REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Delta Amacuro Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Delta Amacuro Tucupita, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) 215º y 166º ASUNTO: YP11-J-2025-000044 MOTIVO: RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PARTE DEMANDANTE: Los ciudadanos YOLANDA ELVIRA YÁNEZ y JOSÉ RAFAEL HERRERA, venezolanos, etnia indígena Warao, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-18.658118, y V-19.140.437, respectivamente. Beneficiario: La adolescente (Se omite el nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), venezolana, de diecisiete (17) años de edad. Visto que mediante auto de fecha 21 de Abril de 2025, se admitió el presente asunto de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. Visto que no consta en el expediente la consignación de la boleta de notificación librada a la Fiscal Cuarta Provisoria del Ministerio Público. Según consta al folio 22 del presente asunto. Visto que en fecha 18 de julio de 2025; la Secretaria Judicial por error fijo la Audiencia Única Preliminar, para el día 30 de julio de 2025, a las 10:00 a.m., difiriéndose la misma en auto de fecha 30 de julio de 2025, para el día 18 de agosto, a las 10:00 a. m.; difiriéndose por auto de fecha 16 de septiembre de 2025, para el día 29 de septiembre de 2025, a las 11:00 a. m.; difiriéndose la misma en auto de esa misma fecha para el día 16 de octubre de 2025, a las 11:00 a. m., acordándose diferir la misma a solicitud de la Defensora Pública, para el día 27 de noviembre de 2025, 11:00 a. m.. El día 11 de noviembre se aboco al conocimiento esta Juzgadora. Ahora bien para la fijación de la audiencia era necesario cumplir con la notificación de la Fiscal del Ministerio Público y esto no consta en autos; pudiendo ser esta actuación judicial considerada una violación al derecho a la defensa de la parte demandada y violación al debido proceso. En ese sentido este juzgado pasa a realizar las siguientes consideraciones. La Previsión Constitucional contenida en el artículo 334, señala: “Artículo 334.- Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la Ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”. El encabezamiento de esta norma transcrita no solo supone la potestad del Juez para proceder dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales sino además expresa la OBLIGACIÓN EN QUE AQUEL SE ENCUENTRA. Pero es más, el primer aparte de esa misma disposición, que contempla lo que la doctrina a denominado el Control Difuso de la Constitucionalidad confirma el anterior acertó. Por otra parte, se advierte que el artículo 206 del aludido Código adjetivo, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales la cual debe proceder cuando así lo permita la Ley o cuando el acto NO HAYA CUMPLIDO UNA FORMALIDAD ESENCIAL PARA SU VALIDEZ. De la norma se desprende, sin embargo, por argumento en contario, que, en principio solo aquellas decisiones no sujetas a apelación pueden revocarse. Lo que queda confirmado por la disposición contenida en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que señala expresamente: “Artículo 310.- Los actos o providencia de mera Sustanciación o mero trámite podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado mientras no se haya pronunciado la Sentencia Definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo”… omissis… En efecto por razones de economía procesal; la responsabilidad, idoneidad y celeridad que debe garantizar el estado cuando imparte Justicia se impone para permitirle al Juez revocar una decisión no solo írrita, desde el punto de vista legal sino también constitucional. Desde este punto de vista, el juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido que conduzca la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y en consecuencia, ha trasgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto. De manera pues que, el Juez se encuentra facultado para reponer o dejar sin efecto cualquier auto que cause indefensión a cualquieras de las partes, de hecho, está obligado a subsanar el error tan pronto se dé cuenta de ello aun de oficio, a fin de depurar el proceso de cualquier vicio que lejos de una sana administración de justicia logre incertidumbre y a la larga retardo en el proceso, de manera que, en obsequio al principio de equidad, debido proceso y derecho a la defensa previsto en los artículos 46 y 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 206 y 310 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Delta Amacuro, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda: ÚNICO: Reponer la causa al estado de practicar la notificación a la Fiscal Cuarta del Ministerio Público. En consecuencia, quedan nulas todas las actuaciones del presente asunto, a partir del folio dieciocho (18) del mismo y sígase el curso legal, en cumplimiento del principio del debido proceso. Así se decide. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISION. Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Delta Amacuro, a los veintiséis (26) día del mes de noviembre de dos mil veintiseis (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación. Cúmplase. La Jueza Temporal Abg. Linett Robles La Secretaria Judicial Abg. Lissette Gerdez Seguidamente esta resolución se publicó en la presente fecha, siendo las 1:46 p.m La Sria