REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro
Tucupita, 2 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2012-003744
ASUNTO : YP01-P-2012-003744

RESOLUCIÓN Nº 271
IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: Abg. TERESA RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Juez Suplente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro.
SECRETARIA: Abg. ROSMELIS MEDINA
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. MARCOS LABADY, Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
IMPUTADO: IRALIS JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolana, natural de esta localidad, titular de la cedula de identidad Nº V- 25.672.678, de fecha de nacimiento 21-10-1986, de profesión u oficio del hogar y estudiante, de estado civil Soltera, de 25 años de edad, residenciada en Sector San Rafael, Segundo callejón Norte Sur, casa de color azul N° 16, hija de Carmen Edelmira Rodríguez (v) y Rufino Antonio (v), teléfono de contacto 0426-1966443 LUIS RAFAEL ALFONZO, venezolano natural de esta ciudad, de 52 años de edad, fecha de nacimiento 31-12-1959, titular de la cedula de identidad 8.397.349, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector San Rafael Avenida Norte Sur Barrio anexo a la Floresta casa N° 16 callejón N° 02, casa de color azul, Destalia Alfonso (v)
DEFENSOR: Abg. MARIA BELEN LOPEZ Defensora Pública Primera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado.
DELITO: TRAFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el artículo 149 en su enunciado de la Ley Orgánica de Drogas y el delito de ASOCIACION ILÍCITA PARA DELINQUIR de conformidad con el artículo 37 de La Ley Orgánica Contra la delincuencia organizada y financiamiento contra el Terrorismo.
VÍCTIMA: ESTADO VENEZOLANO

Corresponde a este Tribunal de Control, emitir decisión en virtud de haberse recibido en fecha 2 de noviembre de 2012, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, y recibido por secretaria el 2 de noviembre de 2012, solicitud de prórroga de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, presentado por el Fiscal Segundo del Ministerio Público, Abg. MARCOS LABADY en relación a la causa donde figura como imputados los ciudadanos IRALIS JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolana, natural de esta localidad, titular de la cedula de identidad Nº V- 25.672.678, de fecha de nacimiento 21-10-1986, de profesión u oficio del hogar y estudiante, de estado civil Soltera, de 25 años de edad, residenciada en Sector San Rafael, Segundo callejón Norte Sur, casa de color azul N° 16, hija de Carmen Edelmira Rodríguez (v) y Rufino Antonio (v), teléfono de contacto 0426-1966443 LUIS RAFAEL ALFONZO, venezolano natural de esta ciudad, de 52 años de edad, fecha de nacimiento 31-12-1959, titular de la cedula de identidad 8.397.349, de profesión u oficio obrero, residenciado en Sector San Rafael Avenida Norte Sur Barrio anexo a la Floresta casa N° 16 callejón N° 02, casa de color azul, Destalia Alfonso (v) por la presunta comisión de los delitos TRAFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el artículo 149 en su enunciado de la Ley Orgánica de Drogas y el delito de ASOCIACION ILÍCITA PARA DELINQUIR de conformidad con el artículo 37 de La Ley Orgánica Contra la delincuencia organizada y financiamiento contra el Terrorismo previstos en la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano.

DE LA SOLICITUD FISCAL


En fecha 2 de noviembre del presente año, ingreso a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, solicitud de prórroga, realizada por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la norma adjetiva penal.

Debe este Tribunal examinar el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece de manera expresa lo siguiente:

Artículo 250: …(omissis)… Si el Juez o Jueza acuerda mantener la medida judicial privativa preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el o la fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial. Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días sólo si el o la fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo. En este supuesto, el fiscal o la fiscal, deberá motivar su solicitud y el juez o jueza decidirá lo procedente dentro de los tres días siguientes a la solicitud de prórroga, cuyas resultas serán notificada a la defensa del imputado o imputada…(omissis)…

Así las cosas, procede esta juzgadora primeramente a verificar si la solicitud fiscal, fue presentada dentro del lapso de ley, observándose que la audiencia de presentación en la presente causa se realizó en fecha 7 de octubre de 2012, por lo que el lapso de treinta (30) días para presentar el respectivo acto conclusivo, vence el día 6 de noviembre de 2012.

Ahora bien, la representante fiscal presentó la solicitud de prorroga, el día 2 de noviembre de 2012, es decir, 5 días antes del vencimiento de dicho lapso, evidenciándose en consecuencia que dicha solicitud fue interpuesta en el tiempo hábil, conforme a lo establecido en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal, el cual señala de manera expresa, que la solicitud deberá ser interpuesta por lo menos con cinco (05) días de anticipación al vencimiento del lapso para presentar el acto conclusivo respectivo.

En el escrito de solicitud de prórroga, la Fiscal del Ministerio Público señaló que hasta la presente fecha no se ha concluido la fase preparatoria o de investigación a cabalidad, por cuanto faltan diligencias de investigación que fueron solicitadas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas de la Sub Delegación Tucupita, órgano comisionado para la investigación, como lo es la experticia botánica para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y demás diligencias solicitadas, considerando esta juzgadora que ciertamente esta fase de investigación es de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos y que durante esta fase el Ministerio Público, debe investigar tanto elementos inculpatorios como exculpatorios para el imputado, actividad esta necesaria para el esclarecimiento de los hechos, y siendo que en la presente causa se decretó el procedimiento ordinario, considerando esta Juzgadora que en nuestro Estado, por carencias de diversa índole, verbigracia recursos económicos y humano, sumado al auge delictivo que conlleva a un exceso de trabajo para los expertos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísiticas, devienen en una tardía obtención de resultas que de manera importante inciden en el cumplimiento que debe darse a los lapsos procesales, previstos en la Ley adjetiva penal, todo lo cual permiten, a criterio de esta juzgadora, fundamentar el requerimiento fiscal y en consecuencia lo hace procedente. Todas estas diligencias son necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que permitan al representante del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal a considerar todas las circunstancias, de ser el caso, que sirvan para exculpar al imputado y orientar al representante fiscal en cuanto al acto conclusivo que corresponda en justicia aplicar, todo esto conjuga suficientes razones para que, sea declara con lugar la petición presentada. Es así como, a criterio de este Tribunal, atendida la finalidad del proceso penal y expuesta por el Fiscal del Ministerio Público la necesidad de realizar las actuaciones de vital trascendencia para la búsqueda y obtención de la realidad del hecho acaecido y consecuente proceder de acuerdo a la normativa legal, vistas las circunstancias del caso en particular, resulta procedente y ajustado a derecho, de conformidad con el objetivo propio del proceso y el específico de la fase preparatoria, expresamente consagrados en los artículos 13 y 280 del Código Orgánico Procesal Penal, en estricta observancia de la disposición constitucional del artículo 257, considerar como actuaciones que se erigen en elementos útiles y necesarios para la investigación de la verdad y la recolección de los elementos de convicción que permitan concretar el acto conclusivo al cual pueda arribar el Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, dada su importancia a los fines de la concreción de la finalidad última del proceso, este Tribunal DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD FISCAL y le concede a la representante de la Vindicta Pública, PRÓRROGA por un lapso de tiempo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del vencimiento del lapso de treinta días contemplado en el artículo 250 del texto adjetivo penal vigente, venciendo dicho lapso el día 21 de noviembre de 2012, transcurridos los cuales sin que haya sido presentada acusación, se observará la normativa legal que al efecto prevé el legislador patrio. Y ASÍ SE DECIDE.


DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: De conformidad con el artículo 250, 5to. Aparte del Código Orgánico Procesal Penal, y atendiendo a los artículos 13 y 280 eiusdem, se declara con lugar la solicitud del Ministerio Público y se ACUERDA PRÓRROGA de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del vencimiento del lapso primeramente señalado de treinta días, a fin de presentar el respectivo acto conclusivo en el presente asunto Nº YP01-P-2012- 2019, venciendo este lapso el día 21 de noviembre de 2012.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, a los 2 días del mes de noviembre de 2012.

Regístrese, publíquese, notifíquese al representante del Ministerio Público y a la Defensora del imputado. Déjese copia de la presente decisión en el copiador de resoluciones llevados por este Juzgado. Cúmplase.

JUEZ SUPLENTE

ABG. TERESA RODRIGUEZ GUTIERREZ

LA SECRETARIA,


ABG. ROSMELIS MEDINA FARIAS