TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Años: 207º y 158º
Expediente número: 044-2017
MOTIVO: INHIBICION
JUEZA INHIBIDA: Abogada VILMA TERESA MARTORELLI BETANCOURT, Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro.
Corresponde el conocimiento del presente Cuaderno Separado de Inhibición, a este Juzgado Superior, contentivo de la Inhibición presentada por la Abogada VILMA TERESA MARTORELLI BETANCOURT, Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en fecha 26 de Junio de 2017, en el asunto YP11-V-2016-000180 cursante por ante ese juzgado todo conforme a lo establecido en el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el ordinal 20º del artículo 82, del Código de Procedimiento Civil, y el articulo 84 eiusdem.
De las actas procesales remitidas a esta alzada, consta:
Copia certificada del acta de Inhibición de fecha 26-06-2017 suscrita por la Abogada Vilma Martorelli, actuando en su carácter de Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en la cual expresa:
(…Omissis…)
“En fecha 16/06/2017 la ciudadana LUISA OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 8.952.523, infirió amenazas contra mi persona, tal y como consta en acta de fecha 16-06-2017, de la cual consigno en copia Certificada, lo que constituye una flagrante agresión verbal, situación que conllevó a que interpusiera denuncia el día 22-06-2017, signada bajo el numero MP -283738-2017, por ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial y por cuanto la ciudadana en cuestión, es parte demandada en el presente asunto signado con el Nº YP11-V-2016-000180 …”
“Circunstancia que puede ser propicia para una causa de recusación, es por lo que estoy obligada a declarar mi inhibición sin aguardar a ser recusada. Siendo un deber del Juez que sabe que está incurso en una espacial vinculación con las partes que impida o ponga en duda su imparcialidad, a fin de evitar ser recusada, de conformidad con el artículo 84 del CPC.
“Estando mi persona involucrada en una de las causales de recusación e inhibición, que consagra el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que pondría en tela de juicio la imparcialidad de quien suscribe, en la sana administración de justicia en el presente asunto, es por lo que me veo obligada a INHIBIRME, como en efecto lo hago de continuar conociendo de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el ordinal 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y 84 del Código de Procedimiento Civil.”
(…Omissis…)
Mediante auto dictado en fecha 29 de Junio de 2017, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, cursante al folio 4, da por vencido el lapso de allanamiento acordando remitir a esta alzada el cuaderno separado contentivo de la presente inhibición.
II
Cumplidas las formalidades legales, pasa este Tribunal a dictar decisión en el presente procedimiento, previa las siguientes consideraciones, a saber:
Revisadas las actuaciones que conforman la presente incidencia, debe resolver esta Alzada la inhibición conforme a las normas contenidas en los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil, que establecen lo siguiente:
Código de Procedimiento Civil Artículo 88:
“El juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley…”
(…Omissis…)
Código de Procedimiento Civil Artículo Artículo 89:
“En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Organice del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las actuaciones”

Por otra parte, el tratadista patrio Rengel Romberg A., en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define la inhibición como: “…el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa completa, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ellas, previstas en la ley como causa de recusación…”
Por su parte, el autor Marcano Rodríguez, en la obra Apuntaciones Analíticas, expresa:
“…Llámese inhibición, a la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto, por encontrarse comprendido en alguna de las causales determinadas expresamente por la ley y recusación, el medio o recurso concedido por la misma, a las partes en un juicio para obtener que se pronuncie la separación del conocimiento del litigio contra el funcionario, que habiendo debido abstenerse voluntariamente, no lo ha hecho; no obstante estar comprendido en alguna causal legítima de inhibición. Tanto la una como la otra institución, tienen por único origen la falta de imparcialidad en el funcionario, ya sea que el mismo desconfíe de su espíritu de ecuanimidad y de justicia ante las imposiciones de la gratitud o de las prevenciones del odio, ante las tentaciones de las conveniencias personales y de tantas otras circunstancias que ponen en tortura y a veces corrompen la conciencia del hombre, ya sea que, guiado por una conducta opuesta y no obstante esos hechos, pretenda el funcionario el mejor atributo de un Juez, decidir la causa sin aquél espíritu. El primer caso es el de la inhibición, el segundo el de la recusación…”
El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, establece que la forma de inhibirse el funcionario judicial es mediante un acta, en la que exprese los fundamentos que son motivo del impedimento para seguir conociendo, es decir, la incidencia de inhibición nace con la declaración escrita del funcionario judicial, en cualquier estado de la causa, de abstenerse voluntariamente de continuar conociendo del juicio.
Así mismo, en nuestro sistema procesal, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuál es el funcionario competente para conocer la incidencia de inhibición y en el caso de tribunales unipersonales, el artículo 48 de la citada ley, dice textualmente:
“…La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento el fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el Tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro Tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición...”
Respecto a las causales de inhibición, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 7 de agosto de 2003, en sentencia N°2140, dejó establecido:
“…En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones, a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del juez imparcial. La doctrina, tradicionalmente, ha señalado que las causales de recusación del juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía o semejanza (cf. Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo II. 6° edición. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 154, y Juan Montero Aroca y otros. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. 10° edición. Valencia, Tirant Lo blanch, 2000, p. 114). Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3° edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616)...”
“...visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas sospechosas de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial…”
El Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en sentencia N° 152 de fecha 24 de marzo de 2000, estableció con carácter vinculante, entre otras, la noción del Juez Natural, a saber:
“…En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso, Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar (Subrayado de la Sala)…”
De la revisión exhaustiva de las actas procesales con las cuales se formó este expediente en esta alzada, se infiere que la inhibición fue declarada mediante acta, conforme a las previsiones legales transcritas ut supra y que la funcionaria que se inhibe, Abogada Vilma Martorelli, es la Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro.
Establece el artículo 82, ordinal 20, del Código de Procedimiento Civil, que:
“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
20. Por injurias o amenazas hechas por el recusado y en algunos de los litigantes, aun después de principiado el pleito.”
Establece el artículo 84, del Código de Procedimiento Civil, que:
“El funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse…”
(…Omissis…)
Por las consideraciones antes expuestas y analizando el caso bajo analisis, se evidenció de las actas remitidas a esta Alzada contentivas de las declaraciones en ellas plasmadas, la existencia de una actitud grosera e irreverente, quedando demostrado en autos la manera violenta e irrespetuosa de proferir palabras de amenazas por parte de la ciudadana Luisa Marianela Oliveros Flores parte demandada en el asunto YP11-V-2016-000180, por Revisión de Custodia, hacia la jueza inhibida Abogada Vilma Teresa Martorelli Betancourt, teniendo esta Alzada razones suficientes para aceptar dicha alegación.
En consecuencia, la Jueza Inhibida deberá desprenderse del conocimiento de la causa contentiva de REVISION DE CUSTODIA. Y así se decide.

Remítanse las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, para que sean agregados al asunto YP11-V-2016-000180. Y así se decide.
III
DECISION
En merito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
UNICO: Con LUGAR la inhibición planteada por la Abogada VILMA TERESA MARTORELLI BETANCOURT, Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en el asunto con la nomenclatura YP11-V-2016-000180, por Revisión de Custodia, seguida por los ciudadanos Carlos Alberto Martínez Marín, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.951.802, parte demandante, y la ciudadana Luisa Marianela Oliveros Flores, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.952.523.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de Niños Niñas y Adolescentes, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, en la ciudad de Tucupita, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio del 2017. Años 207º de la independencia y 158º de la Federación.
El Juez Superior,

Abog.LEX BEJARANO ROJAS
El Secretario,

Abg. RENE JESUS CARBERA JAIMES
En esta misma fecha se público la anterior sentencia siendo las 11:30 a.m. Conste.-

El Secretario,
LBR/rjcj/aic