penal, de esta manera también trae consigo la norma adjetiva en relación a los procesados, previstos en los artículos 40, relativo a los acuerdos reparatorios, y los previstos en los artículos 42 Suspensión Condicional del proceso y 376 la admisión de los hechos para la imposición inmediata de la pena con una rebaja sustancial de la misma, en ambas figuras se prevé la admisión de la totalidad de los hechos imputados por el Ministerio público; en una de ellos para suspender el proceso con la imposición de obligaciones o condiciones a ser cumplidas en un plazo fijado prudencialmente o la admisión de los hechos para la imposición de la pena con una rebaja sustancial de la misma. Así siendo que el acusado ha manifestado de manera libre, espontánea y sin coacción alguna, que admite en su totalidad los hechos imputados por el fiscal y su deseo de acogerse a una de las medidas alternativas de la prosecución del proceso, específicamente la Suspensión Condicional del Proceso, establecida en el artículo 42 de la norma adjetiva penal, pasamos de seguidas a verificarse si se ajusta a los requerimientos exigidos, a saber, son los siguientes:
Artículo 42. Requisitos.- En los casos de delitos leves, cuya pena no exceda de tres años en su límite máximo, el imputado podrá solicitar al Juez de control o al Juez de Juicio si se trata de procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, siempre que admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo; se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho. A tal efecto el tribunal Supremo e Justicia, a través del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les haya sido suspendido el proceso por otro hecho. La solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueran impuestas por el tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de este Código. La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado.
Artículo 43. Procedimiento: A los efectos del otorgamiento o de no de la medida, el juez oirá al fiscal, al imputado y a la víctima, haya participado o no en el proceso, y resolverá, en la misma audiencia o a mas tardar, dentro de los tres días siguientes, salvo que el imputado estuviere privado de su libertad, en cuyo caso la decisión será dictada en un plazo no mayor de veinticuatro horas. La Resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso, y aprobará, negará o modificará la oferta de reparación presentada por el imputado, conforme a criterios de razonabilidad. En caso de existir oposición de la víctima y del Ministerio Público, el Juez deberá negar la petición. Esta decisión no tendrá apelación y se ordenará la apertura del juicio oral y público.
La suspensión del proceso podrá solicitarse, en cualquier momento luego de admitida la acusación presentada por el Ministerio Público y hasta antes de acordarse la apertura del juicio oral y público, o , en caso de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de la apertura del debate.
Artículo 44.- Condiciones. El Juez fijará el plazo del régimen de prueba que no podrá ser inferior a un año ni superior a dos, y determinará las condiciones que deberá cumplir el imputado, entre las siguientes:
1.- Residir en un lugar determinado.
2.- Prohibición de visitar determinados lugares o personas;
3.- Abstenerse de consumir drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de abusar de las bebidas alcohólicas;
4.- Participar en programas especiales de tratamiento, con el fin de abstenerse de consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bebidas alcohólicas;
5.- Comenzar o finalizar la escolaridad básica si no la tiene cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez;
6.- Prestar servicios o labores a favor del estado o instituciones de beneficio público.
7.- Someterse a tratamiento médico o psicológico;
8.- permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, un oficio, arte o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;
9.- No poseer o portar armas;
10.- No conducir vehículos, si este hubiese sido el medio de comisión del delito.
A proposición del Ministerio Público, de la víctima o del imputado, el Juez podrá acordar otras condiciones de conductas similares, cuando estime que resulten convenientes.
En todo caso el imputado deberá cumplir con la oferta de reparación acordada por la el Juez, y someterse a la vigilancia que determine éste.
El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte del delegado de prueba que designe el Juez, y en ningún caso, el plazo fijado podrá€xceder del término medio de la pena aplicable.
Artículo 45.- Efectos.- Finalizado el plazo o el régimen de pruebas, el Juez convocará a una audiencia, notificando de la realización de la misma al Ministerio Público, al imputado y a la víctima, y luego de verificado el total y cabal cumplimiento de todas las obligaciones impuestas, decretará el sobreseimiento de la causa.
Artículo 46.- Revocatoria. Si el imputado incumple en forma justificada alguna de las condiciones que se le impusieron, o de la investigación que continúe realizando el Ministerio Público surgen nuevos elementos de convicción que relacionen al imputado con otro u otros delitos, el Juez oirá al Ministerio Público, a la víctima y al imputado y decidirá mediante auto razonado acerca de las siguientes posibilidades:
1.- La revocación de la medida de suspensión del proceso, y en consecuencia la reanudación del mismo, procediendo a dictar la sentencia condenatoria, fundamentada en la admisión de los hechos efectuada por el imputado al momento de solicitar la medida;
2.- En lugar de la revocatoria, el Juez puede, por una sola vez, ampliar el plazo de prueba por un año más, previo el informe del delegado de prueba y oída la opinión favorable del Ministerio Público y de la víctima.
Si el imputado es procesado por un nuevo hecho punible, el Juez, una vez admitida la acusación por el nuevo hecho, revocará la suspensión condicional del proceso y resolverá lo pertinente.
En caso de revocatoria de la suspensión condicional del proceso, los pagos y prestaciones efectuados no serán restituidos.”

MOTIVACION PARA DECIDIR

Revisadas las exigencias de ley a los fines de la procedencia de la Suspensión Condicional del Proceso, como medida alternativa a la prosecución del proceso, aprecia quien aquí decide que en el caso sub exámine, una vez se pronunciara este Tribunal de primera instancia en función de control acerca de la admisión de la acusación presentada por la representante del Ministerio Público en contra de los ciudadanos MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893, por el delitos de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, con ocasión del hecho acontecido el día veinticinco (25) de agosto del año dos mil nueve (2009) en el sector Cuyita del Municipio Casacoima, cuando estos ordenaron la tala de árboles protegidos en zona protegida por lo que se evidencia que nos encontramos en presencia de un hecho punible, de acción pública, que no se encuentra prescrita, manifestando los acusados su responsabilidad en los hechos imputados por el Fiscal del Ministerio Público, a objeto de que se les acordase la Suspensión Condicional del Proceso, manifestando el compromiso de someterse a las condiciones que le impondría el Tribunal en caso de que se le acordase la Suspensión solicitada. Oyendo el Tribunal el criterio del Fiscal del Ministerio Público, no existiendo objeción alguna.

Así pues verificados como quedan los requisitos previstos e en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece primeramente tratarse de un delito, cuya pena no excede de tres años en su limite máximo, siendo que el fiscal del Ministerio Público, acuso por la comisión del delito de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, el cual establece una pena de tres (03) meses a seis (06) meses de arresto. Siendo que este delito en su límite superior no excede de los tres años, a que se refiere el contenido del artículo 42 en comento, por lo que perfectamente puede aplicarse esta nueva figura de medida alternativa de la prosecución del proceso; de igual manera se verifica la competencia del juez de control para imponer dicha suspensión y las obligaciones, ya que el artículo así específicamente lo señala, el imputado podrá solicitar al juez de control o al juez de juicio si se trata de un procedimiento abreviado. De igual manera han admitidos los acusados en su totalidad los hechos imputados por el fiscal del Ministerio Público, hechos estos ocurridos el día veinticinco (25) de Agosto del año dos mil nueve (2009).- Señala este artículo como otro requisito de procedibilidad para el otorgamiento de esta medida que los acusados tenga buena conducta predelictual y no estén sujetos a otra medida por otro hecho. Verificado como ha sido por este tribunal mediante el Sistema Juris 2000 que al efecto funciona en el Circuito que el acusado no tiene otra medida, tampoco consigno el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, antecedentes penales que pudieran indicar que el referido ciudadano tuviese una conducta proclive al delito. Ha expresado públicamente en esta sala su deseo de someterse a las condiciones que le sean impuestas por el tribunal y ofreciendo como oferta de reparación disculpas. Quedando, por tanto, cubiertos en su totalidad los requisitos exigidos por el legislador patrio a los fines de la procedencia de tal medida alternativa a la prosecución del proceso. De igual manera fueron todos impuestos de manera sencilla, clara pero precisa, que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, tal y como expresamente lo señala el artículo 46 de la norma adjetiva penal, que, de manera inmediata, se le puede dictar una sentencia condenatoria e imponer la pena, aplicable en el caso en concreto. Así pues, verificados los extremos de ley y siendo la oportunidad legal para emitirse el respectivo pronunciamiento atinente a solicitud realizada por los acusados de aprobarse una de las medidas alternativas a la prosecución del proceso que prevé la normativa legal venezolana, al resultar procedente y ajustado a derecho tal requerimiento, se acuerda de conformidad con el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 43 y 44 ejusdem, la Suspensión Condicional del Proceso, solicitada por los acusados en la audiencia oral fijándose el plazo de seis (06) meses, de conformidad con el último aparte del artículo 44 ibidem, quedando suspendido, consecuencialmente, por el lapso de tiempo indicado, el proceso seguido en contra de los ciudadanos MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893. Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora, conforme a los artículo 42, 43 y 44 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija el plazo de seis (06) meses como REGIMEN DE PRUEBA, y le impone al acusado las siguientes obligaciones: previstas en el artículo 44, ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la obligación de sembrara 10 árboles en la escuela de la localidad. Y ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal del Estando Delta Amacuro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, vista la exposición de los acusados, del abogado defensor y del Fiscal del Ministerio Público, ACUERDA:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO de la causa seguida a los ciudadanos MIRIAM JOSEFINA MACHADO, venezolana, nacida en fecha 08/08/62, de 48 años de edad, hija UBILMA MACHADO (V) y de AMBROCIO ASTUDILLO (V), residenciada en Puerto Ordaz, Manzana 17 N° 24 Villa Africana, grado de instrucción Licenciada en Administración, ocupación u oficio Comerciante con numero de teléfono 0414-8771093 y el titular de la cedula de identidad, V-8.933.966 y el ciudadano JUAN CARLOS SOTO, venezolana, nacido en fecha 06/03/68, de 43 años de edad, hija NOHELIA SOTO (V) y de CESAR FLORES (V), grado de instrucción Bachiller, residenciado en el Triunfo, calle Tucupita S/N, del Municipio Casacoima ocupación u oficio Ganadero, con numero de teléfono 0416-8856977, titular de la cedula de identidad, V-8.805.893 por el delito de Degradación de Suelos, Topografía y paisajes, previsto y sancionado en el articulo 43 de la Ley Penal del Ambiente, conforme a los artículos 42, 43 y 44 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se fija el plazo de seis (06) meses como régimen de pruebas, y se les impone a los acusados la obligación, previstas en el en el artículo 44, de la siembra de 10 árboles en la escuela de la localidad.-

Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión en el copiador de decisiones, las partes quedaron debidamente notificadas de la decisión emitida por el Tribunal en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia preliminar de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.-
LA JUEZ DE CONTROL NRO. 2

Abg. ADDA YUMAIRA ESPINOZA.
LA SECRETARIA,

ABOG MARIANA MARIN