TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA, MONTALBAN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

SOLICITANTE: ILEANA GARCIA CASTRILLO y MARIA GABRIELA GARCIA CASTRILLO, acuando en nombre própio y como Abogada Asistente.

I.P.S.A. Nº 194.725

MOTIVO: JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

EXPEDIENTE: 094/25.

En fecha Dieciocho (18) de Diciembre del 2025 inserto (f.09), se recibió solicitud de JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS, suscrito por la Ciudadana: ILEANA GARCIA CASTRILLO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-5.378.956 y MARIA GABRIELA GARCIA CASTRILLO venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-7.055.815, actuando en nombre propio y como abogada asistente, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 194.725, proveniente del Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma, Montalbán y Miranda de esta Circunscripción Judicial, correspondiéndole conocer de la presente solicitud previa distribución a este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de conformidad con el artículo 8 de la Resolución N° 2014-0009 de fecha 12/03/2014.
En fecha Diecinueve (19)de Diciembre del 2025 inserto (f.10), se ordenó darle entrada a la presente solicitud, instando a la parte accionante a reformular el escrito presentado de una forma clara, ordenada y lacónica, al cual se contrae la presente solicitud de Justificativo de Testigos, Consignar original del Acta de Nacimiento Nº 272, Tomo I, Año 1963 emitida por el Registro Civil de la Parroquia San José del Municipio Valencia, Estado Carabobo, original del Acta de Nacimiento Nº 349, Folio 183, Año 1959, emitida por el Registro Civil del Municipio El Socorro, Estado Carabobo, y los originales de los instrumentos de propiedad como: Documento Protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Montalbán, Estado Carabobo, bajo el Nº 7, Folio Vto. 13 al 16, Protocolo 1, Primer Trimestre, Año 1975 de fecha Veinticinco (25) de Enero de 1975; Documento Protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Montalbán, Estado Carabobo, bajo el Nº 4, Folio 22 al 26, Protocolo 1, Tomo 2, en fecha Seis (06) de Octubre de 2004; y Documento Inscrito ante la Oficina de Registro Público del Municipio Montalbán, Estado Carabobo, bajo el Nº 2025.54, Asiento Registral 1, del Inmueble matriculado con el Nº 309.7.10.1.1500 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2025, Folio 128, Tomo 2, Protocolo de Trascripción del año 2025, de fecha Veintitrés (23) de Septiembre de 2025, o en su defecto consignar los mismos para su vista y devolución, en un lapso de Cinco (05) días de despacho siguiente, so pena de declarar perdida de Interés.
De la revisión efectuada a las actuaciones que conforman la presente solicitud, aprecia el Tribunal que la parte actora desde la fecha Diecinueve (19) de Diciembre de 2025, en la que el Tribunal instó a la parte solicitante a reformular el escrito, Consignar Original de Acta de Nacimiento Nº 272, Acta de nacimiento Nº 349, Documento Protocolizado ante la oficina subalterna de registro del Distrito Montalbán estado Carabobo del año 1975, Documento Protocolizado por el Registro Inmobiliario del Municipio Montalbán estado Carabobo del año 2004, Documento inscrito ante la oficina de registro Público del Municipio Montalbán del Estado Carabobo del año 2025, vencido el lapso establecido, no realizó actuación alguna, relacionada con el impulso procesal correspondiente.
II
MOTIVA
Ahora bien, para emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad o no del presente Recurso, estima necesario esta Juzgadora hacer las siguientes consideraciones:
En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde emana el poder tuitivo de los Jueces para proteger a los justiciables, y obtener con prontitud la decisión correspondiente el cual señala: Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizara una Justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho de acceso a la administración de justicia y, con él, el derecho de acción, también es verdad que este último configura la llave que abre las puertas del proceso, el cual ha de transcurrir debidamente según los artículos 49 y 253 eiusdem. Igualmente nuestra Carta Magna lo establece en el artículo 257: “La acción es un derecho subjetivo público, en el cual intervienen todos los Tribunales de la República orientado a la protección de una prestación jurídica”. Considera necesario quien aquí decide traer a colación el contenido del fallo Nº 223 del 14 de febrero del 2002 de la Sala Constitucional que reza: “INTERES PROCESAL (…) deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (…) tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la presentación.” Así como también la sentencia Nº 389 del 7 de marzo del 2002 de la Sala Constitucional que expresa: “ACCESO A LA JURISDICCION PRINCIPIO PRO ACTIONE: (…) el juez puede constatar el incumplimiento de alguna formalidad y desestimar o inadmitir la pretensión de alguna de las partes, sin que ello se traduzca, en principio, en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que esas formalidades han sido establecidas como protección a la integridad objetiva del procedimiento. Pero no todo incumplimiento de alguna formalidad puede conducir a la desestimación o inadmisión de la pretensión, ya que para ello el juez debe previamente analizar: a) la finalidad legítima que pretende lograr en el proceso con ese fin (...)
Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en la Jurisprudencia Patria, la parte interesada está en la obligación de impulsar la solicitud y/o demanda, a objeto de su debido trámite, acatando con lo solicitado en el auto de entrada de la demanda, lo requerido para el impulso procesal, que les corresponde como partes actoras e interesadas en la tramitación del procedimiento, esa conducta pasiva de la parte actora, es lo que la jurisprudencia ha calificado como un abandono del trámite, en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 982 de fecha 06 de junio de 2.001 (Caso: José Vicente Arenas Cáceres) estableció lo siguiente:“…, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención… (Omissis)… El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia…”
Así las cosas, estima esta Juzgadora que la falta de comparecencia de la parte solicitante, puede ser considerado como un reconocimiento de forma inequívoca de abandono del trámite y en esta misma forma, su actuación son signos de que ha renunciado a la tutela judicial efectiva que exigió al momento de interponer la presente solicitud y al derecho de una pronta decisión en la presente causa. De tal manera, sería inútil y gravoso continuar con un juicio y/o procedimiento, en el que no existe interesado en impulsarlo, como se encuentra demostrado en el presente caso.
Por lo antes trascrito, esta Juzgadora aprecia que la presente solicitud por JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS no procede. En el caso que nos ocupa, se puede apreciar que la parte no compareció ante este Tribunal a realizar lo conducente solicitado en autos, por lo que forzosamente este Tribunal debe declarar la PERDIDA DE INTERÉS PROCESAL en la presente demanda. Y Así se decide.
III
DECISIÓN.
En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA MONTALBÁN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: Declara:
PRIMERO: PERDIDA DE INTERES PROCESAL en la presente solicitud de JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS, interpuesta por las Ciudadanas: ILEANA GARCIA CASTRILLO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-5.378.956, y MARIA GABRIELA GARCIA CASTRILLO venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-7.055.815, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 194.725, por cuanto la parte solicitante no realizo actuación alguna, para coadyuvar con el impulso procesal.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente pronunciamiento.
Publíquese, regístrese y déjese copia digitalizada debidamente certificada por Secretaria.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los Dieciséis (16) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintiséis (2.026). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.-.
La Jueza,
Abg. Mabel del Carmen Ojeda Betancourt.

El Secretario Accidental,
Abg. Arley Andrés Luis Festa.