TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Ejecución Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro
Tucupita, 20 de julio de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-D-2015-000113
ASUNTO : YP01-D-2015-000113
RESOLUCIÓN 1EL-128-2016
JUEZA: OLEIDA URQUIA GARCIA
SECRETARIO: CESAR ZORRILLA TAMARONI
MINISTERIO PÚBLICO: YANIXA CARVAJAL Fiscal Quinta Auxiliar del Ministerio Público de la Jurisdicción del estado Delta Amacuro.
DEFENSA PÚBLICA: LEDA MEJIAS NUÑEZ, en su condición de Defensora Pública Penal de la Sección Penal de Adolescentes.
SANCIONADO: IDENTIDAD OMITIDA .
DELITO: ROBO A MANO ARMADA, previsto y sancionado en artículo 458 de Código Penal y 112 de La Ley Para El Desarme y Control de Arma y Municiones, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en artículo 112 de La Ley Para El Desarme y Control de Arma y Municiones.
VICTIMA: MORELIS DEL VALLE PfALOMO Y ESTADO VENEZOLANO

AUTO FUNDADO DE REVISIÓN DE SANCIÓN NEGADA
Corresponde a este Tribunal fundamental la decisión tomada el día 19 de julio de 2016, vista la Audiencia de Revisión de Sanción realizada en este Tribunal en el presente asunto seguido al joven adulto IDENTIDAD OMITIDA , de conformidad con la función conferida por el articulo 647 literal e de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y a tales efectos el Tribunal observa:

DE LA AUDIENCIA.

En fecha 19 de julio de 2016, se constituyó el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Ejecución de la Sección Penal de Adolescentes, a puertas cerradas en la Sala de Audiencias Número 04 de este Circuito Judicial Penal, oportunidad para lo cual se encontraba fijada la Audiencia de de Revisión de la Sanción en el presente asunto solicitada por la Defensora Publica Abg. Leda Mejías, a favor del sancionado IDENTIDAD OMITIDA , tal como consta en audiencia oral y reservada en la cual admitieron los hechos, y que le condenara por la comisión del delito ROBO A MANO ARMADA, previsto y sancionado en artículo 458 de Código Penal y 112 de La Ley Para El Desarme y Control de Arma y Municiones, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en artículo 112 de La Ley Para El Desarme y Control de Arma y Municiones, a cumplir la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, conforme al artículo 620 literal f) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por un lapso de CUATRO (4) AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, conforme al artículo 620 literal f) en concordancia con el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Dejándose expresa constancia de la Fiscal Auxiliar Quinta del Ministerio Público Abg. Yanixa Carvajal, del Defensora Pública Primera Penal Abg. Leda Mejias, del adolescente sancionado, previo traslado desde el Centro de Retención de Resguardo y Custodia esta Ciudad. Seguidamente la Ciudadana Jueza le cede el derecho de palabra al Defensora Pública Primera Penal Abg. Leda Mejias, quien expone lo siguiente: “Buenos días a todos los presentes esta defensa realizo en fecha 13/06/2016, escrito de revisión de sanción de conformidad a lo establecido en el articulo 647 literal “E” en ocasión que efectivamente el adolescente se encuentra detenido desde el habiendo cumplido un (01) año y Dieciséis (16) días, por lo que la defensa, razón por la cual esta defensa solicita muy respetuosamente la revisión de la sanción, dado la situación real que se verifica de mi defendido donde se no se está cumpliendo los objetivos para las cuales fue impuesta la sanción, resultando contraria al proceso de desarrollos del joven adulto, dado que se encuentra en un centro de adulto, donde no se cumplen los parámetros psicopedagógicos, que permitan la mismo una eficiente reinserción al medio social, Es todo. Presente el Adolescente a quien garantizando el Tribunal sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo exime de declarar e impuesto de dicha garantía y por mandato expreso del artículo 542 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; se le preguntó si deseaba declarar a lo que el sancionado IDENTIDAD OMITIDA y quien expuso: “Yo considero que he cambiado de mucho para bien y he aprendido a comportarme”. Es todo. Seguidamente se le cede el derecho de palabras a la Fiscal Quinta Auxiliar del Ministerio Publico Abg. YANIXA CARVAJAL, quien manifestó: “Buenas días, esta representación Fiscal se opone al cambio de medida por cuanto no ha cumplido con la mitad de la sanción impuesta, debe esperar un tiempo más para cumplir con su sanción, Es Todo”.

Ahora bien, luego de la exposición de la defensa técnica en la presente audiencia, es necesario previamente realizar cálculo de tiempo de detención el cual tiene relación directa con la solicitud de revisión de la medida de privación de libertad, es necesario analizar el contenido del artículo 622 Parágrafo Segundo, que prevé: “Al computar la medida privativa de libertad, el juez o jueza debe considerar el período de prisión preventiva al que fue sometido el o la adolescente”. Así como la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11-08-2006 con ponencia del Dr. Francisco Carrasquero, y en ese sentido es clara la norma prevista del artículo 484 del COPP, relativa a cuáles son los únicos tiempos que se tomarán en cuenta para los efectos del cómputo del cumplimiento de parte o totalidad de la pena impuesta, cuando expresa el referido artículo en su encabezamiento:“…se descontará de la pena a ejecutar la privación de libertad que sufrió el penado durante el proceso…”, asimismo en su último párrafo se señala claramente que “… para los efectos del cómputo del cumplimiento de parte o de la totalidad de la pena impuesta, así como para el otorgamiento de cualquier beneficio o medida solicitada por un condenado o penado, no se tomará en cuenta las medidas restrictivas de la libertad, sino única y exclusivamente el tiempo que haya estado sujeta realmente la persona a la medida de privación judicial preventiva de libertad o recluido en cualquier establecimiento del Estado..”, es decir que el legislador determina en esta norma, que solamente podrá descontarse al computo del cumplimiento de la pena impuesta, el tiempo que la persona estuvo durante el proceso de responsabilidad penal, el cual fue ventilado en su contra con una medida cautelar de privación de libertad, es decir, que se excluyen para el referido descuento de tiempo de la sanción, todo aquel lapso cumplido con otra medida cautelar diferente a la medida cautelar de privación de libertad o de detención en un establecimiento en el caso de adolescentes para asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar, en otras palabras quedan excluidas las relativas a las medidas cautelares previstas en la ley, lo cual en este caso sucedió con la imposición en su momento de la medida cautelar privativa de libertad, es por ello que al revisar las actas que conforman la presente causa, se observa que el joven fue privado de libertad, en fecha 03 de julio de 2015 y se ha mantenido privado de libertad desde ese momento, por lo que a la fecha de celebración de la Audiencia de Revisión de Sanción lleva privado de libertad un tiempo de UN (1) AÑO DIECISÉIS (16) DIAS faltándole por cumplir DOS (2) AÑOS, ONCE (11) MESES y CATORCE (14) DIAS, de la sanción. Quedando así corregido otros cómputos realizados por este Tribunal anteriormente conforme al artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal.

Seguidamente, esta Juzgadora procede a realizar la revisión de la medida de privación de libertad que cumple el adolescente de autos en el Centro de Retención Custodia y Resguardo de esta ciudad de Tucupita, conforme a los alegatos realizados por la defensa pública verificando que no existe el Plan Individual ni los Informes de evolución por cuanto dicho centro de retención no cuenta con el equipo necesario para la evaluación de los jóvenes adultos, en virtud que es un centro de retención de adultos, no tomando en consideración la formación integral que debe imperar la búsqueda de una adecuada convivencia de los adolescentes tanto en el ámbito familiar como social, principios rectores de la doctrina desarrollada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los fines de lograr un avance significativo con el proceso de resocialización que se debe dar en los adolescentes sancionados, persiguiendo la reinserción de los jóvenes a los fines de lograr una verdadera concientización de éstos en errores cometidos y buscando metas concretas y estrategias así como el tiempo para cumplirlas, todo lo cual permite a esta Juez de Ejecución observar que entre las funciones del Juez de Ejecución establecidas en el artículo 647 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, están las estatuidas en los literales a), b) , c), d) y e), y visto que el Tribunal en aras de vigilar el cumplimiento de la sanción bajo los parámetros establecidos en el artículo 647 de la Ley que rige la materia, considera necesario el desarrollo del plan individual del joven para determinar el camino que debe recorrer el mismo. Considera esta Sentenciadora que en cuanto a la reeducación del mismo, deben superarse etapas de falta de disciplina y orden que han influido y que dieron pie para incursionar en el mundo delictivo, el Tribunal espera ver cambios a mediano plazo, dado que hasta los momentos el jóven no han cumplido ni la mitad de la sanción, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 621 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en consideración el carácter educativo de las medidas, que en conjunción con la trilogía establecida para coadyuvar en el cambio de paradigma de los jóvenes en conflicto con la ley penal, es decir el Estado-Sociedad-Familia, con la finalidad de lograr la efectiva reinserción social del joven privado de libertad, una vez se encuentre en libertad y así tener la madurez suficiente para la toma de decisiones asertivas y de proyección al futuro.
Es por todo ello que considera este Tribunal, revisar la sanción y declarar sin lugar la solicitud de cambio de sanción por parte de la Defensa Pública y en consecuencia NEGAR EL CAMBIO DE SANCIÓN. Y ASI SE ESTABLECE.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar, la Solicitud de la Defensora Pública LEDA MEJIAS y en consecuencia NIEGA EL CAMBIO DE LA MEDIDA DE PRIVATIVA DE LIBERTAD al adolescente IDENTIDAD OMITIDA quien deberá continuar PRIVADO DE LIBERTAD, hasta tanto estén dadas nuevas condiciones bajo la valoración del informe evolutivo presentado oportunamente, así como el Plan Individual del joven. SEGUNDO: Líbrese Bolete de Reintegro. Quedan las partes debidamente notificadas.
Dada, firmada y Sellada en el Despacho del Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Estado Delta Amacuro. En Tucupita a los veinte (20) días del mes de julio de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Notifíquese. Publíquese. Déjese copia certificada. Líbrese lo conducente. Cúmplase.
La Jueza

OLEIDA URQUIA GARCIA

El Secretario.

CESAR ZORRILLA TAMARONIS