REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro Tucupita, 5 de agosto de 2013 203º y 154º ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2013-000684 ASUNTO : YP01-P-2013-000684 Resolución Nº 59 -2013 IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL JUEZ: LUIS GERARDO CARABALLO GARCÍA, Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita. SECRETARIA: ADRIANYS CAROLINA RODRÍGUEZ DÍAZ IDENTIFICACION DE LAS PARTES FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. MARCOS LABADY, Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro. VICTIMA: EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000, C.A. DEFENSOR: Abg. CLARENSE DANIEL RUSSIAN PÉREZ, Defensor Público Segundo Penal, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del Estado Delta Amacuro. ACUSADO: JUAN ANTONIO MARTINEZ ESPAÑA, titular de la cedula de identidad Nº 19.730.216, natural del Estado Bolívar, de 21 años de edad, de estado civil soltero, nacido en fecha 13/06/91 de ocupación y oficio estudiante, residenciado en Delfín Mendoza, calle primero de Mayo casa sin número, hijo de Juan Martínez (v) y Yhajaira España (v). VICTIMA: EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000 C.A y ESTASDO VENEZOLANO. DELITOS: FRAUDE ELECTRONICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de Ley Contra los Delitos Informáticos y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Corresponde a este Tribunal conocer y decidir, la solicitud de revisión y examen de la medida, interpuesta en fecha 30 de julio de 2013, por el Abogado CLARENSE DANIEL RUSSIAN PÉREZ, a favor del acusado JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 19.730.216, natural del Estado Bolívar, de 21 años de edad, de estado civil soltero, nacido en fecha 13/06/91 de ocupación y oficio estudiante, residenciado en Delfín Mendoza, calle primero de Mayo casa sin número, hijo de Juan Martínez (v) y Yhajaira España (v); en tal sentido este Tribunal, previo a decidir, hace las siguientes consideraciones: El ciudadano JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 19.730.216, natural del Estado Bolívar, de 21 años de edad, de estado civil soltero, nacido en fecha 13/06/91 de ocupación y oficio estudiante, residenciado en Delfín Mendoza, calle primero de Mayo casa sin número, hijo de Juan Martínez (v) y Yhajaira España (v); fue presentado y puesto a la orden del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, por encontrase presuntamente incurso en la comisión de los delitos de FRAUDE ELECTRONICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de Ley Contra los Delitos Informáticos, ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462 en su encabezamiento del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000 C.A y ESTASDO VENEZOLANO. El referido Tribunal de Control, luego de escuchar al imputado así como los alegatos y peticiones de las partes, decretó medida privativa judicial preventiva de libertad, de conformidad con las previsiones de los artículos 236, numerales 1º, 2º y 3º; 237, numerales 2º y 3º y parágrafo primero y 238, numerales 1º y 2º, todos del Código Orgánico Procesal Penal; todo ello en virtud de la magnitud del daño causado, la posible pena a aplicar, el peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones. El Tribunal Tercero de Control, en su auto fundado, dictado en fecha 09 de marzo de 2013, consideró que en el presente caso, existía peligro de fuga y de obstaculización, circunstancia esta, que justificó la petición Fiscal y en consecuencia se decretó la medida privativa judicial preventiva de libertad, en contra del acusado. En fecha 22 de abril de 2013, la representación del Ministerio Público, presentó escrito de formal acusación, en contra del acusado de autos, hoy solicitante de la revisión de medida, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE ELECTRONICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de Ley Contra los Delitos Informáticos, ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462 en su encabezamiento del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000 C.A y ESTASDO VENEZOLANO. En fecha 17 de junio de 2013, se celebró la audiencia preliminar por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en presencia de las partes y con las debidas garantías, siendo admitida la acusación presentada, las pruebas ofertadas y ordenando, el referido Tribunal el enjuiciamiento del acusado, compartiendo el Tribunal de Control, la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público. Ahora bien, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Artículo 250. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.” De la lectura del dispositivo legal, arriba citado, se infiere, que el imputado está facultado para peticionar la sustitución, cambio o revocación de la medida privativa judicial preventiva de libertad, las veces que quiera, por lo que, en principio es procedente la solicitud efectuada por el acusado a través de su defensor. Efectuada esta primera consideración, debe este Sentenciador entrar a analizar la medida de coerción personal impuesta al acusado de autos y verificar si a la fecha, subsisten las mismas circunstancias que motivaron o justificaron la imposición de la medida. En el caso de autos, el Tribunal Tercero de Control, decretó en fecha 08 de marzo de 2013, medida privativa judicial preventiva de libertad, en contra del acusado de autos, expresando en su motivación, el peligro de fuga y obstaculización, en especial la presunción legal de fuga prevista en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. En el presente caso, el imputado resulto acusado, por un delito que prevé una penalidad que supera en su límite superior los diez años de prisión. En este sentido, prevé el legislador, en el artículo 237 Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.” En vista de lo previsto, en la anterior disposición legal, estima este Tribunal, que al acusado le fue impuesta la medida privativa de libertad, por existir el peligro de fuga, el cual aún subsiste, considerando la penalidad establecida para los delitos de FRAUDE ELECTRONICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de Ley Contra los Delitos Informáticos, ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462 en su encabezamiento del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000 C.A y ESTADO VENEZOLANO. En virtud de ello y siendo que se encuentra vigente el mismo peligro de fuga lo procedente y ajustado en derecho en el presente caso, es negar la sustitución de la medida judicial privativa de libertad, decretada en la persona del acusado JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA. Y ASI SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: 1.- Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa y en consecuencia, se mantiene la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada en fecha 08 de marzo de 2013, en contra del acusado JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 19.730.216, natural del Estado Bolívar, de 21 años de edad, de estado civil soltero, nacido en fecha 13/06/91 de ocupación y oficio estudiante, residenciado en Delfín Mendoza, calle primero de Mayo casa sin número, hijo de Juan Martínez (v) y Yhajaira España (v); fue presentado y puesto a la orden del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, por encontrase presuntamente incurso en la comisión de los delitos de FRAUDE ELECTRONICO, previsto y sancionado en el artículo 14 de Ley Contra los Delitos Informáticos, ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462 en su encabezamiento del Código Penal y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de EMPRESA MANUFACTURAS DI VERSAS 2000 C.A y ESTADO VENEZOLANO; al ser esta necesaria para garantizar las resultas del juicio y la comparecencia del acusado al debate oral y público. Se ordena notificar al solicitante. Ofíciese lo conducente. Cúmplase. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, a los 05 días del mes de agosto de 2013. Años 203º de la independencia y 154º de la federación. Publíquese y Regístrese la anterior decisión y déjese copia en el copiador de sentencias interlocutorias llevadas por este Despacho. El Juez de Juicio LUIS GERARDO CARABALLO GARCÍA La Secretaria ADRIANYS CAROLINA RODRÍGUEZ DÍAZ En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión. Conste. La Secretaria ADRIANYS CAROLINA RODRÍGUEZ DÍAZ