TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro.
Tucupita, 28 de agosto de 2015
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-001259
ASUNTO : YP01-P-2010-001259
RESOLUCION No. 240.-
JUEZ: Abg. ALEXIS ENRIQUE DIAZ LEON
SECRETARIA: Abg. OLEIDA URQUIA
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. Mariana Jiménez, Fiscal 7° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
VICTIMA: JOSE LUIS SALAZAR, venezolano, natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, donde nació en fecha 29-12-1979, de 31 años de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.214.390.Estado Delta Amacuro.
ACUSADA: SCAILI DEL VALLE TORRES, nacionalidad venezolana, natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, de 22 años de edad, estado civil soltera, indocumentada, de profesión u oficio Indefinida, residenciada en Sector Guasina, Tucupita, estado Delta Amacuro.
Defensa Pública: Abg. ORLANDO SALVATTI, defensor público Penal adscrito a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro.
Delito: Homicidio calificado por motivo fútiles e innobles, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano
PENA: 15 años de prisión.

Vista la comunicación procedente del Internado Judicial de Monagas mediante la cual informa que la penada SCAILI DEL VALLE TORRES, nacionalidad venezolana, natural de Tucupita, Estado Delta Amacuro, de 22 años de edad, estado civil soltera, indocumentada, de profesión u oficio Indefinida, residenciada en Sector Guasina, Tucupita, estado Delta Amacuro; fue trasladada hasta el Centro Penitenciario PGV San Juan de los Morros, Estado Guárico, es por lo que se acuerda en consecuencia librar exhorto al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de conformidad con los artículos 69, 471 numeral 03 y 473, todos del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:

Dicha ciudadana se encuentra actualmente recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario PGV San Juan de los Morros, Estado Guárico, dando cumplimiento a la pena principal impuesta.

Este Tribunal de Primera Instancia en Función a los fines de emitir decisión de acuerdo al dispositivo previsto en el artículo 473 ejusdem, previamente observa:

Definitivamente firme como se encuentra la sentencia en cuestión se procedió a su ejecución en los términos de ley, revelando las actas que conforman el presente asunto que la penada se encuentra actualmente cumpliendo la condena en anexo femenino del Centro Penitenciario PGV San Juan de los Morros, Estado Guárico.

Por lo que en atención al contenido de las normas mencionadas es competencia del Tribunal de Primera Instancia en funciones de ejecución velar por el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad impuestas mediante sentencia definitivamente firme, atribución que igualmente está prevista en el artículo 69 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual conlleva para el juez que ejerce tal función y conoce de la causa principal según criterios de competencia territorial expresamente consagrados en el texto legal, emitir decisiones concernientes a la libertad del penado o penada, así como relativas a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fórmulas de libertad anticipada en cualquiera de sus modalidades, esto es, destacamento de trabajo, destino a establecimiento abierto y libertad condicional, al igual que pronunciamientos de confinamiento, redención de pena por el trabajo y/o el estudio, de conversión, conmutación y extinción de la misma, aunado a la acumulación de la penas, todo ello en estricta observancia de las normas previstas en el texto adjetivo penal.

De igual manera corresponde al Juez de Ejecución, la acumulación de las penas, cuando se trate de distintos procedimientos en los cuales exista sentencia condenatorias y se trate de una misma persona, siendo también su atribución la de verificar el cumplimiento adecuado y cabal del régimen penitenciario en los establecimientos carcelarios que se encuentren en su circunscripción, lo cual incluye por derivación lógica la vigilancia y control de los penados que se encuentran recluidos en tales recintos.

Ahora bien, establece el numeral 03 del artículo 471, de darse el caso que la persona del condenado o condenada se encuentre cumpliendo pena en establecimiento penitenciario ubicado en lugar diferente al del Juez en funciones de ejecución conocedor de su causa, éste deberá informar a aquél que ejerce igual función en el sitio del cumplimiento de la condena a los fines de colaborar en la supervisión, vigilancia y control del penado en cuestión, en estricto cumplimiento del dispositivo previamente aludido y que guarda relación por remisión directa con el artículo 473 del mismo instrumento adjetivo penal.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en decisiones de fechas once (11) de Febrero del año dos mil cuatro (2004) y dieciséis (16) de mayo del año dos mil siete (2007), con ocasión de las causas contenidas en los expedientes signados con los números CC2004-0033 y 07-0168, con ponencias, la primera, del Magistrado, Dr. Rafael Pérez Perdomo, y la segunda, de la Magistrado Miriam Morandy Mijares, en ella se precisa el alcance del auxilio judicial señalado en el artículo 481 (hoy 473) del Código Orgánico Procesal Penal indicando respecto de este particular que la aludida disposición remite únicamente al artículo 479, numeral 3, (hoy 471) en lo que se refiere al cumplimiento adecuado del régimen penitenciario, esto es, para la vigilancia y control del penado, pudiendo el Tribunal de ejecución que presta la colaboración hacerlo comparecer ante sí, indicando, por consiguiente, que todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad que le ha sido impuesta por sentencia firme, seguirá siendo competencia del Juez de ejecución de la Circunscripción Judicial del lugar donde se cometió el delito.

Así las cosas, encuentra su razón de ser esta labor de vigilancia y control del penado o penada que se atribuye por traslado y en auxilio judicial al juez del lugar donde se verifica el cumplimiento de la pena, en la necesidad de verificación persistente o constante de un adecuado régimen penitenciario, así como de una efectiva salvaguarda de los derechos humanos que asisten al recluso o reclusa y por los cuales ha de velar el Juez en funciones de ejecución en la obligación que le impone el Texto Fundamental en relación con el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal, procurándose con este seguimiento se cristalice o concrete el objetivo o fin primero de la pena cual es la readaptación o reinserción del condenado a la vida social mediante la correcta observancia de tratamientos gradualmente progresivos encaminados a fomentar el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la ley, razón por la que, de encontrarse el penado o penada cumpliendo condena en establecimiento carcelario ubicado fuera de la jurisdicción del Tribunal en funciones de ejecución notificado, debe entonces atender la obligación de vigilancia del adecuado régimen penitenciario el Juez de la localidad donde se encuentra el recinto carcelario, habiendo establecido, en tal sentido, el texto adjetivo penal la facultad para el Juez de ejecución del lugar donde el condenado o condenada cumple efectivamente la pena, de hacerlo o hacerla comparecer ante sí durante las inspecciones que realice del establecimiento penitenciario con fines de estricta vigilancia y control, de cuya potestad se deriva la atribución de dictar los pronunciamientos que juzgue convenientes, útiles y beneficiosos para prevenir o subsanar de forma inmediata aquellas irregularidades de las cuales pudiera percatarse o tener conocimiento, debiendo velar por el correcto cumplimiento del régimen penitenciario, vigilando y haciendo respetar los derechos humanos del penado consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República y en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, a tenor del imperativo consagrado en el aludido artículo 506 del instrumento adjetivo penal.

Sobre la penada SCAILI DEL VALLE TORRES, recayó sentencia definitivamente firme dictada en fecha 22 de Noviembre de 2010, por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro Tucupita; quien dictó sentencia definitiva mediante la cual la condenó a cumplir la pena de 15 años de prisión, por la comisión del delito de Homicidio calificado por motivo fútiles e innobles, previsto y sancionado en el articulo 406 numeral 1° del Código Penal Venezolano; siendo redimida en el 21-05-14 por un tiempo de 08 meses y 17 días de prisión.

De la revisión efectuada a las actas se acredita que la penada está detenida desde el día 18-08-2010 hasta la actualidad evidenciándose que ha permanecido detenida por el lapso de 03 años, 09 meses y 03 días y en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Código Penal, se determina que le resta por cumplir 10 años, 06 meses y 10 días de prisión.

La condena impuesta a la penada finalizara el día 01-12-2024, pudiendo la penada solicitar el beneficio de Destacamento de Trabajo, ya que ha cumplido más de una cuarta parte de la pena, lo que ocurrió el 13-03-2014.
El RÉGIMEN ABIERTO, al cumplir una tercera parte de la pena, es decir, el 22-05-2015.
LIBERTAD CONDICIONAL, al cumplir las dos terceras partes de la pena, es decir, el 26-02-2020.
El CONFINAMIENTO el día 04-05-2021. Notifíquese a las partes.

Ahora bien, por cuanto la penada SCAILI DEL VALLE TORRES, se encuentran cumpliendo la pena impuesta en el anexo femenino del Centro Penitenciario PGV San Juan de los Morros, Estado Guárico, corresponde pues a este Juzgado, acordar la remisión de copias fotostáticas debidamente certificadas por secretaría tanto de la sentencia definitivamente firme, del auto de ejecución y de la presente decisión, a la presidenta del Circuito judicial del Estado Guárico a los fines de que distribuya a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, ello para que prestar su colaboración o auxilio en la labor de vigilancia y control del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario concerniente a la penada SCAILI DEL VALLE TORRES.

DISPOSITIVA

Este Tribunal único de primera instancia en función de ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, en la competencia que le atribuyen los artículos 69, 471 numeral 03 y 473, todos del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, acuerda librar oficio a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, a los fines de que distribuya al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, anexando copias fotostáticas debidamente certificadas por secretaría de la sentencia definitivamente firme, del auto de ejecución y de la presente decisión, para prestar su auxilio o colaboración en la labor de vigilancia y control del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario concerniente a la penada: SCAILI DEL VALLE TORRES, antes identificada, quien se encuentra recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario PGV San Juan de los Morros, Estado Guárico. Publíquese, regístrese, déjese copia debidamente certificada por secretaría de la presente decisión, notificando a las partes de tal pronunciamiento.
EL JUEZ DE EJECUCION

ABOG. ALEXIS ENRIQUE DIAZ LEON
EL SECRETARIO

Abg. ANTONIO GARCIA GOMEZ