TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Delta Amacuro
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución del estado Bolivariano Delta Amacuro.
Tucupita, cuatro (04) de junio de dos mil dos mil veinticinco (2025)
215º y 166º

ASUNTO: YP11-J-2025-000022.

MOTIVO: Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad.

PARTE DEMANDANTE: ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.402.769.

PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-26.655.337.

BENEFICIARIA: La niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), venezolana, de 09 años de edad.

I
DE LA NARRATIVA

Se da inicio al presente procedimiento Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, en virtud de escrito presentado en fecha 28 de febrero del año 2025, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial (U.R.D.D) de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.402.769; residenciado en el Barrio Deltaven, casa s/n, parroquia Leonardo Ruíz Pineda, municipio Bolivariano Tucupita, estado Bolivariano Delta Amacuro; debidamente asistido por la Abogada en ejercicio ciudadana Nidiana Meneses, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 258.419; en contra de la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-26.655.337; residenciada en calle Miranda, a tres casas de la Comisionaduria de Salud, parroquia Leonardo Ruíz Pineda, municipio Bolivariano Tucupita, estado Bolivariano Delta Amacuro; en beneficio de su hija, la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), venezolana, de 09 años de edad; según consta en copia certificada de acta de nacimiento cursante a los folios 03, 04 y sus vueltos del presente asunto; de conformidad a lo previsto en el artículo 262 del Código Civil Venezolano, norma aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese sentido, alega la solicitante:

“De la relación matrimonial que mantuve con la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-26.655.337, procreamos una (01) hija que lleva por nombre (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), venezolana, de nueve (09) años de edad, tal como se evidencia en copia certificada del acta de nacimiento, emitida por la Unidad de Registro Civil del Materno Infantil "Dr. Oswaldo Ismael Brito", Municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, asentada bajo Nº 726, Pág. 226, Tomo 3, año 2016, que se anexa marcada con la letra (A).
Es el caso ciudadano Juez, que la madre de mi hija, ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, identificada ut supra, desea emigrar para la República de España en compañía de mi hija (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), plenamente identificada, por lo tanto, será imposible estar presente para el ejercicio de manera conjunta de la Patria Potestad de mi hija.
Tomando en cuenta que el ejercicio de la Patria Potestad es un derecho y un deber de estricto orden público e intransferibles, por tal razón, no podré ejercer todos los atributos inherentes a la patria potestad y responsabilidad de crianza, tal como lo consagran los artículos 347 y 358 de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por otro lado, es importante resaltar que la madre de mi hija, está de acuerdo que le ceda el ejercicio unilateral de la patria potestad, para garantizar el interés superior de mi hija, establecido en el artículo 8 Ejusdem, pues se trata de un asunto de carácter temporal o provisional para resolver eventuales requerimiento de mi hija (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), como por ejemplo, asuntos relacionados con documentos de identidad (pasaporte), educación, salud, recreación, libre tránsito, además de legalizar su estadía en el referido país, entre otros aspectos para el disfrute pleno de sus derechos garantías, consagrados en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por las razones antes expuestas solicito CEDO DE MANERA VOLUNTARIA EL EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD en beneficio de mi hija (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes) a la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, titular de la cédula de identidad Nº V-26.655.337, mediante el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, conforme al artículo 262 del Código Civil, con apoyo de la sentencia vinculante N° 284 de fecha 30 de abril de 2014, expediente Nro. 13-0332, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán de Sala Constitucional y sentencia nro. 0315 de fecha 16 de diciembre de 2022, dictada por la Sala de Casacion Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, expediente 2021-026 a fin de garantizarle un desarrollo integral, para que tengan el disfrute pleno de sus derechos
Por último, pido que la presente solicitud, sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho y declara Con Lugar en sentencia definitiva, con todos los pronunciamientos de Ley.”

Por lo que en fecha 06 de marzo del año 2025, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del estado Bolivariano Delta Amacuro; admitió la solicitud conforme al Procedimiento establecido en los artículos 457 y 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; acordándose notificar a la Ciudadana Fiscal Cuarta Provisoria del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial , quien fue debidamente notificada en fecha 17 de marzo del año 2025; asimismo, se ordeno la notificación de la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-26.655.337; quien fue debidamente notificada en fecha 05 de mayo del año 2025; fijándose mediante auto de fecha 12 de mayo del año 2025, para el día 27 de mayo del año 2025, a las 11:00 a.m; la oportunidad para que tuviera lugar la Audiencia Única de Mediación ,que contrae el artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relazándose dicha audiencia en la fecha antes señalada, tal como consta a los folios 18 al 20, del presente asunto, a la cual asistió la parte solicitante, a través de su Apoderada Judicial Abogada Nidiana Meneses, antes identificada, y ratifico su solicitud de Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, en beneficio de su hija, la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), antes identificada, dejando constancia este Tribunal que compareció la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, en su condición de madre de la niña de autos, en la cual la progenitora manifestó tener conocimiento y acepta ejercer unilateralmente la Patria Potestad sobre su hija antes identificada. En tal sentido; este Juzgador luego de revisar los anexos presentados con la solicitud y la declaración de la madre en la Audiencia Única de Medicación; y en virtud que lo solicitado no es contrario a derecho, ni atenta contra el Interés Superior de la prenombrada niña de autos, procede a sentenciar en los siguientes términos:

II
DE LA MOTIVACION

Estando dentro de la oportunidad procesal para decidir, este Despacho Judicial, siendo el órgano jurisdiccional competente conforme a lo previsto en el artículo 177, parágrafo segundo, literal e, procede a dictar su determinación, previas las siguientes consideraciones:

Se entiende por Patria Potestad, el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de éstos y, comprende la Responsabilidad de Crianza, la representación y la administración de sus bienes, por lo que su ejercicio debe ser conjunto e irrenunciable, a fin de garantizar el interés y beneficio de los hijos e hijas. A mayor amplitud el legislador previó ante la posibilidad de situaciones externas no previsibles que la patria potestad pueda ejercerla y otorgársele a uno solo de los progenitores, tal es el caso de la de la Privación de la titularidad, o si se produce una causal de exclusión que suspenda el ejercicio de ésta.

Es relevante destacar que la exclusión por su parte, se refiere a la suspensión del ejercicio de la patria potestad debido a que el padre o la madre no pueden ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la misma, pues, aún y cuando no la ejerce, tiene el goce, pero no el ejercicio; es decir, que la mantiene. En tal virtud, el ejercicio indeclinablemente recae exclusivamente en el otro progenitor, quien debe asumir o continuar ejerciendo solo la patria potestad, hasta tanto cese la situación de hecho que lo afecta, todo de conformidad con la ley y tal cual como lo expresó el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia vinculante dictada por la Sala Constitucional, exp. Nro. 13-0332 de fecha 30 de abril de 2014.

En el presente caso, especial referencia merece el artículo 262 del Código Civil Venezolano que señala lo siguiente:

“En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare a alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo solo la patria potestad…”.Negrilla de este tribunal.

Del dispositivo legal supra transcrito, se colige que el legislador estableció un abanico de supuestos de hechos, en los cuales, uno sólo de los progenitores podrá unilateralmente ejercer la patria potestad, sin que ello implique una renuncia al ejercicio de la misma por parte del otro progenitor, es decir, nuestro legislador ha querido para aquellos casos, en los cuales uno de los progenitores materialmente se encuentre impedido para el ejercicio de tan importante institución, como lo es la patria potestad, que sea el otro progenitor, quien de manera unilateral ejerza la misma, sin que ello implique, bajo el más profundo análisis, como previamente se destacó, renuncia alguna al ejercicio de la institución, por parte de ese progenitor impedido por un espacio de tiempo determinado.

Con relación a la norma en comento, la profesora Georgina Morales, en su obra FAMILIA, Intervenciones Protectoras y Mediación Familiar, desarrolló un análisis, arribando a la siguiente conclusión: “…Esta disposición de Código Civil no prevista en la LOPNA enumera un cierto número de eventualidades en las cuales el ejercicio de la patria potestad, con todos sus atributos, corresponderá a uno solo de los padres. Creemos que se trata de una atribución de pleno derecho, a menos que un tribunal, atendiendo los intereses del hijo, acuerde otra cosa…” de lo cual se colige, que la nombrada autora, no sólo entiende que la patria potestad puede ser ejercida, con todos sus atributos por uno solo de los progenitores, sino, se aventura, y va más allá, al establecer que los supuestos contenidos en la referida norma, operan de pleno derecho, salvo, claro está que en atención al interés superior del niño, niña y/o adolescente un tribunal acuerde otra cosa.
Asimismo, este Juzgador toma en consideración para resolver el presente asunto la sentencia N° 410, emitida en fecha 17 de mayo del 2018, por la Sala de Casacion Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual permite a los progenitores llegar a un acuerdo en cuanto a quien ejercerá de manera unilateral la patria potestad sobre su hija, debiendo el Tribunal de Protección impartir la homologacion correspondientes.

En razón de lo anterior, se observa que la presente solicitud tiene como único y claro fin que la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, plenamente identificada; como progenitora de la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), antes identificada; ejerza de manera unilateral y eficaz, tanto la custodia como la patria potestad de ésta, a objeto de poder realizar todos los actos de representación necesarios por ante instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales en procura de su desarrollo y bienestar, en virtud de la no presencia del padre, es decir, del ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, antes identificado; sin que ello implique bajo análisis alguno, que dicho ciudadano está renunciando a las referidas instituciones familiares, por el contrario, tiene un enorme sentido y gran utilidad práctica, por cuanto en aquellos casos, sólo por mencionar un ejemplo, que la niña requiera tramitar algún documento personal, bastará el consentimiento de ese solo progenitor que ejerza la patria potestad de forma unilateral, garantizando de esta forma de manera efectiva y eficaz su interés superior; así como tomar decisiones en materia de salud, educación, libertad de tránsito y otros derechos. Y así se establece.

Por las consideraciones anteriores, este Juzgador en Interés Superior de la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), plenamente identificada; conforme a lo previsto en el artículo 08 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual es un principio de interpretación y aplicación preferente de nuestra Ley especial, de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones concernientes a niños, niñas y adolescentes, dirigido a asegurar el desarrollo integral de los mismos, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías; estima prudente aplicar en el presente caso las disposiciones contenidas en el artículo 262 del Código Civil, y en tal virtud, debe prosperar en derecho la solicitud de SUSPENSIÓN DE EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD de la niña de autos, respecto a su padre, ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, anteriormente identificado; hasta tanto éste pueda ejercer idónea y personalmente todos los derechos y deberes inherentes a la patria potestad sobre su hija. Y así se decide.

III
DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución del estado Bolivariano Delta Amacuro, en aplicación del Principio del Interés Superior de la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), identificada up supra; y conforme a lo previsto en los artículos 8, 349, 359, 359, 511 y 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 262 del Código Civil, por aplicación supletoria en base a lo previsto en el artículo 462 de la Ley Especial, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN correspondiente, adquiriendo efectos de sentencia definitivamente firme y ejecutoriada, del acuerdo de Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad; realizado por el ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-19.402.769 y la ciudadana MARIANA DEL VALLE BRICEÑO ROSAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-26.655.337; en beneficio de su hija, la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), venezolana, de 09 años de edad; para que la madre ejerza dicha institución familiar de manera unilateral. En consecuencia, se decreta que el Ejercicio unilateral de la Patria Potestad, sobre la niña (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes), identificada Up Supra; recaerá exclusivamente sobre su progenitora, antes identificada, quedando suspendidos los efectos de dicha institución familiar sobre el progenitor, sin que ello implique renuncia o privación, por lo que éste podrá ejercer sus derechos y deberes una vez que cese la circunstancia de no presencia en la vida su hija.
Publíquese, Regístrese y expídase copia certificada del presente fallo, de conformidad con los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil. Expídanse las copias certificadas que las partes interesadas requieran. Así se establece.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Delta Amacuro, a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación. Cúmplase.
El Juez Provisorio

Abg. Danny Alejandro Malavé Ramos.
La Secretaria Judicial

Abg. Lissette Gerdez

Seguidamente esta resolución se publicó en la presente fecha, siendo las 3:01 p.m.

La Sria