ésta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA QUE NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en la Apelación interpuesta por el Abg. LINO GONZÁLEZ ROMERO, en su condición de defensor privado penal del imputado ALÍ JOSÉ SUMARI DIQUEZ, suficientemente identificado, contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, de fecha 26 de febrero del año 2007, mediante la cual acordó medida cautelar privativa de libertad en contra de su defendido.

esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la Apelación interpuesta por la Abogada Vilma Valero Delgado en su carácter de Fiscal Quinta del Ministerio Público. SEGUNDO: Se revoca el auto dictado en fecha 10 de enero del año 2007, por el Tribunal de Primera Instancia Penal con funciones de Juicio de esta Circunscripción Judicial, donde se ACORDÓ, imponer MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA DE PRIVACION DE LIBERTAD, al acusado de autos, y en su lugar, ACUERDA reinstalar su PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.

esta Corte de Apelaciones con competencia en lo Civil, Mercantil, Transito, Adolescente, y lo Penal del Circuito Judicial del Estado Delta Amacuro, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, inadmisible la acción de Amparo Constitucional ejercida por los Abogados : LINO GONZÁLEZ ROMERO y DOUGLAS FRANCISCO CABEZA AMARO, en representación de los ciudadanos: INDALIA GONZÁLEZ ESPINOZA, SAMIR MARÍN SARABIA y OSWALDO RAMÓN SIFONTES, en contra de la decisión emitida por el Tribunal en función de Control N° 1, en lo penal, en fecha 14 del mes de diciembre de 2006. Esta decisión se fundamenta en el artículo 6 numerales 2, 3, y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.