TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 28 de Enero de 2012
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2012-000006
ASUNTO : YP01-P-2012-000006

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
Juez Abg. ADDA YUMAIRA ESPINOZA, Juez Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Secretaria: ABG. MARJORYS MENDEZ.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
Fiscal: Abg. JOSE ALFREDO CONTRERAS, Fiscal Segundo Comisionado del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Victima: YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ, venezolana, natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, donde nació en fecha 17/06/1970, de 41 años de edad, de estado civil soltera, de profesión u oficio: enfermera, titular de la cédula de identidad Nº 9.867.430, residenciada en Deltaven, vía Guasina, por la entrada del Tecnológico la tercera casa de color verde, teléfono de ubicación 0416-3952017, Tucupita, estado Delta Amacuro.-
Defensor Público: Dra. DAYSI MILLAN, Defensora Pública Cuarta Penal adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
Imputado: JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659.-
Delito: Violencia Psicológica y Amenaza, previstos y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Corresponde a este tribunal emitir decisión en virtud de que se llevo a cabo audiencia de presentación de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de oír a las partes, en virtud de que el ciudadano fiscal del Ministerio Público, mediante escrito puso a disposición de este Órgano Jurisdiccional al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ.

Se constituyó el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, en la sala de audiencias Nro. 03 de este Circuito Judicial, a los fines de realizar la Audiencia de Presentación de Imputado, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ.

Encontrándose presentes todas las partes, se declaró abierta la audiencia, cediéndosele la palabra al Fiscal Primero del Ministerio Público, Abg. Noel Antonio Rivas Acosta, quien señalo las circunstancias en las cuales quedo detenido el ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, realizando su exposición de la manera siguiente:

“…“El Ministerio Público en tiempo oportuno y muy respetuosamente ocurre ante su competente autoridad con la finalidad de presentar formal imputación ante este Tribunal de Control al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de esta ciudad, de 22 años de edad, fecha de nacimiento 11/12/1989, estado civil soltero profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado , residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, grado de instrucción bachiller, quien dijo ser hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), por considerarlo responsable como autor, la comisión del delito previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en agravio de la ciudadana YILIANA YUBIRIS CEDEÑO MENDEZ, hechos acaecido el día Martes tres (03) de enero del presenten año aproximadamente a las 01:30 horas de la madrugada, cuando los funcionarios actuantes adscritos a la Comandancia General de Policía del estado OFICIAL/ JEFE (PD) GONZALEZ JOSE, OFICIAL (PD) VALERO JOSE, dejan constancia de la siguientes policial efectuada “ siendo aproximadamente las 01: 30 horas de la madrugada encontrándose en labores de patrullaje fueron comisionados por le jefe de la ofician de inteligencias para que en compañía de la ciudadana CEDEÑO MENDEZ YILIANA YUBIRIS de 41 años de edad se trasladaran al barrio deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico de esta ciudad con la finalidad de ubicar al ciudadano JOSE MANUEL GONZALEZ ya que la misma lo había denunciado por agredirla verbalmente y amenazarla con agredirla físicamente y una vez en el lugar antes mencionado la ciudadana en mención nos señalo a un sujeto que se encontraba en la esquina sin camisa y descalzo de inmediato procedimos a darle la voz de alto e identificarnos como funcionarios policiales posteriormente se le realizo una inspección de persona amparados en le articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal no encontrándole nada adherido a su cuerpo de interés criminalistico seguidamente participándole que quedaría detenido por estar presuntamente incurso en uno del os delitos previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia se le leyeron sus derecho de acuerdo a lo consagrado en le articulo 49 Constitucional en concordancia con el articulo 125 Código Orgánico Procesal Penal …así mismo riela al folio 05 acta de entrevista a la ciudadana CEDEÑO MENDEZ YILIANA YUBIRIS donde la misma manifestaos “ yo estaba trabajando y me llamaron para decirme que mi hijo estaba tirado en la carretera todo rasguñado y yo fui para haya a ver cuando lo vi estaba con unos amigos por haya y le dije que se fuera para la casa y se molesto me grito me insulto y quiso darme un golpe y el señor del taxis que me llevo le dio un golpe al carro y se encontraba medio tomado ….” Asimismo riela acta de Inspección técnica Nº 002 realizada la lugar de los hechos; Ahora bien ciudadana Juez, una vez leídas todas las actas que conforman la presente causa se evidencia que nos encontramos en presencia de un hecho punible de acción pública cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, esta representación fiscal precalifica el Delito como de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto en el artículos 39 y AMENAZA prevista y sancionada en el articulo 41 en su encabezamiento todos de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en agravio de la ciudadana CEDEÑO MENDEZ YILIANA YUBIRIS, Solicito que la presente causa sea ventilada por la vía del procedimiento especial al cual se contrae el articulo 94, de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley Especial que se le dicten medidas de protección a la víctima establecidos en el artículo 87 ordinales, 5to y 6to de la ley especial, consistente en la prohibición de acercarse a la víctima y de intimidarla por el imputado o por terceras personas, de igual formas solicito que se le imponga medida cautelar prevista en el artículo 256 Nº 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente presentaciones periódicas cada 15 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y solicito Copia Simple de la presente acta y sean devueltas las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público a los fines de continuar con las investigaciones, condigno doce (12) folios utiles a los fines de que sean agregados. Es todo”.

Dando cumplimiento a la normativa legal la juez impone al investigado del Precepto contenido en el artículo 49 numerales 3 y 5 de la Carta Magna, el cual expresamente señala que el esta eximido de declarar en su contra y que en caso de consentir a declarar lo hará son juramento, así como le explica de manera clara y sencilla de la imputación que realizara el Ministerio Público a su persona, tal y como lo señala el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido, la Ciudadana Jueza, solicita al Secretario de Sala Identificar al Imputado de conformidad con los Artículos 126 y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificado de la siguiente manera JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659. Seguidamente, la Ciudadana Jueza, de conformidad con el Artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, interroga al imputado a objeto de si desea rendir declaración, quien manifiesta su deseo de acogerse al precepto Constitucional.-

“

De los alegatos de la defensa ejercida en este acto por la Dr. CLARENSSE RUSSIAN, actuando en su carácter de defensor público segundo penal, quien expone:

“Oída la precalificación del Ministerio Publico, y visto las actuaciones esta defensa solista muy respetuosamente la Libertad Sin Restricciones de conformidad a lo establecido en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo.”

DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Por cuanto ha manifestado el ciudadano Fiscal del Ministerio Público que requiere la presente causa se ventile por la vía del procedimiento especial establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello en virtud de que es mandato expreso de la referida ley que todos los procedimiento que se inicien con ocasión de los hechos punibles, sancionados en la misma, sean tramitados por la vía del procedimiento especial, que no debe exceder de los cuatro meses establecidos en el artículo 94, el cual señala: El Juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por la procedimiento especial aquí estipulado, aún en los supuestos de flagrancia previstos en el artículo anterior, con la salvedad consagrada en el parágrafo único del artículo 79, de que haya sido decretada medida privativa de libertad en contra del presunto agresor, ello en virtud de que le faltan . De igual manifestó que requieren de otras diligencias necesarias que practicar en la presente causa a los fines de determinar la responsabilidad penal o no del imputado, quedando vigentes las garantías procesales del mismo. Por tanto, apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad y consecuente concreción de la justicia, y dados los señalamientos realizados en su intervención en audiencia por parte del representante fiscal en cuanto a la labor de investigación que debe continuar a los fines de recabar, tanto los elementos exculpatorios como inculpatorios al investigado, los cuales de igual manera son de obligatoriedad dar cumplimiento, dado el carácter de obrar de buena fe, que tiene La Fiscalía del Ministerio Público; este Tribunal, de conformidad con el artículo 94 DE LA Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Y ASÍ SE DECIDE.
La nueva ley especial sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, establece un conjunto de medidas para garantizar de alguna manera la integridad física, intelectual, para su defensa con las cuales se pretende evitar que se produzcan acciones que las lesionen, se trata con estas medidas de sensibilizar y evitar que sigan siendo objeto de violencias, de maltratos de humillaciones, y de garantizar tanto su salud física como metal. La Violencia de que ha sido la mujer a lo largo de la historia, ha traído como consecuencia que se haya legislado, a nivel internacional, ha sido considerada como una violación de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos La Convención Sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en fecha 18 de Diciembre de 1979, la declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, convenios estos que de acuerdo al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son ley en nuestro país. De igual manera establece el artículo 2 de la Carta Magna, Venezuela se constituye en un Estado, democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos. Y al ser considerada la violencia contra la Mujer, en los Tratados y Convenios internaciones suscritos por nuestro país, una violación a los derechos humanos, en garantía de nuestra Constitución emergió esta ley orgánica para garantizar los derechos de las mujeres que están siendo afectadas en nuestro país por este grave situación, a los fines de brindar protección frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de condiciones jurídicas, adoptando medidas positivas favor de estas para que el ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Así pues en esta novedosa ley, con la cual se pretende garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de genero y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. En ella no solo se recogen los derechos, sino las sanciones, y medidas de protección, específicamente en la Sección Cuarta, de la referida ley en los artículos 87, 88 y 93, siendo las siguientes:
Artículo 87.- Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias. En consecuencia, éstas serán:
1. Referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención.
2. Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo de que trata el artículo 32 de esta Ley. En los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de abrigo tendrá carácter temporal.
3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente la confirmación y ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública.
4. Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior.
5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida.
6. Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, no realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
7. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio.
8. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente.
9. Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, independientemente de la profesión u oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que correspondan.
10. Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas, la suspensión del permiso de porte cuando exista una amenaza para la integridad de la víctima.
11. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los niños, niñas y adolescentes, y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección.
12. Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen de visitas al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos o hijas.
13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia

Artículo 91.- El Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, podrá:
1. Sustituir, modificar, confirmar o revocar las medidas de protección impuestas por el órgano receptor.
2. Acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia o el Ministerio Público.
3. Imponer cualquier otra medida de las previstas en los artículos 87 y 92, de acuerdo con las circunstancias que el caso presente.
Parágrafo Primero: Si la urgencia del caso lo amerita no será requisito para imponer la medida, el resultado del examen médico correspondiente, pudiendo subsanarse con cualquier otro medio probatorio que resulte idóneo, incluyendo la presencia de la mujer víctima de violencia en la audiencia.

El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, o en funciones de juicio, si fuere el caso, las siguientes medidas cautelares:
1. Arresto transitorio del agresor hasta por cuarenta y ocho horas que se cumplirá en el establecimiento que el tribunal acuerde.
2. Orden de prohibición de salida del país del presunto agresor, cuyo término lo fijará el tribunal de acuerdo con la gravedad de los hechos.
3. Prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o concubinaria, hasta un cincuenta por ciento (50%).
4. Prohibición para el presunto agresor de residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su nueva residencia, cuando existan evidencias de persecución por parte de éste.
5. Allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos de violencia.
6. Fijar una obligación alimentaria a favor de la mujer víctima de violencia, previa evaluación socioeconómica de ambas partes.
7. Imponer al presunto agresor la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género.
8. Cualquier otra medida necesaria para la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia.

En fecha tres (03) de enero del año dos mil doce (2012), la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ, compareció de manera espontáneamente por ante la Policía con la finalidad de rendir entrevista, en la cual señalo lo siguiente: Yo estaba trabajando y me llamaron para decirme que mi hijo estaba tirado en la carretera todo rasjuñao y yo fui para ver cuando lo vi estaba con unos amigos por allá, y le dije que se fuera para la casa y se molestó y me grito, me insulto y quiso darme un golpe y el señor del taxi que me llevo le dio un golpe para el carro y estaba medio tomado.”, tal y como se desprende del acta de entrevista que cursa en las presentes actuiones, de igual manera cursa acta policial de fecha tres (03) de enero del año dos mil doce (2012), suscrita por los funcionarios Oficial jefe José González y Valero José, quienes dejaron constancia de haber recibido instrucciones del Jefe de la oficina de inteligencia de trasladarse hacia el sector de Deltaven en compañía de la ciudadana Cedeño Méndez Yuliana Yubiri, a los fines ubicar al ciudadano José Manuel González, dejan constancia de haberlo ubicado y le manifestaron que quedaría detenido por estar presuntamente incurso en la comisión de uno de los delitos de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cursa acta de imposición de los derechos realizada al imputado González Cedeño José Ángel; el Fiscal del Ministerio Público, solicito la imposición de medidas de protección por lo que en estricto cumplimiento a Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este tribunal, le imponen medidas de protección a los fines de garantizar la integridad física de la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ y por cuanto a criterio de esta juzgadora y vistas las actas que conforman la presente investigación, se verifican que se configuran los tipos penales precalificados por el fiscal del Ministerio Público, y que deben imponerse medidas que aseguren la integridad física de la víctima en la presente causa, quien fue objeto de amenaza y violencia psicológica, por parte de su hijo, y se debe en garantía de este derecho establecido en la norma que al efecto rige para la protección de las mujeres víctimas dentro del seno del hogar, se le ordenó al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, medidas de las contenida en el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 87 numerales 3, 5 y 6, consistentes estas en la prohibición por parte del ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO de agredir a su mamá, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia. Y ASI SE DECIDE
Ahora, corresponde el análisis de la solicitud que realizará el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a la medida de coerción personal para el ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, a los fines de la imposición de la medida en cuestión, debemos verificar que nos encontramos ante un delito previsto y castigado por el ordenamiento jurídico patrio con pena privativa de libertad y cuya acción penal, en el presente caso, no se encuentra prescrita, existiendo así mismo fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, haya tenido algún tipo de participación en el mismo, por tanto, cubiertos los extremos acumulativos exigidos por el legislador a los fines de proceder un pronunciamiento judicial de imposición de medida de coerción personal, de ameritarlo el caso, como medida asegurativa para que el ciudadano concurra a los actos sucesivos del procesos. Y, resultan acreditados tales extremos del análisis realizado a las actuaciones, toda vez que el acta de entrevista de fecha tres (20) de enero del año dos mil diez (2010) realizada a la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ, quien acudió a la Comandancia de la Policía a los fines de interponer denuncia en contra de su pareja Víctor José Malave Moreno, indicando en su denuncia lo siguiente: “Yo estaba por el cementerio que esta cerca de mi casa que estábamos recogiendo un dinero para cubrir los gastos de un señor que se murió y le van a hacer los rezos, después de allí cuando me voy camino a casa que voy llegando se me viene detrás de mi Victor Malave, que es mi expareja, yo entre en mi casa y el entró también, me di cuenta d que estaba un poco tomado, le dije que se sentara para hablar pero él no quiso y allí empezó a discutir conmigo y comenzó a insultarme y a decirme groserías feas, diciéndome esa casa era suya, después agarro un televisor pequeño ue estaba en la sala para tirarlo al piso y yo se lo tuve que quitar e las manos, allí empezó a golpear con las manos un freezer (nevera) y lo quería voltear y cuando lo agarre me dio un golpe por el brazo izquierdo y comenzamos a forcejear y de allí vino mi hijo Julio César que tiene 13 años de edad y lo aguanto y le dijo que me dejara quieta pero el me agarro por el cuello y me apretó y como pude me solté y me salí de la casa con mi hijo y me vine para la policía…” tal y como se desprende del acta de entrevista cursante al folio tres (03) de enero del año dos mil doce (2012), la ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ, compareció de manera espontáneamente por ante la Policía con la finalidad de rendir entrevista, en la cual señalo lo siguiente: Yo estaba trabajando y me llamaron para decirme que mi hijo estaba tirado en la carretera todo rasjuñao y yo fui para ver cuando lo vi estaba con unos amigos por allá, y le dije que se fuera para la casa y se molestó y me grito, me insulto y quiso darme un golpe y el señor del taxi que me llevo le dio un golpe para el carro y estaba medio tomado.”, tal y como se desprende del acta de entrevista que cursa en las presentes actuiones, de igual manera cursa acta policial de fecha tres (03) de enero del año dos mil doce (2012), suscrita por los funcionarios Oficial jefe José González y Valero José, quienes dejaron constancia de haber recibido instrucciones del Jefe de la oficina de inteligencia de trasladarse hacia el sector de Deltaven en compañía de la ciudadana Cedeño Méndez Yuliana Yubiri, a los fines ubicar al ciudadano José Manuel González, dejan constancia de haberlo ubicado y le manifestaron que quedaría detenido por estar presuntamente incurso en la comisión de uno de los delitos de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cursa acta de imposición de los derechos realizada al imputado González Cedeño José Ángel; todo lo cual afianza o refuerza la acreditación de la existencia de un hecho punible y que, a su vez resulta suficiente para comprometer, en cuanto a su participación, al ciudadano hoy investigado. Así pues, se observa que el análisis realizado a los elementos ut supra precisados, lleva a esta Juzgadora arribar a la conclusión de que se encuentra configurado los tipos penales de Violencia Psicológica, y amenaza, que existen elementos de convicción suficientes para estimar la participación en el mismo por parte del ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, siendo que para la imposición de medidas de coerción personal se hace necesaria la concurrencia de los presupuestos esenciales de la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, además de contar con fundados elementos de convicción que permitan suponer que el imputado ha tenido participación en la perpetración del hecho delictivo; fundamentan el derecho del Estado a perseguir y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento sobre el investigado, requiriéndose, por tanto, para la legitimidad de este supuesto de excepción a la libertad individual que autoriza la Carta Magna, la concurrencia de estos extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso objeto de análisis considera esta Juzgadora que han quedado acreditadas todas y cada una de dichas exigencias, por lo que dada la razón que motiva la imposición de una medida cautelar, a saber, el aseguramiento del imputado a los fines de someterse a los actos del proceso y no ver frustrado los resultados del mismo y, por ende, el ideal de la Justicia, finalidad esta que se impone en la presente causa por las razones de necesidad expuestas, lo que puede lograrse con la aplicación de una medida menos gravosa a la privación preventiva de libertad, tal como la modalidad cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 del texto adjetivo penal vigente, y consecuente juzgamiento en libertad del imputado. Y, en este orden de ideas, debe precisarse que rigen en toda su extensión los principios generales que norman la imposición de las medidas de coerción personal, previstas en los artículos 243, 244, 246 y 256 ejusdem, por lo que dada la connotación que en el sistema acusatorio tienen los principios de libertad y proporcionalidad en el aseguramiento del imputado, tal y como expresamente lo señala el artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Así como del contenido del Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”. Así como el contenido del artículo 253 de la norma adjetiva penal el cual señala que cuando los delitos materia del proceso merezcan una pena privativa de libertad que no exceda de tres (03) años en su límite máximo y el imputado haya tenido una conducta predelictual, solo procederán medidas cautelares. Así pues, en atención a los artículos 44 numeral 1 y 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, disposiciones que consagran uno de los principios rectores del debido proceso, cual es, la presunción de inocencia; y los artículos 9 y 243 del mismo texto adjetivo penal patrio, que recogen el estado y afirmación de libertad, todos estos principios fundamentales en materia de justicia penal consagrados en nuestra Carta Magna, y contenidos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela; por lo que en acatamiento y observancia a su ineludible obligación de asegurar la integridad de la norma suprema y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales se erige el derecho a la libertad, luego del derecho a la vida, como el más preciado y merecedor de todo respeto de los derechos inherentes a la persona, y ponderando la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, a los fines de aplicar la proporcionalidad exigida por el legislador a los operadores de Justicia, acuerda imponer al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, medida cautelar contenida en el artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentación cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público se pronuncie respecto de un acto conclusivo, pero que de ser una acusación, se mantendrá hasta la realización del juicio o un nuevo pronunciamiento judicial, todo ello en correcta correspondencia con el artículo 44 numeral 1 de la Carta Magna, en relación con los artículos 9, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 256, numeral 3, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE. Y, como consecuencia de este pronunciamiento que implica el juzgamiento en libertad del imputado, se acuerda librar la boleta de excarcelación correspondiente.
De igual manera se acuerda la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a los fines de que presente el acto conclusivo en la presente causa, una vez transcurrido el lapso legal establecido para ejercer los recursos que consideren pertinentes las partes. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Segundo de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en La ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se ordena la aplicación del procedimiento especial, de conformidad con el 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en atención al contenido de los artículos 13 y 372 ejusdem, y 257 de la Carta Magna, debiendo remitirse las actuaciones en su oportunidad legal a la Fiscalía presentante a los fines legales consiguientes.
SEGUNDO: A los fines de garantizar la integridad y protección de la mujer víctima de violencia, ciudadana YULIANA YUBIRI CEDEÑO MENDEZ, se le imponen al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 92 en relación con el artículo 87 numeral 6 de la Ley orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, prohibición por parte del ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO, de que realice cualquier acto de intimidación o acoso, por si mismo o por terceras personas, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia.
TERCERO: Se consideran acreditados los extremos requeridos por el artículo 250 del texto adjetivo penal patrio para la procedencia de una medida de coerción personal, por lo que, en virtud de la finalidad de aseguramiento procesal que conlleva la imposición de tales medidas cautelares y su necesidad en el caso de marras, de conformidad con los artículos 44 numeral 1 del Texto Fundamental, en relación con los artículos 8, 9, 243, 244, 246, 247, 253, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal, se impone al ciudadano JOSE ANGEL GONZALEZ CEDEÑO venezolano natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, fecha de nacimiento 11/12/1989, de 22 años de edad, hijo de Liliana Cedeño Méndez (v) y José Ponce González (v), de estado civil soltero, grado de instrucción bachiller, de profesión u oficio obrero en la Gobernación del estado Delta Amacuro, residenciado en el Barrio Deltaven específicamente por la calle frente al tecnológico casa S/N, del Municipio Tucupita Estado Delta Amacuro, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 18.886.659, medida cautelar contenida en el numeral 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes esta en la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público se pronuncie respecto de un acto conclusivo, pero que de ser una acusación, se mantendrá hasta la realización del juicio o un nuevo pronunciamiento judicial, todo ello en correcta correspondencia con el artículo 44 numeral 1 de la Carta Magna, en relación con los artículos 9, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 256, numerales 2 y 3, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Pena246, 247, 250, 253, 260 y 263, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de Violencia Psicológica y Amenaza, previstos y sancionados en los artículos segundo aparte del 39 y 41, respectivamente, de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y, como consecuencia de este pronunciamiento que implica el juzgamiento en libertad del imputado, se acuerda librar la boleta de excarcelación correspondiente.
Se declara CON LUGAR, la solicitud fiscal.
Regístrese, publíquese, las partes quedaron debidamente notificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, déjese copia de la presente decisión, remítase al Ministerio Público.
LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

ADDA YUMAIRA ESPINOZA

LA SECRETARIA,

ABOG. MARJORYS MENDEZ