TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro
Tucupita, 22 de septiembre de 2014
204º y 155º
ASUNTO PRINCIPAL : YK01-P-2003-000035
ASUNTO : YK01-P-2003-000035

RESOLUCION Nº 91- 2014
(Sentencia Interlocutoria)
IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL
JUEZ: LUIS GERARDO CARABALLO GARCÍA, Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro
SECRETARIA: MARYS JULIA MARCANO REYES
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
FISCAL: Abg. ROMELYS MALPICA, Fiscala Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
VÍCTIMA: ANGEL RAMÓN MORENO.
DEFENSA: CRISTINA MOYA, Defensora Pública Tercera Penal, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado Delta Amacuro.
ACUSADOS: JHONNI ANDRÉS BERRA RODRÍGUEZ, venezolano, con cédula de identidad Nº 13.744.729, ERNESTO JOSÉ HERRERA, venezolano, con cédula de identidad Nº 14.488.735, NEUMAR JOSÉ BRITO, venezolano, con cédula de identidad Nº 15.322.902 e ISMAEL JOSÉ NARVAEZ, indocumentado.
DELITO: HURTO DE GANADO, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley de Protección de la Actividad Ganadera.

De la revisión de las actas que conforman el presente Asunto, se pudo constatar lo siguiente:

En fecha 26 de abril de 2003, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, el presente asunto procedente de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con escrito de presentación de los ciudadanos JHONNI ANDRÉS BERRA RODRÍGUEZ, venezolano, con cédula de identidad Nº 13.744.729, ERNESTO JOSÉ HERRERA, venezolano, con cédula de identidad Nº 14.488.735, NEUMAR JOSÉ BRITO, venezolano, con cédula de identidad Nº 15.322.902 e ISMAEL JOSÉ NARVAEZ, indocumentado, por estar presuntamente incursos en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO DE GANADO, previsto y sancionado en el artículo 10, numerales 3 y 7 de la Ley de Protección de la Actividad Ganadera, en agravio del ciudadano ANGEL RAMÓN MORENO.

En fecha 28 de abril de 2003, se realizó la correspondiente audiencia de presentación de imputados ante el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, en la cual se decretó medida privativa judicial preventiva de libertad en contra de los prenombrados ciudadanos; acordándose la tramitación de la causa por la vía del procedimiento ordinario.

En fecha 23 de mayo de 2003, se recibió en el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, actuaciones procedentes de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Estado, con escrito acusatorio en contra de los ciudadanos JHONNI ANDRÉS BERRA RODRÍGUEZ, venezolano, con cédula de identidad Nº 13.744.729, ERNESTO JOSÉ HERRERA, venezolano, con cédula de identidad Nº 14.488.735, NEUMAR JOSÉ BRITO, venezolano, con cédula de identidad Nº 15.322.902 e ISMAEL JOSÉ NARVAEZ, indocumentado, por estar presuntamente incursos en la comisión del delito de HURTO DE GANADO, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley de Protección de la Actividad Ganadera, en agravio del ciudadano ANGEL RAMÓN MORENO.

En fecha 01 de julio de 2003, se realizó la correspondiente audiencia preliminar ante el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual se admitió totalmente la acusación fiscal, así como también los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; ordenándose en consecuencia el enjuiciamiento oral y público de los acusados de autos y sustituyéndose la medida privativa judicial preventiva de libertad decretada en contra de los acusados por una de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, consistentes en un régimen de presentaciones periódicas cada 15 días ante la Oficina de Alguacilazgo, así como también la prohibición de ausentarse de la Jurisdicción del estado Delta Amacuro y la obligación de informar al Tribunal cualquier cambio de dirección o domicilio procesal.

En fecha 08 de julio de 2003, mediante comunicación Nº 745-2003, se remitió el presente asunto a este Juzgado de Juicio Ordinario.

Ahora bien, al ser minuciosamente examinadas todas y cada unas de las actuaciones cursantes en autos, se observa que después de realizada la correspondiente audiencia preliminar, el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, no dictó el correspondiente auto de apertura a juicio oral y público, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, que ordena al Juez que admite la acusación además de dictar su decisión en presencia de las partes, está obligado a dictar el auto de apertura a juicio el cual deberá contener:
1. La identificación de la persona acusada;
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; y, de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación;
3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes;
4. La orden de abrir el juicio oral y público;
5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el juez de juicio;
6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron.

El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia dispone que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Asimismo, que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. De igual manera establece que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

Igualmente observa este Tribunal, que el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que ese Código establece, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en el Código adjetivo penal, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.

De igual forma dispone el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, que cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concretamente y específicamente, cuales son los actos anteriores o contemporáneos a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuales derechos y garantías del interesado afecta, como los afecta, y siendo posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven.

En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma. En consecuencia, solo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad.

Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. El juez procurará sanear el acto antes de declarar la nulidad de las actuaciones.

Asimismo el artículo 180 eiusdem, establece que la nulidad del acto, cuando fuere declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren. Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en violación de una garantía establecida en su favor.

De no decretarse la nulidad de las actuaciones dictadas por este Tribunal de Juicio, se le causaría un grave perjuicio a los acusados, en virtud de que el juez de Juicio no podría dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 345 ejusdem, a fin de establecer la congruencia que debe existir entre la sentencia que se dicte y la acusación presentada por el representante del Ministerio Público. De resultar una sentencia condenatoria para los acusados, esta no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas tanto en la acusación como en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación.

Incluso dicha norma establece que en la sentencia condenatoria, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia.

De manera pues, que considera esta Juzgador que reponer el presente asunto al estado en que se dicte el correspondiente auto de apertura a juicio en nada causa grave perjuicio para los acusados de autos, en virtud de que los mismos se encuentran en libertad bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad. Por el contrario la omisión de dictar el auto de apertura a juicio si le causa un perjuicio y es una garantía establecida en su favor, de ser juzgado en cumplimiento del debido proceso.

Finalmente en razón a los planteamientos antes expuestos y con fundamento en la sentencia proferida por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de la República, en fecha 04 de marzo de 2011, Expediente Nº 11-0098, a través de la cual se dejó sentado con carácter vinculante la naturaleza jurídica del instituto procesal de la nulidad; estableciéndose que la nulidad constituye un remedio procesal para sanear actos defectuosos por la omisión de ciertas formalidades procesales o para revocarlos cuando dichos actos fueron cumplidos en contravención con la Ley; considera este Juzgador que lo procedente y ajustado a derecho es anular todas las actuaciones realizadas en este Tribunal de Juicio, exceptuando el acta de fecha 19 de septiembre de 2014, así como la presente decisión y reponer la causa al estado en que se dicte el correspondiente auto de apertura a juicio oral y público. Y así se decide.

DISPOSITIVA
En base a las argumentaciones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial del Estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar la NULIDAD de todas las actuaciones realizadas en este Tribunal de Juicio, exceptuando el acta de fecha 19 de septiembre de 2014, así como también la presente decisión y REPONE la causa al estado en que se dicte el correspondiente auto de apertura a juicio oral y público; de conformidad con los Artículos 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la remisión inmediata del asunto al Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadales y Municipales de este Circuito Judicial Penal. Ofíciese lo conducente.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencias interlocutorias de este Tribunal.

Dada firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Único de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, a los 22 días del mes de septiembre de 2014. Años 204° y 155° de la Federación.
El Juez

LUIS GERARDO CARABALLO GARCÍA
La Secretaria

MARYS JULIA MARCANO REYES

En esta misma fecha siendo las 11:25 horas de la mañana se publicó y registró la anterior resolución y se dejó copia certificada en el copiador de Resoluciones de este Tribunal. Conste.

La Secretaria

MARYS JULIA MARCANO REYES