TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control nro. 03
Tucupita, 04 de julio de 2017
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2017-002925
ASUNTO : YP01-P-2017-002925

RESOLUCIÓN Nº 562/2017
IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA; Jueza Tercera de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
SECRETARIA: ABG. ISABEL CRISTINA GOMEZ.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
FISCALÍA: Abg. KEVIN XAVIER OROZCO OLIVERO, Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita.
VÍCTIMA: SE OMITEN DATOS.
DEFENSOR: ABG. LAURIE ALSINA; Defensora Pública Tercera Penal adscrita a la Unidad de la defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro.
IMPUTADO: ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.
DELITOS: Amenaza, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Corresponde a este Tribunal emitir decisión en virtud de haberse realizado audiencia de presentación en la presente causa, por cuanto el ciudadano Abg. KEVIN XAVIER OROZCO OLIVERO, Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, puso a la orden de este Juzgado al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, por la presunta comisión del delito de Amenaza, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana SE OMITEN DATOS.

Cumplidas las formalidades de ley se constituyó el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, a los fines de realizar la audiencia de presentación de imputados del ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro. Seguidamente la ciudadana Jueza, le solicitó al Secretario de Sala verificar la presencia de las partes en este acto, quien informó de la presencia de las personas necesarias para realizar la presente audiencia.

Acto Seguido, la Jueza, le concede la palabra al ABG. KEVIN XAVIER OROZCO OLIVERO, Fiscal Auxiliar Interino de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, con sede en la ciudad de Tucupita, quien expuso:

“…Esta Representación Fiscal de conformidad con lo establecido en los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 del Código Orgánico Procesal Penal, 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, pone a la orden de este Tribunal al ciudadano Elpidio Jesús Castillo Berra, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, titular de la cédula de identidad Nº V- 28.721.594, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa s/n al lado de la señora Carolina del Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro, vista la denuncia interpuesta por la ciudadana YAMI, la cual se encuentra inserta en el folio 01 del presente asunto, como se desprende en el Acta de Investigación Penal, por consiguiente expone: iniciando las averiguaciones relacionadas con las actas procesales signadas con nomenclatura K-17-0259-00927, que se instruye por ante este despacho, por uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me constituí en comisión, conjuntamente con la ciudadana YAMI, quien funge como denunciante y víctima en la presente causa penal, a bordo de una unidad hacia el Centro de Atención Integral Tucupita II, ubicado en la avenida Orinoco, Tucupita Estado Delta Amacuro, a fin de ubicar, identificar y aprender a los sujetos mencionados como investigados en la presente averiguación penal, una vez presentes en la referida dirección, nos señaló a tres sujetos que transitaban por la vía, siendo los mismos que la habían agredido verbalmente y amenazado de muerte, por lo que con las medidas del caso, procedimos a darles la voz de alto, previa identificación como funcionarios activos de este cuerpo detectivesco, haciendo caso al llamado policial, seguidamente se procedió a efectuarle una revisión corporal a cada uno de conformidad con lo establecido al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no logrando incautarle evidencia de interés criminalístico alguno quedando identificados como a continuación se mencionan RONALDO ARCIA MARQUEZ, LUIS DANIEL ZABALA BERRA, fueron impuestos de sus derechos, insertos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal informándole que quedarían detenidos, en consecuencia esta representación fiscal precalifica la conducta del ciudadano Elpidio Jesús Castillo Berra, titular de la cédula de identidad Nº V- 28.721.594, como el delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicito: Se decrete la Aprehensión en flagrancia. Procedimiento Especial previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad de conformidad con el artículo 242, numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, con presentaciones cada Quince (15) días. Medida de Protección establecida en el artículo 90, numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Solicito copia de la presente acta y la remisión del asunto a la Fiscalía Superior del Ministerio Público. Es todo…”.

A continuación, la ciudadana Jueza, dando cumplimiento al artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, impone al imputado del Precepto Constitucional, establecido en el artículo 49 Ordinales 3º y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que les exime de declarar en causa propia y sin juramento alguno, y explica de manera clara, sencilla y detallada los hechos y circunstancias que les fueron imputados por el Representante Fiscal; seguidamente y dando cumplimiento al artículo 128 y 129 del Código Orgánico Procesal Penal se le solicitaron su datos de identificación personal, quedando identificado de la manera siguiente: ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro. Seguidamente se le preguntó si deseaba rendir declaración y expuso libre de toda coacción y apremio manifestó su deseo de no declarar y acogerse al Precepto Constitucional.

Acto seguido, se le concede el derecho de palabra, a la Abg. LAURIE ALSINA, Defensora Pública Tercera Penal adscrita a la Unidad de la defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro; para que esgrima sus alegatos y quien expone:

“…Buenas tardes, revisado como ha sido el presente asunto, esta defensa observa que no hay elementos suficientes para determinar la participación de mi defendido, por cuanto no se configura dicho delito, asimismo, esta defensa hace la siguiente solicitud a este digno Tribunal, solicito una Libertad Sin Restricciones de conformidad con el artículo 44 constitucional, o en su defecto una Medida Sustitutiva a la Privativa de Libertad con presentaciones cada treinta días (30) por la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Es todo…”.

DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por cuanto ha manifestado la ciudadana Fiscal del Ministerio Público que requiere la presente causa se ventile por la vía del procedimiento especial establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ello en virtud de que es mandato expreso de la referida ley que todos los procedimiento que se inicien con ocasión de los hechos punibles, sancionados en la misma, sean tramitados por la vía del procedimiento especial, que no debe exceder de los cuatro meses establecidos en el artículo 97, el cual señala: El Juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por el procedimiento especial aquí estipulado, aún en los supuestos de flagrancia previstos en el artículo anterior, con la salvedad consagrada en el parágrafo único del artículo 82, de que haya sido decretada medida privativa de libertad en contra del presunto agresor. De igual manifestó la representante Fiscal que requieren de otras diligencias necesarias que practicar en la presente causa a los fines de determinar la responsabilidad penal o no del imputado, quedando vigentes las garantías procesales del mismo. Por tanto, apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad y consecuente concreción de la justicia, y dados los señalamientos realizados en su intervención en audiencia por parte del representante fiscal en cuanto a la labor de investigación que debe continuar a los fines de recabar, tanto los elementos exculpatorios como inculpatorios al investigado, los cuales de igual manera son de obligatoriedad dar cumplimiento, dado el carácter de obrar de buena fe, que tiene La Fiscalía del Ministerio Público; este Tribunal, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Y ASÍ SE DECIDE.

La nueva ley especial sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, establece un conjunto de medidas para garantizar de alguna manera la integridad física, intelectual, para su defensa con las cuales se pretende evitar que se produzcan acciones que las lesionen, se trata con estas medidas de sensibilizar y evitar que sigan siendo objeto de violencias, de maltratos de humillaciones, y de garantizar tanto su salud física como metal. La Violencia de que ha sido la mujer a lo largo de la historia, ha traído como consecuencia que se haya legislado, a nivel internacional, ha sido considerada como una violación de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos La Convención Sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en fecha 18 de Diciembre de 1979, la declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, convenios estos que de acuerdo al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son ley en nuestro país. De igual manera establece el artículo 2 de la Carta Magna, Venezuela se constituye en un Estado, democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos. Y al ser considerada la violencia contra la Mujer, en los Tratados y Convenios internaciones suscritos por nuestro país, una violación a los derechos humanos, en garantía de nuestra Constitución emergió esta ley orgánica para garantizar los derechos de las mujeres que están siendo afectadas en nuestro país por este grave situación, a los fines de brindar protección frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de condiciones jurídicas, adoptando medidas positivas favor de estas para que el ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Así pues en esta novedosa ley, con la cual se pretende garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. En ella no solo se recogen los derechos, sino las sanciones, y medidas de protección, específicamente en la Sección Cuarta, de la referida ley en los artículos 87, 88 y 93, siendo las siguientes:
Artículo 90.- Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias. En consecuencia, éstas serán:
1. Referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención.
2. Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo de que trata el artículo 32 de esta Ley. En los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de abrigo tendrá carácter temporal.
3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal competente la confirmación y ejecución de la misma, con el auxilio de la fuerza pública.
4. Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior.
5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida.
6. Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, no realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
7. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio.
8. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente.
9. Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, independientemente de la profesión u oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que correspondan.
10. Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas, la suspensión del permiso de porte cuando exista una amenaza para la integridad de la víctima.
11. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los niños, niñas y adolescentes, y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección.
12. Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen de visitas al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos o hijas.
13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia.

Se observa que en fecha siete (07) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la ciudadana YAMI, SE OMITEN DATOS, a los fines de formular denuncia en los siguientes términos: “…Resulta ser que el día de hoy me encontraba en mi puesto de trabajo en el Centro de Atención Integral Tucupita II, avenida Orinoco municipio Tucupita estado Delta Amacuro, cuando me percaté de la presencia de tres sujetos que estaban montados en un árbol de mango, en eso Yo les llamé la atención para que se bajaran de allí y empezaron a insultarme, decirme palabras obscenas y amenazarme de muerte, es todo…”; tal y como se desprende del acta de denuncia cursante a los folios uno (01) y su vuelto; de igual manera cursa Acta de Investigación Penal, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes dejaron constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión del hoy imputado la cual cursa a los folios dos y tres (02 y 03) y su vuelto de las presentes actuaciones. Solicitó la imposición de Medidas de Protección por lo que en estricto cumplimiento a Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Tribunal, le imponen Medidas de Protección a los fines de garantizar la integridad física de la ciudadana YAMI, SE OMITEN DATOS y por cuanto a criterio de esta juzgadora y vistas las actas que conforman la presente investigación, la presunta víctima evidentemente después de haber sido amenazada por el hoy imputado es natural que sienta temor, razón que la ha llevado a comparecer a los órganos de investigación requiriendo la protección y atención que debe brindarle el Estado Venezolano, garante de los Derechos, que le consagra la Constitución a sus ciudadanos, por cuanto considera que deben imponerse medidas que aseguren la integridad física de la víctima en la presente causa, se debe en garantía de este derecho establecido en la norma que al efecto rige para la protección de las mujeres víctimas, se le ordenó al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, medidas de las contenidas en el artículo 90 numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes estas en la prohibición por parte del precitado ciudadano de no acercarse a la víctima, a su casa, a su lugar de trabajo, así como la prohibición de que realice cualquier acto de intimidación o acoso, por si mismo o por terceras personas, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia. Y ASI SE DECIDE.-

Siendo que la Fiscal del Ministerio Público, solicito en relación al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando que se encuentran cubierto los extremos del artículo 236 de la norma adjetiva penal, indicando igualmente que estamos ante la presunta comisión de un hecho punible, el cual amerita pena corporal, que no se encuentra prescrito y que existen elementos a los fines de determinar que el imputado es responsable de ese hecho punible.

Corresponde ahora verificar otra solicitud realizada por la Fiscal Auxiliar de la sala de Flagrancias del Ministerio Público, como es la medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con lo previsto en los artículos 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, en relación al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de Amenaza, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual no se encuentra prescrito, dada la fecha de detención del imputado, y de acuerdo a las actas policiales pudiéramos estar en presencia de un delito perseguible de oficio, que no se encuentra prescrito y que el imputado pudiese ser el autor o responsable de la comisión del mismo, por lo que nos encontramos ante los tres extremos acumulativos exigidos por el legislador a los fines de imponer medidas coercitivas de libertad, así pues considera esta juzgadora que efectivamente nos encontramos ante la presunta comisión del delito, precalificado por el Ministerio Público, como lo es el de Amenaza, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, delitos estos de acción pública, y considera esta juzgadora que se encuentran cubiertos los extremos acumulativos exigidos por el legislador a los fines de proceder un pronunciamiento judicial de imposición de medida judicial privativa preventiva de libertad, considerando igualmente esta juzgadora que esta medida coercitiva de libertad, puede ser razonablemente satisfecha por otra menos gravosa, como es la imposición de la obligación consistente en presentaciones cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, contenida en el artículo 242 de la norma adjetiva penal en su numeral 3º. Y, resultan acreditados tales extremos del análisis realizado a las actuaciones, específicamente el acta cursante a los folios uno, dos y tres (01, 02 y 03) y sus vueltos, relativa a la denuncia interpuesta por la presunta víctima de los hechos objetos de la presente investigación, así como el acta de investigación penal en la cual los funcionarios actuantes determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realiza la detención del investigado ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, con todos estos elementos hacen presumir a esta Juzgadora que efectivamente nos encontramos ante un hecho punible, perseguible de oficio, que no se encuentra prescrito y que el imputado pudiese ser el autor o responsable de la comisión del mismo. Para la imposición de medidas de coerción personal se hace necesaria la concurrencia de los presupuestos esenciales de la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, además de contar con fundados elementos de convicción que permitan suponer que los imputados han tenido participación en la perpetración de los hechos imputados, el cual reviste carácter penal; la concurrencia de estos extremos requeridos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, quedaron ampliamente cubiertos, por lo que puede lograrse con la aplicación de una medida menos gravosa a la privación preventiva de libertad, tal como la modalidad cautelar sustitutiva prevista en el artículo 242 del texto adjetivo penal vigente, y consecuente juzgamiento en libertad del imputado. En este orden de ideas, debe precisarse que rigen en toda su extensión los principios generales que norman la imposición de las medidas de coerción personal, previstas en los artículos 229, 230, 232 y 242 eiusdem, por lo que dada la connotación que en el sistema acusatorio tienen los principios de libertad y proporcionalidad en el aseguramiento del imputado, este Tribunal se permite transcribir a continuación los contenidos de sus normas:
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso (resaltado del tribunal)
Artículo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”

Ahora bien, en respeto a los principios que rigen el proceso, como es la presunción de inocencia, establecidos en los artículos 44 numeral 1 y 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, todos estos principios fundamentales en materia de justicia penal contenidos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los cuales este Tribunal le da el carácter que le establece nuestra Constitución, no quedan menoscabados, con la imposición que a criterio de esta juzgadora debe acordarse al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la obligación de presentarse periódicamente cada 30 días, por ante las Oficinas de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público se pronuncie respecto de un acto conclusivo, que de ser una acusación, se mantendrá hasta la realización del juicio o un nuevo pronunciamiento judicial; todo ello de conformidad con el artículo 44 numeral 1 de la Carta Magna, en relación con los artículos los artículos 9, 229, 230, 232, 233, 242 numeral 6º 246 y 249 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Tercero de Primera Instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, con sede en La ciudad de Tucupita, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se decreta flagrante la aprehensión del imputado ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
SEGUNDO: Se ordena la aplicación del procedimiento especial, de conformidad con el 97 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en atención al contenido de los artículos 13 y 372 ejusdem, y 257 de la Carta Magna, debiendo remitirse las actuaciones en su oportunidad legal a la Fiscalía Superior del Ministerio Público a los fines legales consiguientes.
TERCERO: A los fines de garantizar la integridad y protección de la mujer víctima de violencia, SE OMITEN DATOS, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 92 en relación con el artículo 90 numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohibición por parte del precitado ciudadano de acercarse a la víctima, a su casa, a su lugar de trabajo, así como la prohibición de que realice cualquier acto de intimidación o acoso, por si mismo o por terceras personas, todo ello con la finalidad de garantizarle la integridad física de la mujer objeto de violencia.
CUARTO: De conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal se le impone al imputado las medidas cautelares contenidas en el numeral 3 al ciudadano ELPIDIO JESÚS CASTILLO BERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-28.721.594, venezolano, natural de Tucupita, fecha de nacimiento 29-01-1999, edad 18 años, de profesión u oficio obrero, grado de instrucción 4to grado de instrucción, residenciado en el sector el Jobo calle 04 casa S/n al lado de la señora Carolina del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, consistente en la obligación de presentarse periódicamente cada 30 días, por ante las Oficinas de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y en consecuencia se acuerda librar la respectiva boleta de excarcelación.

Regístrese, publíquese, las partes quedaron debidamente notificadas de la decisión emitida en la sala de conformidad con lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
LA JUEZA TERCERA DE CONTROL,
LA SECRETARIA,
ABG. ADDA YUMAIRA ESPINOZA
ABG. ISABEL CRISTINA GOMEZ