TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUSCNRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 16 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-000578
ASUNTO : YP01-P-2010-000578

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
Juez Abg. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Secretario: ABG. MARJORYS MENDEZ.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
Fiscal: Abg. MARIANNA JIMENEZ, Fiscal Auxiliar Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Victima: venezolana, natural de Valera, estado Trujillo, donde nació en fecha 22/08/1992, de 17 años de edad, de estado civil soltera, de profesión u oficio Del Hogar, residenciada en la casa de la señora Gladys, en la Avenida la Rivera, Tucupita, estado Delta Amacuro,
Defensora Pública: Dr. OSWALDO EPREZ MARCANO, Defensora Pública Tercera Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
Imputado: JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281.-

Delito: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Trato Cruel, tipificado en el artículo 274 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes , ambos con el agravante del 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Corresponde a este tribunal emitir decisión en virtud de que se llevo a cabo audiencia de presentación de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de oír a las partes, en virtud de que la ciudadana fiscal del Ministerio Público, mediante escrito puso a disposición de este Órgano Jurisdiccional al ciudadano JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281, por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la y Trato Cruel, tipificado en el artículo 274 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en perjuicio de ambos con el agravante del 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se constituyó el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, en la sala de audiencias Nro. 03 de este Circuito Judicial, a los fines de realizar la Audiencia de Presentación de Imputado, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal al Ciudadano JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281, por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Trato Cruel, tipificado en el artículo 274 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en perjuicio de la infante , ambos con el agravante del 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Encontrándose presentes todas las partes, se declaró abierta la audiencia, cediéndosele la palabra al Fiscal Auxiliar Quinta del Ministerio Público, Abg. Marianna Jiménez, quien señalo las circunstancias en las cuales quedo detenido el ciudadano JOSE EDIXON TORRES RAMIREZ, realizando su exposición de la manera siguiente:

“…Esta Representación Fiscal pone a la orden de este Tribunal Segundo de Control al ciudadano JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, de 30 años de edad, nacido en fecha 18/10/1980, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal , Casa número 07, de esta localidad, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281, hijo de MARITZA RAMIREZ y del ciudadano JOSE HUMBERTO TORRES, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, y expuso: “De las actas de investigaciones penales, suscritas por el funcionario SEQUERA ELIAS, se desprende denuncia interpuesta por la ciudadana, XXX notificando que su pareja de nombre EDINSON TORRES, la habia agredido físicamente en el rostro a ella y a su bebé de tan sólo cinco (5) meses de nacida, luego de reciir dicha información procedió a realizar la búsqueda del denunciado en compañía del denunciante y con los funcionarios GANZALEZ RENE, COTUA KELVI y PATRI BELKIS, a la Heladería La Fuente, ubicada en el Paseo Malecón Manamo, de esta Ciudad, dirección expuesta por la denunciante, una vez en el lugar lograron avistar al denunciado a quien se le informó que se encontraba requerido ya que había una denuncia interpuesta en su contra por uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes. Cursa al folio 05 del expediente denuncia mediante la cual se observa exposición de la víctima en la cual menciona que el ciudadano JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ la agredió físicamente dándole golpes en la cara y también por que le dio una cachetada a su hija de tan solo cinco (5) meses de nacida. De las actas procesales cursan exámenes médicos forenses practicados a la ciudadana XXXX con un lapso de curación de 12 y 5 días respectivamente. Consta acta de inspección técnica criminalistica, asimismo del acta suscrita por el funcionario funcionario policial se observa que al verificar las posibles solicitudes de registro policial presentadas por el ciudadano se pudo constatar que el número de cédula de identidad no pertenece al ciudadano sino a una ciudadana DE LA ROSA DE GUTIERREZ ADONAI, de 73 años de edad. Ante estos hechos la Fiscalía precalifica tres artículos VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el delito TRATO CRUEL previsto en el artículo 274 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en perjuicio de la infante , ambos con el agravante del 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y el delito de FALSA TESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO, establecido en el artículo 320 del Código Penal. Es todo.…”

Dando cumplimiento a la normativa legal la juez impone al investigado del Precepto contenido en el artículo 49 numerales 3 y 5 de la Carta Magna, el cual expresamente señala que el esta eximido de declarar en su contra y que en caso de consentir a declarar lo hará son juramento, así como le explica de manera clara y sencilla de la imputación que realizara el Ministerio Público a su persona, tal y como lo señala el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido, la Ciudadana Jueza, solicita al Secretario de Sala Identificar al Imputado de conformidad con los Artículos 126 y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificado de la siguiente manera JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281. Seguidamente, la Ciudadana Jueza, de conformidad con el Artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, interroga al imputado a objeto de si desea rendir declaración, quien señalo su deseo de rendir declaración y lo hizo en los siguientes términos:

“…En relación a mi documentación mi número fue asignado en el Conscripto Militar de la Calle Amacuro de ésta Ciudad, del Estado Delta Amacuro, en un operativo de cedulación , en el cual me fue otorgado la Carta de Naturalización y comprobante de cédula de ciudadanía, con el número 81795281, tengo mi carta de naturalización y comprobante de fecha 19 de Abril de 2004, yo estuve hace quince días en extranjería para ver si había llegado la cédula, y me dijeron que tenía que llevar todos los documentos para que me fuera asignada la cédula como naturalizado. Incluso me dirigí me dijeron que llevara las partidas de nacimiento de mis hijas, tengo 8 años, estoy hablando de carta de naturalización, mas no de nacionalización, yo me dirigí al Consulado de Puerto Ordaz, y me dijeron que llevara las Partidas de Nacimiento de mis hijas, aquí en la Avenida Arismendi las solicité. Es todo”.

De los alegatos de la defensa ejercida en este acto por el Dr. OSWALDO PEREZ MARCANO, actuando en su carácter de defensor pública tercero penal, quien expone:

“…“No habiendo medicatura forense esta defensa se opone a la precalificación fiscal y se opone a las medidas solicitadas por el Ministerio Público por cuanto mi defendido ha manifestado a esta defensa que Jessica del Valle es quien lo busca y lo visita en el Retén Policial de Guasina y de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal se amplíe la declaración de dicha ciudadana y en tal sentido solicito la libertad plena del mismo. Es todo”.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Por cuanto ha manifestado la ciudadana Fiscal del Ministerio Público que requiere la presente causa se ventile por la vía del procedimiento especial establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello en virtud de que es mandato expreso de la referida ley que todos los procedimiento que se inicien con ocasión de los hechos punibles, sancionados en la misma, sean tramitados por la vía del procedimiento especial, que no debe exceder de los cuatro meses establecidos en el artículo 94, el cual señala: El Juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por la procedimiento especial aquí estipulado, aún en los supuestos de flagrancia previstos en el artículo anterior, con la salvedad consagrada en el parágrafo único del artículo 79, de que haya sido decretada medida privativa de libertad en contra del presunto agresor, ello en virtud de que le faltan. De igual manifestó que requieren de otras diligencias necesarias que practicar en la presente causa a los fines de determinar la responsabilidad penal o no del imputado, quedando vigentes las garantías procesales del mismo. Por tanto, apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad y consecuente concreción de la justicia, y dados los señalamientos realizados en su intervención en audiencia por parte del representante fiscal en cuanto a la labor de investigación que debe continuar a los fines de recabar, tanto los elementos exculpatorios como inculpatorios al investigado, los cuales de igual manera son de obligatoriedad dar cumplimiento, dado el carácter de obrar de buena fe, que tiene La Fiscalía del Ministerio Público; este Tribunal, de conformidad con el artículo 94 DE LA Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Y ASÍ SE DECIDE.
La nueva ley especial sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, establece un conjunto de medidas para garantizar de alguna manera la integridad física, intelectual, para su defensa con las cuales se pretende evitar que se produzcan acciones que las lesionen, se trata con estas medidas de sensibilizar y evitar que sigan siendo objeto de violencias, de maltratos de humillaciones, y de garantizar tanto su salud física como metal. La Violencia de que ha sido la mujer a lo largo de la historia, ha traído como consecuencia que se haya legislado, a nivel internacional, ha sido considerada como una violación de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos La Convención Sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en fecha 18 de Diciembre de 1979, la declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, convenios estos que de acuerdo al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son ley en nuestro país. De igual manera establece el artículo 2 de la Carta Magna, Venezuela se constituye en un Estado, democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos. Y al ser considerada la violencia contra la Mujer, en los Tratados y Convenios internaciones suscritos por nuestro país, una violación a los derechos humanos, en garantía de nuestra Constitución emergió esta ley orgánica para garantizar los derechos de las mujeres que están siendo afectadas en nuestro país por este grave situación, a los fines de brindar protección frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de condiciones jurídicas, adoptando medidas positivas favor de estas para que el ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Así pues en esta novedosa ley, con la cual se pretende garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de genero y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. En ella no solo se recogen los derechos, sino las sanciones, y medidas de protección, específicamente en la Sección Cuarta, de la referida ley en los artículos 87, 88 y 93, siendo las siguientes:
Artículo 87.- Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias. En consecuencia, éstas serán:
1. Referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención.
2. Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo de que trata el artículo 32 de esta Ley. En los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de abrigo tendrá carácter temporal.
3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente la confirmación y ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública.
4. Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior.
5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida.
6. Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, no realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
7. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio.
8. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente.
9. Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, independientemente de la profesión u oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que correspondan.
10. Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas, la suspensión del permiso de porte cuando exista una amenaza para la integridad de la víctima.
11. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los niños, niñas y adolescentes, y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección.
12. Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen de visitas al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos o hijas.
13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia

Artículo 91.- El Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, podrá:
1. Sustituir, modificar, confirmar o revocar las medidas de protección impuestas por el órgano receptor.
2. Acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia o el Ministerio Público.
3. Imponer cualquier otra medida de las previstas en los artículos 87 y 92, de acuerdo con las circunstancias que el caso presente.
Parágrafo Primero: Si la urgencia del caso lo amerita no será requisito para imponer la medida, el resultado del examen médico correspondiente, pudiendo subsanarse con cualquier otro medio probatorio que resulte idóneo, incluyendo la presencia de la mujer víctima de violencia en la audiencia.

El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, o en funciones de juicio, si fuere el caso, las siguientes medidas cautelares:
1. Arresto transitorio del agresor hasta por cuarenta y ocho horas que se cumplirá en el establecimiento que el tribunal acuerde.
2. Orden de prohibición de salida del país del presunto agresor, cuyo término lo fijará el tribunal de acuerdo con la gravedad de los hechos.
3. Prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o concubinaria, hasta un cincuenta por ciento (50%).
4. Prohibición para el presunto agresor de residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su nueva residencia, cuando existan evidencias de persecución por parte de éste.
5. Allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos de violencia.
6. Fijar una obligación alimentaria a favor de la mujer víctima de violencia, previa evaluación socioeconómica de ambas partes.
7. Imponer al presunto agresor la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género.
8. Cualquier otra medida necesaria para la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia.

En fecha dos (02) de mayo del año dos mil diez (2010), la ciudadana venezolana, natural de Valera, estado Trujillo, donde nació en fecha 22/08/1992, de 17 años de edad, de estado civil soltera, de profesión u oficio Del Hogar, residenciada en la casa de la señora Gladys, en la Avenida la Rivera, Tucupita, estado Delta Amacuro, , titular de la Cédula de Identidad Nº 20.655.073, compareció por ante la Policía del estado Delta Amacuro, con la finalidad e interponer denuncia en contra de su concubino ciudadano José Edixon Torres Ramírez, indicando en su denuncia lo siguiente: “Yo vengo a denunciar a mi expareja de nombre Edixon Torres porque me agredió físicamente dándome golpes en la cara y también porque le dio una cachetada a mi hija de tan solo cinco (05) meses de nacida..”, tal y como se desprende del acta de entrevista cursante al folio cinco (05) y su vuelto, de igual manera cursa acta policial suscrita por el inspector Sub-Inspector Sequera Elias, quien señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión del imputado, informe médico realizado a la lactante Edianyelis Torres, de seis meses de nacido, dejando constancia la Dra. Carrión De Araaue Morelia, que la niña presenta Equimosis en región perioribitaria izquierda, así como cursa examen médico forense realizado a la ciudadana Priolo Nisoranyelis, de 17 años de edad, dejando constancia en el examen médico forense a Dra. Carrión de Araque Morelia, lo siguiente: al examen físico presenta: Equimosisi en región frontal izquierda de 03 cms. y en hemicara izquierda, Edema y aumento de volumen región cigomática derecha, dos (02) excoriaciones de 03 cms en mentón, excoriación de 06 cms en hombro izquierdo; la Fiscal del Ministerio Público, solicito la imposición de medidas de protección por lo que en estricto cumplimiento a Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este tribunal, le imponen medidas de protección a los fines de garantizar la integridad física de la ciudadana y por cuanto a criterio de esta juzgadora y vistas las actas que conforman la presente investigación, se verifican que se configuran el tipo penal precalificado por la fiscal del Ministerio Público, y que deben imponerse medidas que aseguren la integridad física de las víctimas en la presente causa, quienes fueron objeto de violencia física por parte de su pareja y padre, y se debe en garantía de este derecho establecido en la norma que al efecto rige para la protección de las mujeres víctimas dentro del seno del hogar, se le ordenó al ciudadano JOSE EDIXON TORRES RAMIREZ, medidas de las contenida en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 87 numerales 3, 5 y 6, consistentes estas en la salida inmediata de la vivienda en común, prohibición por parte del ciudadano JOSE EDIXON RAMIREZ TORRES, de acercarse a la víctima, a su casa, a su lugar de trabajo y estudio, así como la prohibición de que realice cualquier acto de intimidación o acoso, por si mismo o por terceras personas, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia. Y ASI SE DECIDE
Ahora, corresponde el análisis de la solicitud que realizará la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a la medida de coerción personal para el ciudadano JOSE EDIXON RAMIREZ TORRES, a los fines de la imposición de la medida en cuestión, debemos verificar que nos encontramos ante delitos previstos y castigados por el ordenamiento jurídico patrio con pena privativa de libertad y cuya acción penal, en el presente caso, no se encuentra prescrita, existiendo así mismo fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano JOSE EDIXON RAMIREZ TORRES, haya tenido algún tipo de participación en los mismos, por tanto, cubiertos los extremos acumulativos exigidos por el legislador a los fines de proceder un pronunciamiento judicial de imposición de medida de coerción personal, de ameritarlo el caso, como medida asegurativa para que el ciudadano concurra a los actos sucesivos del procesos. Y, resultan acreditados tales extremos del análisis realizado a las actuaciones, toda vez que el acta de denuncia interponer denuncia en contra de su concubino ciudadano José Edixon Torres Ramírez, indicando en su denuncia lo siguiente: “Yo vengo a denunciar a mi expareja de nombre Edixon Torres porque me agredió físicamente dándome golpes en la cara y también porque le dio una cachetada a mi hija de tan solo cinco (05) meses de nacida..”, tal y como se desprende del acta de entrevista cursante al folio cinco (05) y su vuelto, de igual manera cursa acta policial suscrita por el inspector Sub-Inspector Sequera Elias, quien señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión del imputado, informe médico realizado a la lactante Edianyelis Torres, de seis meses de nacido, dejando constancia la Dra. Carrión De Araaue Morelia, que la niña presenta Equimosis en región perioribitaria izquierda, así como cursa examen médico forense realizado a la ciudadana Priolo Nisoranyelis, de 17 años de edad, dejando constancia en el examen médico forense a Dra. Carrión de Araque Morelia, lo siguiente: al examen físico presenta: Equimosisi en región frontal izquierda de 03 cms. y en hemicara izquierda, Edema y aumento de volumen región cigomática derecha, dos (02) excoriaciones de 03 cms en mentón, excoriación de 06 cms en hombro izquierdo; todo lo cual afianza o refuerza la acreditación de la existencia de un hecho punible y que, a su vez resulta suficiente para comprometer, en cuanto a su participación, al ciudadano hoy investigado. Así pues, se observa que el análisis realizado a los elementos ut supra precisados, lleva a esta Juzgadora arribar a la conclusión de que se encuentra configurado los tipos penales de Violencia Física, Trato Cruel y Falsa Atestación ante Funcionario Público, que existen elementos de convicción suficientes para estimar la participación en el mismo por parte del ciudadano JOSE EDIXON RAMIREZ TORRES, siendo que para la imposición de medidas de coerción personal se hace necesaria la concurrencia de los presupuestos esenciales de la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, además de contar con fundados elementos de convicción que permitan suponer que el imputado ha tenido participación en la perpetración del hecho delictivo; fundamentan el derecho del Estado a perseguir y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento sobre el investigado, requiriéndose, por tanto, para la legitimidad de este supuesto de excepción a la libertad individual que autoriza la Carta Magna, la concurrencia de estos extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso objeto de análisis considera esta Juzgadora que han quedado acreditadas todas y cada una de dichas exigencias, por lo que dada la razón que motiva la imposición de una medida cautelar, a saber, el aseguramiento del imputado a los fines de someterse a los actos del proceso y no ver frustrado los resultados del mismo y, por ende, el ideal de la Justicia, finalidad esta que se impone en la presente causa por las razones de necesidad expuestas, lo que puede lograrse con la aplicación de una medida menos gravosa a la privación preventiva de libertad, tal como la modalidad cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 del texto adjetivo penal vigente, y consecuente juzgamiento en libertad del imputado. Y, en este orden de ideas, debe precisarse que rigen en toda su extensión los principios generales que norman la imposición de las medidas de coerción personal, previstas en los artículos 243, 244, 246 y 256 ejusdem, por lo que dada la connotación que en el sistema acusatorio tienen los principios de libertad y proporcionalidad en el aseguramiento del imputado, tal y como expresamente lo señala el artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Así como del contenido del Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”. Así como el contenido del artículo 253 de la norma adjetiva penal el cual señala que cuando los delitos materia del proceso merezcan una pena privativa de libertad que no exceda de tres (03) años en su límite máximo y el imputado haya tenido una conducta predelictual, solo procederán medidas cautelares. Así pues, en atención a los artículos 44 numeral 1 y 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, disposiciones que consagran uno de los principios rectores del debido proceso, cual es, la presunción de inocencia; y los artículos 9 y 243 del mismo texto adjetivo penal patrio, que recogen el estado y afirmación de libertad, todos estos principios fundamentales en materia de justicia penal consagrados en nuestra Carta Magna, y contenidos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela; por lo que en acatamiento y observancia a su ineludible obligación de asegurar la integridad de la norma suprema y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales se erige el derecho a la libertad, luego del derecho a la vida, como el más preciado y merecedor de todo respeto de los derechos inherentes a la persona, y ponderando la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, a los fines de aplicar la proporcionalidad exigida por el legislador a los operadores de Justicia, acuerda imponer al ciudadano : JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281, medida cautelar contenida en el artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentación cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público se pronuncie respecto de un acto conclusivo, pero que de ser una acusación, se mantendrá hasta la realización del juicio o un nuevo pronunciamiento judicial, todo ello en correcta correspondencia con el artículo 44 numeral 1 de la Carta Magna, en relación con los artículos 9, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 256, numeral 3, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Y, como consecuencia de este pronunciamiento que implica el juzgamiento en libertad del imputado, se acuerda librar la boleta de excarcelación correspondiente.
De igual manera se acuerda la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, a los fines de que presente el acto conclusivo en la presente causa, una vez transcurrido el lapso legal establecido para ejercer los recursos que consideren pertinentes las partes. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en La ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se ordena la aplicación del procedimiento especial, de conformidad con el 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en atención al contenido de los artículos 13 y 372 ejusdem, y 257 de la Carta Magna, debiendo remitirse las actuaciones en su oportunidad legal a la Fiscalía presentante a los fines legales consiguientes.
SEGUNDO: A los fines de garantizar la integridad y protección de la mujer víctima de violencia, ciudadana y la Niña , se le imponen al ciudadano JOSE EDIXON TORRES RAMIREZ, cédula de identidad N° E-81.745.281, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 92 en relación con el artículo 87 numerales 3, 5 y 6 de la Ley orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, salida inmediata del hogar común, prohibición por parte del ciudadano JOSE EDIXON RAMIREZ TORRES, de acercarse a la víctima, a su casa, a su lugar de trabajo y estudio, así como la prohibición de que realice cualquier acto de intimidación o acoso, por si mismo o por terceras personas, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia.
TERCERO: Se consideran acreditados los extremos requeridos por el artículo 250 del texto adjetivo penal patrio para la procedencia de una medida de coerción personal, por lo que, en virtud de la finalidad de aseguramiento procesal que conlleva la imposición de tales medidas cautelares y su necesidad en el caso de marras, de conformidad con los artículos 44 numeral 1 del Texto Fundamental, en relación con los artículos 8, 9, 243, 244, 246, 247, 253, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal, se impone al ciudadano JOSE EDINSON TORRES RAMIREZ, Colombiano, natural de Departamento del Norte de Santander, Colombia, nacido en fecha 18/10/1980, de 30 años de edad, hijo de Maritza Ramírez y del José Humberto Torres, estado civil soltero, profesión u oficio Comerciante, residenciado en la Avenida Rivera, Calle Principal, Casa número 07, de esta localidad, grado de instrucción quinto semestre de estudios jurídicos, trabaja como Comerciante en el negocio de las comidas, titular de la Cédula de Identidad N° E-81795281, medida cautelar contenida en el numeral 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes esta en la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público se pronuncie respecto de un acto conclusivo, pero que de ser una acusación, se mantendrá hasta la realización del juicio o un nuevo pronunciamiento judicial, todo ello en correcta correspondencia con el artículo 44 numeral 1 de la Carta Magna, en relación con los artículos 9, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 256, numerales 2 y 3, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Pena246, 247, 250, 253, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de Violencia Física, Violencia Psicológica y Violencia Patrimonial, previstos y sancionados en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Trato Cruel, tipificado en el artículo 274 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en perjuicio de la infante , ambos con el agravante del 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y, como consecuencia de este pronunciamiento que implica el juzgamiento en libertad del imputado, se acuerda librar la boleta de excarcelación correspondiente.
Se declara CON LUGAR, la solicitud fiscal.
Regístrese, publíquese, las partes quedaron debidamente notificadas de la decisión emitida en sala conforme a lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal notifíquese, déjese copia de la presente decisión, remítase al Ministerio Público.
LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

ADDA YUMAIRA ESPINOZA

EL SECRETARIO,

ABOG. MARJORYS MENDEZ