TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUCNRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
Tucupita, 30 de Noviembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-001623
ASUNTO : YP01-P-2010-001623

RESOLUCION NRO. 324-2012
IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA; juez segunda de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
SECRETARIA: ABG. NEDDA RODRÍGUEZ NAVAS.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
Fiscal: Abg. MARCOS ANTONIO LABADY MEDINA, Fiscal Sexto Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
Defensor: Dr. LUIS JAVIEL GONZALEZ, Venezolano, titular d e la cédula de identidad Nro. Abogado en el libre ejercicio de la profesión e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. Con domicilio en calle Bolívar,
Imputados: HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308.

Delito: Evasión favorecida de detenidos, previsto y sancionado en el artículo 265 del Código Penal.

Revisada como ha sido la presente causa se observa que en fecha primero (1º) de marzo del año en curso, se llevo a cabo la audiencia especial prevista en la artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida a los ciudadanos HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, por lo que corresponde emitir decisión en relación al archivo de las actuaciones y el cese de la medida de coerción personal que pesa sobre los precitados ciudadanos, en virtud de que al Fiscal del Ministerio Público, se le venció el plazo prudencial para presentar el acto conclusivo.

DE LA CAUSA

En fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diez (2010), se recibió por ante este Juzgado actuaciones con detenido, y se fijo audiencia de presentación conforme a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, para el día días dos (02) de octubre y concluyo el día tres (03) de octubre del año dos mil diez (2010), en la cual, una vez oídas las partes se acordó la continuación de la presente causa por la vía del procedimiento ordinario, y se le impuso a los ciudadanos HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, medidas cautelares sustitutiva de libertad de las contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diez (2010), se remitió cuaderno separado -que se apertura en virtud de que el Fiscal del Ministerio Público ejerció efecto suspensivo-, a la Corte de Apelaciones, confirmándose la decisión emitida.

En fecha siete (07) de junio del año dos mil once (2011), se remitieron las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, con oficio Nro. 565-2011, con la finalidad de que concluyera la investigación y presentara el acto conclusivo correspondiente.

El día doce (12) de Mayo del año dos mil once (2011), el defensor privado Luís Javier González, mediante escrito presentado ante este Juzgado solicita se le fije un plazo prudencial al Fiscal del Ministerio Público, para que presente el respectivo acto conclusivo, por lo que se fijo conforme a lo previsto en el artículo 313 una audiencia especial para oír a las partes, en estricto cumplimiento de las principios que rigen este actual proceso, para el día nueve (08) de agosto del año dos mil once (2011), a las once horas de la mañana (11:00 a.m.), la cual no se llevo a cabo, luego en fecha trece (13) de enero del año dos mil doce (012), el defensor solicita nuevamente la fijación de la referida audiencia, y se fijo para el día primero (01) de marzo del año dos mil doce (2012), a las dos horas de la tarde (02:00 p.m.), fecha en la cual se realizo la referida audiencia, y se le fijo al Fiscal del Ministerio Público, un lapso de ciento veinte (120) días, continuos, los cuales vencían eL cuatro (04) de julio del año dos mil doce (2012).

En fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil doce (2012), el Fiscal del Ministerio Público solicito la prorroga contenida en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales vencían el cuatro (04) de agosto del año dos mil doce (2012).

Se aprecia que desde la data correspondiente al fallo hasta el día de hoy, tres (03) de diciembre del año dos mil doce (2012), han transcurrido más del lapso que se le fijo en la audiencia especial, prevista en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y se ha superado, por demás, los ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento a dicho plazo, sin que el Fiscal del Ministerio Público haya presentado acusación o haya solicitado el sobreseimiento en la presente causa, vale decir no ha presentado acto conclusivo alguno.

Nuestra normativa legal vigente establece normas que garantizan los derecho humanos los cuales se encuentran en convenios y contratos, sucritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no solo han sido plasmados en nuestra Carta Magna, sino que se observan en todo el compendio de leyes que rigen los diversos procesos, entre ellos se encuentran los relativos a la duración del proceso penal, y se especifica el tiempo de duración de cada una de las fases en las cuales se desarrollan este proceso, penal, y debe ser así ya que nuestra Carta Magna en su artículo 257, establece que los procesos serán breves, así que esta norma, ha sido desarrollada en todas las normas del proceso, específicamente, en el Código Orgánico Procesal Penal, en los lapsos que se le han establecido al representante del Ministerio Público, para la investigación, en los casos de las personas que son juzgadas en libertad, en los artículos 313 y 314 de la norma adjetiva penal a saber:

“Artículo 313. Duración. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera.
Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación.
Para la fijación de este plazo, el Juez deberá oír al Ministerio Público y al imputado y tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.”

“Artículo 314. Prórroga. Vencido el plazo fijado, de conformidad con el artículo anterior, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga. Vencida ésta, dentro de los treinta días siguientes, deberá presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento.
La decisión que niegue la prórroga solicitada por el Fiscal podrá ser apelada.
Si vencidos los plazos que le hubieren sido fijados, el Fiscal del Ministerio Público no presentare acusación ni solicitare sobreseimiento de la causa, el Juez decretará el archivo de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medida de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de imputado. La investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización del Juez”

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y que las leyes procesales “…establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público…”, consagrando, a su vez, en el artículo 26 la garantía de una Justicia “…gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas…”, por tanto, estas frases de rango constitucional denotan la brevedad así como la necesaria y racional limitación temporal de todo proceso, lo que se reafirma con la consagración expresa que del derecho civil al debido proceso se hace en el artículo 49 numeral 3 del Texto Fundamental, norma que reza: “…Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad…”, resultando de especial connotación y atención por parte de los operadores de la Justicia, las nociones de dilación indebida, plazo razonable, proceso breve y juicio justo. Por tanto, el Estado asume el deber de satisfacer el derecho fundamental que asiste a toda persona a un proceso breve, justo y sin dilaciones indebidas, derecho que puede ser ejercido y exigido en los términos legales, y que encuentra, además, asidero jurídico en instrumentos internacionales, verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, numeral 3, literal c: “…toda persona acusada de un delito tendrá derecho…a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8, numeral 1 “…toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”).

Así las cosas, aprecia esta Juzgadora que en la causa seguida a los ciudadanos HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, la investigación se ha prolongado de manera considerable en el tiempo, toda vez que desde el día tres (03) de octubre del año dos mil diez (2010), oportunidad en la que se realizó la audiencia de presentación del aprehendido, hasta el día de hoy, han transcurrido dos (02) años y dos (02) meses, desde la fecha en que este Tribunal de Primera Instancia en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, fijó al representante de la Vindicta Pública un plazo de ciento veinte (120) días para arribar al acto conclusivo, esto es, solicitud de sobreseimiento o presentación de acusación, hasta los corrientes, ha transcurrido un lapso de tiempo de nueve (09) meses y tres (03) días, evidenciándose inacción por parte del titular de la acción penal, pues no cursa a los autos acto conclusivo alguno; situación que va en detrimento de los derechos y garantías procesales cuya vigencia, estricta observancia y cumplimiento son función encomendada a esta Juzgadora de conformidad con exigencias de índole constitucional y legal.

Siendo que la extensión en el tiempo de la averiguación seguida a los ciudadanos HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, le causa serio perjuicio y vulnera derechos y principios que rigen el proceso, los cuales en un sistema garantista se constituyen en pilares de insoslayable acatamiento, esta Juzgadora, en atención a las disposiciones legales ut supra indicadas y analizadas exhaustivamente las circunstancias particulares del caso que denotan el agotamiento en demasía del lapso de tiempo fijado al Fiscal del Ministerio Público y la inacción de parte de este funcionario a los fines de dar fin a la fase de investigación, en definitiva, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES correspondientes a la investigación seguida al ciudadano HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, en la causa signada con el Nro. YP01-P-2010-001623, de conformidad con lo previsto en el último aparte del ya indicado artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, comportando tal pronunciamiento, de conformidad con dicha disposición legal, el CESE inmediato de cualquier medida de coerción personal, cautelar o de aseguramiento que hubiere sido impuesta a los ciudadanos en cuestión, así como la condición de imputado que adquiriera con ocasión de la respectiva investigación. Y ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todo lo expuesto este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES correspondientes a la investigación seguida a los ciudadanos HOSPEDALES CARRASQUEL JOSE MANUEL, titular de la C.I. V-11.206.944, MONTERO ARIAS ROGER ALONSO, titular de V-5.336.605, VICTOR RAFAEL SUAREZ FREIRES, titular de la C.I. V-14.409.358, ROMULO SEGUNDO PORTILLO MONTAÑO, titular de la C.I. V-12.360.212, GABRIEL JOSE PINTO SULBARAN, titular de la C.I. V-16.391.833, HECTOR EMILIO FIGUERA FIGUEROA, titular de la C.I. V-9.861.780, VICTOR RAFAEL SOTO ROBLES, titular de la C.I. V-15.790.612, YOHN JOSE CELIS ZARAGOZA, titular de la C.I. V-17.055.041, NORELIS DEL VALLE MEZA CARRASQUEL, titular de la C.I. V-12.547.282, RONDON DOMINGUEZ JOSE REIMUNDO, titular de la C.I. V-11.210.373, JOEL JOSE RIVAS, titular de la C.I. V-15.355.921, JOSE IGNACIO RADA LANDAETA, titular de la C.I. V-16.937.698, JOHEMAR SEGUNDO PIÑA PEREZ, titular de la C.I. V-17.821.351, FELIX RAFAEL SANGUINO GUERRA, titular de la C.I. V-10.924.308, en la causa signada con el Nro. YP01-P-2010-001623, de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 1, 8, 9, 10, 313 del texto adjetivo penal vigente; comportando tal pronunciamiento, de conformidad con el imperativo legal correspondiente, el CESE inmediato de cualquier medida de coerción personal, cautelar o de aseguramiento que hubiere sido impuesta al ciudadano en cuestión, así como la condición de imputado que adquiriera con ocasión de la respectiva investigación.
Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a las partes, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

ABOG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA
LA SECRETARIA,

ABOG. NEDDA RODRIGUEZ NAVAS